En Fundación, Magdalena, los violentos no tienen límites

El asesinato de Enilda Rudas Bacca volvió a encender las alarmas sobre la violencia sistemática contra líderes sociales en el Magdalena, en medio de cuestionamientos por la falta de respuestas efectivas del Estado frente al avance criminal en municipios como Fundación.

Por: Arnol Sarmiento

El asesinato de Enilda Rudas Bacca no puede archivarse como un homicidio más en las estadísticas de violencia del Magdalena. Su muerte representa otro golpe contra el liderazgo social en un departamento donde defender derechos, representar víctimas o ejercer liderazgo comunitario parece haberse convertido en una sentencia de riesgo permanente.

Rudas Bacca, presidenta de una Junta de Acción Comunal, integrante de la Mesa de Víctimas y docente en el municipio de Fundación, fue asesinada pese a que ya había sobrevivido anteriormente a un atentado sicarial. Ese antecedente, lejos de activar medidas eficaces de protección y una respuesta contundente del Estado, terminó convirtiéndose en otra alerta ignorada.

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Ante los hechos, muchas han sido las reacciones, sí, pero ¿cuántos muertos más tiene que poner el departamento del Magdalena para que la seguridad sea un derecho de todos? Aquí no valen las alertas ni los consejos de seguridad; aquí se necesitan acciones.

Lo ocurrido en Fundación no es un hecho aislado. En el Magdalena se ha venido consolidando un patrón de violencia sistemática contra dirigentes sociales, políticos y gremiales, especialmente en territorios donde estructuras armadas ilegales mantienen control, intimidación y sometimiento sobre las comunidades. Allí, quienes cuestionan poderes criminales, lideran procesos comunitarios o representan víctimas terminan convertidos en objetivos.

La lista de líderes asesinados en el departamento evidencia que el problema dejó de ser episódico para convertirse en estructural. Los nombres de Juan Martínez, Diomedes de Jesús Mejía Navarro, Milton Rocha Peña, Alejandro Llinás, Wilfrido Segundo Izquierdo, Maritza Quiroz y José Rafael de la Hoz Villa siguen recordando que las reacciones institucionales casi siempre llegan después de los crímenes.

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Mientras tanto, las respuestas oficiales continúan limitándose a consejos de seguridad, anuncios de investigaciones y reuniones extraordinarias que poco cambian la realidad territorial. La percepción en muchas comunidades es que el Estado aparece para pronunciar discursos, pero no para garantizar protección efectiva.

En el caso específico de Fundación, la situación parece haber superado todos los límites. En los últimos años, el municipio ha sido escenario de asesinatos, masacres, desmembramientos y múltiples hechos violentos que involucran a niños, mujeres, docentes, líderes sociales e incluso miembros de la fuerza pública. La violencia dejó de ser excepcional para convertirse en parte de la cotidianidad.

Ante este panorama, en Fundación ya no se sabe ni qué decir o cuestionar. En este municipio parece no existir límite frente al avance de la violencia y el control criminal. Aquí ya no bastan las alertas; aquí se necesitan acciones reales, presencia efectiva del Estado y resultados contundentes.

Alguien tiene que poner la cara y asumir responsabilidades institucionales. Porque en Fundación la seguridad no puede seguir tratándose como un problema momentáneo mientras continúan cayendo líderes sociales, docentes, jóvenes y ciudadanos bajo el miedo y el silencio.

La dimensión de la crisis exige una fuerza pública con mayor capacidad de impacto y una comandancia policial y militar de más alto nivel que responda a la gravedad de lo que hoy vive el territorio.

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