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Territorio & Poder

Tribunal ordena embargo de predio ligado a nexos con las extintas AUC en Santa Marta

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El inmueble, ubicado en zona rural de Santa Marta, habría sido adquirido mediante desplazamiento forzado e intimidación armada contra comunidades afrodescendientes e indígenas.

 

La Fiscalía General de la Nación puso a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta, avaluado preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, que estaría vinculado al patrimonio de dos empresarios condenados por nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según las investigaciones adelantadas por el Grupo de Persecución de Bienes de la Fiscalía, el inmueble habría sido adquirido en medio de acciones de intimidación armada y desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes e indígenas, presuntamente ejecutadas por estructuras paramilitares que operaban en la región.

De acuerdo con el ente acusador, los empresarios tendrían relación con algunos de los principales cabecillas de las AUC, entre ellos Vicente Castaño Gil, uno de los máximos líderes de esa organización armada ilegal.

La diligencia judicial permitió que el predio pasara oficialmente al Fondo para la Reparación a las Víctimas, con el propósito de contribuir a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.

Tribunal ordenó medidas cautelares sobre el predio

Por solicitud de la Fiscalía y tras evaluar los argumentos presentados por el ente investigador, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble.

Las autoridades señalaron que el origen del bien tendría relación directa con las actividades ilícitas atribuidas a los condenados, razón por la cual fue incorporado al proceso de reparación contemplado en el marco de Justicia y Paz.

Con esta decisión, el predio quedará bajo administración estatal mientras avanza su destinación para las medidas de reparación dirigidas a las víctimas del conflicto armado en Colombia.