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Territorio & Poder

Santa Marta bajo alerta internacional: ONU condena castigos impuestos por grupo armado

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La ONU denunció que en Santa Marta y la Sierra Nevada se estarían imponiendo castigos ilegales contra civiles por parte de un grupo armado no estatal, incluyendo humillaciones públicas, trabajos forzados y agresiones que podrían constituirse como tortura y crímenes de guerra. La PDHAL advirtió que estos hechos no pueden seguir normalizándose en la región.

Por: Alexandra Martínez.

La Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos lanzó una fuerte advertencia sobre la grave situación que se estaría registrando en Santa Marta y Valledupar, donde presuntamente un grupo armado no estatal estaría imponiendo castigos y sanciones ilegales contra civiles, especialmente en zonas con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo internacional condenó prácticas que, según indicó, podrían constituirse como actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población civil.

De acuerdo con la entidad, durante 2025 se han recopilado 19 registros audiovisuales en los que se evidencian agresiones como violencia física, trabajos forzados, inmovilización de personas, exhibición pública con carteles de arrepentimiento y obligar a víctimas a pedir perdón frente a la comunidad.

Según la denuncia, estos castigos habrían sido aplicados por presuntas conductas relacionadas con expendio de sustancias psicoactivas, hurtos, riñas, violencia intrafamiliar y casos de violencia de género.

La ONU advirtió que estas acciones representan una grave vulneración de los derechos humanos y podrían configurar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, además de posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma.

Uno de los puntos que más preocupación genera es la situación de mujeres víctimas de estos hechos. El organismo internacional señaló que algunas fueron obligadas a realizar trabajos forzados, como barrer espacios públicos, y otras habrían sido rapadas en contra de su voluntad, prácticas que afectan su dignidad, identidad y autonomía.

“El castigo impuesto por actores armados ilegales debilita la gobernabilidad local y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, advirtió la Oficina del Alto Comisionado.

Ante este panorama, la ONU hizo un llamado urgente al Estado colombiano para adelantar investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables, además de garantizar protección y reparación integral a las víctimas.

La situación también generó reacción desde la Plataforma de Derechos Humanos del Caribe. Desde PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta expresaron preocupación por la repetición de este tipo de hechos en la región.

“Esta situación que es reiterativa nos genera preocupación porque pensamos que había sido superada. Estos modelos no pueden seguirse replicando ni aceptando. La pregunta ahora es ¿qué pasó con las personas que aparecen en el video?”, manifestó la plataforma a través de sus redes sociales.