La movida estratégica de Carlos Pinedo con las desalinizadoras

Mientras la discusión pública comenzaba a polarizarse alrededor de la ubicación inicial de las plantas, la administración distrital optó por una salida pragmática. La decisión no solo desactivó una controversia innecesaria, sino que fortaleció la coherencia territorial de una iniciativa concebida para cerrar brechas sociales y enfrentar la crisis estructural de abastecimiento que afecta a Santa Marta desde hace décadas.

Por: José D. Pacheco Martínez

Durante años, Santa Marta aprendió a convivir con la incertidumbre diaria de no saber cuándo llegaría el agua. Esa normalización de la precariedad terminó convirtiéndose en una costumbre institucional y los carrotanques dejaron de ser una medida excepcional, paraintegrar el paisaje cotidiano de barrios enteros. Lo más grave no fue únicamente la escasez, sino la resignación colectiva frente a un problema que se prolongó durante décadas sin soluciones estructurales.

En medio de ese contexto apareció la discusión alrededor de las plantas desalinizadoras priorizadas en el Documento CONPES 4159. Lo que inicialmente parecía un debate técnico sobre ubicación comenzó rápidamente a contaminarse con cálculos políticos, lecturas ideológicas y pulsos institucionales. Las observaciones formuladas por el presidente Gustavo Petro introdujeron una pregunta incómoda, aunque necesaria: si esta inversión iba a transformar realmente la seguridad hídrica de la ciudad, ¿por qué no priorizar desde el inicio a las comunidades que históricamente han cargado con el peor servicio?

La respuesta del Distrito llegó con una rapidez inusitada. Durante una entrevista concedida a Víctor Rodríguez Fajardo en las plataformas de OPINIÓN CARIBE, el alcalde Carlos Pinedo Cuello reveló en primicia la ubicación de un nuevo lote en un sector del antiguo barrioAncón. La decisión desactivó un conflicto que amenazaba con crecer innecesariamente y permitirá preservar la estabilidad de una obra que hoy representa la mayor apuesta hídrica en la historia reciente de Santa Marta.

No se trató de una concesión política, mucho menos de un gesto de debilidad institucional, lo que ocurrió fue algo más simple y, al mismo tiempo, más escaso en la vida pública: alguien entendió que el interés colectivo debía imponerse sobre el orgullo político. A Carlos Pinedo podrá discutírsele mucho en el terreno administrativo o electoral, pero sería profundamente injusto desconocer que, frente al momento más sensible del proyecto desalinizador, comprendió que proteger la inversión y evitar un choque estéril con el Gobierno nacional resultaba más importante que alimentar la confrontación.

La gravedad de la crisis explica por qué esa decisión tenía que asumirse con sentido de urgencia. La estructuración técnica reconoce que Santa Marta enfrenta “un alto riesgo de desabastecimiento hídrico” derivado de “la limitada oferta hídrica superficial y subterránea existente”, agravada por el crecimiento urbano y demográfico. Dicho de otra manera: la ciudad ya no tiene margen para seguir aplazando soluciones estructurales mientras la discusión pública se consume en disputas políticas de corto plazo.

Tampoco puede ignorarse que la situación empeorará si las obras vuelven a retrasarse como en gobiernos anteriores donde se perdieron importantes oportunidades de inversión para problemas estructurales. Las estimaciones oficiales advierten que el déficit hídrico podría pasar de 1,82 metros cúbicos por segundo a más de 5 metros cúbicos por segundo hacia 2055. En ese contexto, cada año perdido profundiza la dependencia de soluciones temporales, aumenta los costos públicos y condena a nuevas generaciones a seguir viviendo bajo un esquema de abastecimiento indigno para una ciudad con la importancia territorial y turística de Santa Marta.

La ubicación en Ancón también tiene una dimensión ética imposible de ignorar, porque las grandes decisiones urbanas de la ciudad se diseñaron de espaldas a los sectores más vulnerables. Esta vez ocurre algo distinto: la infraestructura empieza a acercarse precisamente a las comunidades que han soportado durante años el peso de la exclusión hídrica. Eso conecta con uno de los propósitos centrales de la iniciativa: contribuir al cierre de brechas históricas en la prestación del servicio de acueducto.

Desde esta perspectiva, la obra deja de verse únicamente como ingeniería y comienza a asumirse como una obligación moral frente a miles de familias. Claro está, ninguna decisión territorial de esta magnitud está exenta de cuestionamientos legítimos, ignorar esas inquietudes cuando aparezcan, sería un error tan grave como utilizar la ideología y la lucha de clases para bloquear el proyecto.

Justamente ahí aparece el desafío más importante para la administración distrital y el Gobierno nacional: construir legitimidad social alrededor de las desalinizadoras mediante información pública, participación ciudadana efectiva, socialización técnica transparente y garantías ambientales verificables. Santa Marta no necesita escoger entre desarrollo o comunidad. Necesita demostrar que es capaz de ejecutar una obra estratégica sin repetir viejas prácticas de imposición institucional ni alimentar nuevas trincheras ideológicas.

Por eso, el debate ya no debería centrarse en quién ganó políticamente esta discusión. La verdadera pregunta es otra: ¿será capaz la dirigencia del Magdalena de actuar con la misma responsabilidad que exige la magnitud de esta crisis? Porque lo realmente inaceptable sería permitir que una inversión respaldada por la Nación con más de $786.000 millones termine atrapada entre cálculos electorales, sectarismos ideológicos o mezquindades burocráticas.

Después de este movimiento, se verá si el proyecto avanza hasta su inauguración, esa debe ser la misión de activistas, políticos y veedores, porque Santa Marta ya perdió demasiado tiempo convirtiendo el agua en un escenario de disputas mientras la gente seguía esperando soluciones. Esa práctica tiene que terminar, porque la crisis hídrica dejó de ser únicamente un problema técnico; hoy constituye una prueba ética para toda la dirigencia pública.

Quien utilice este proyecto para alimentar polarización o sacar ventajas políticas estará actuando contra la ciudad y, sobre todo, contra quienes llevan años viviendo con sed.

Posdata

Los congresistas del Magdalena no tienen derecho a permanecer cómodamente en silencio mientras se define el futuro hídrico del territorio que representan. Senadores y representantes a la Cámara están obligados moral y políticamente a defender este proyecto en cada comisión, en cada plenaria y ante cada entidad nacional donde sea necesario destrabar recursos, acelerar decisiones o exigir cumplimiento institucional. La seguridad hídrica de Santa Marta no admite neutralidades oportunistas ni cálculos partidistas.

Garantizar el respaldo nacional y la financiación de proyectos encaminados a resolver el desabastecimiento deagua debe convertirse en una causa suprapartidista. Quien no esté dispuesto a defenderla con firmeza tendrá que explicarle al departamento por qué prefirió la comodidad política antes que el derecho básico de la gente a vivir con dignidad.