Petro, un rebelde sin causa

La institucionalidad colombiana frente a la agitación electoral

Por Víctor Rodríguez Fajardo. periodista, columnista, el man del sombrero.

La primera vuelta presidencial ha sumido a Colombia en un escenario de máxima tensión política y profunda polarización. Tras conocerse los resultados del preconteo —que otorgan la ventaja al candidato de oposición Abelardo de la Espriella sobre la carta del oficialismo, Iván Cepeda—, el presidente Gustavo Petro rompió la neutralidad de su cargo para lanzar desde sus redes sociales una grave y detallada denuncia de presunto fraude masivo. El mandatario señaló alteraciones de última hora en el software de la Registraduría (DIVIPOL), argumentando inconsistencias en el censo electoral, incrementos irregulares de mesas y votaciones atípicas en 5.300 de ellas. Sin embargo, el ímpetu de su retórica virtual ha comenzado a chocar de frente con el blindaje técnico e institucional del país.

La institucionalidad frente a las pantallas

Frente a la virulencia de estas acusaciones, analistas y sectores civiles han recordado una premisa fundamental del sistema colombiano: el preconteo es meramente informativo y carece de validez legal. La verdad jurídica se define exclusivamente en los escrutinios, un proceso público e independiente custodiado por comisiones de jueces de la República y notarios. Es allí, y no en la plaza pública ni en las redes sociales, donde se revisan minuciosamente las actas de mesa —formularios E-14— y se tramitan de forma vinculante las reclamaciones de todas las agrupaciones políticas. Que el propio Petro lo reconozca así en sus declaraciones no lo exime de la contradicción de haber usado el preconteo como detonante de una narrativa de fraude antes de que el escrutinio formal tuviera la oportunidad de hablar.

El riesgo de la retórica en redes sociales

El nudo crítico de la situación radica en el canal y la narrativa utilizada por el jefe de Estado. Al trasladar denuncias técnicas de alta complejidad a las redes sociales en lugar de tramitarlas directamente ante las autoridades competentes, se genera un efecto incendiario que va mucho más allá de la búsqueda legítima de transparencia. Esta participación abierta erosiona la confianza ciudadana, predispone a la población a desconocer los resultados y pretende trasladar la validación de la democracia a la agitación y movilización de las masas en las calles.

Pero Petro no se detuvo ahí. Al anunciar que, si era necesario, se pondría al frente de la campaña de Iván Cepeda, el mandatario cruzó una línea que ya no admite zona gris: abandonó el rol de árbitro supremo del orden constitucional para convertirse en actor de campaña. La MOE fue contundente en ese punto y recordó, en sus canales oficiales, que el presidente y todo servidor público tienen deberes reforzados de imparcialidad durante el período electoral. La Procuraduría General de la Nación, desde el marco de sus competencias disciplinarias, entró a trazar una línea institucional igualmente contundente: enfatizó la urgencia de un uso responsable de los canales públicos y recordó la estricta vigilancia que pesa sobre la participación indebida en política de los servidores del Estado.

Un cerco de control institucional, civil e internacional

Frente a la postura del Ejecutivo, la respuesta institucional no se hizo esperar en varios frentes simultáneos. La Registraduría avanzó con el escrutinio formal y publicó boletines oficiales que consolidaron la ventaja de De la Espriella y confirmaron la segunda vuelta, cerrando el espacio para que el preconteo siguiera siendo el campo de batalla de la narrativa presidencial. El resultado ya no descansa en una transmisión de datos de la noche electoral sino en el proceso técnico y jurídico que la ley establece como definitivo.

A este freno institucional se sumó el balance de la Misión de Observación Electoral. En su informe, la MOE calificó la jornada como mayoritariamente normal e hizo un llamado categórico a no hablar de fraude sin pruebas, advirtiendo sobre el peligro de las campañas de desinformación digital diseñadas para sembrar dudas infundadas sobre el sistema. Si bien dejó constancia de incidentes aislados de orden público y sospechas de compra de votos en regiones específicas, aisló explícitamente la tesis de un fraude estructural como hipótesis sin sustento verificable en ese momento.

El cierre del cerco llegó desde el plano geopolítico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió, tras el cierre de urnas, un pronunciamiento de respaldo a la institucionalidad electoral colombiana. No se trata de una certificación jurídica —esa competencia es exclusiva de la autoridad electoral del país—, sino de una señal política y diplomática de confianza en el proceso que, sumada al rigor técnico del escrutinio y a la postura de la MOE, deja las denuncias virtuales sin piso frente a los datos oficiales y las actas validadas.

El mandatario como rebelde sin causa

El comportamiento del presidente en esta coyuntura evoca con precisión la figura del rebelde sin causa institucional: un líder que, habiendo alcanzado la cúspide del poder del Estado a través de sus reglas, decide desconocerlas y actuar como oposición de su propio sistema cuando los resultados no favorecen a su causa. Al intentar movilizar al país desde el activismo digital y al anunciar que encabezará la campaña de su candidato, Petro despoja a la Presidencia de su rol de árbitro supremo y garante del orden, adoptando en su lugar la retórica de la insubordinación.

La gravedad de esta estrategia no radica en la búsqueda de la verdad electoral —la cual ya está siendo saldada en las mesas por la vía legal—, sino en el uso deliberado de la sospecha como herramienta de presión social para desestabilizar el terreno de juego de cara al balotaje. Cuestionar el sistema es un derecho legítimo; hacerlo desde la Presidencia, sin pruebas sólidas y con la declarada intención de meterse de lleno en la campaña, convierte la insubordinación en estrategia y la desconfianza en combustible político.

En una nación marcada por la polarización con miras a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, el desafío inmediato de la sociedad ya no es auditar el software ni seguir prendiendo el ventilador desde las pantallas. Con el escrutinio oficial avanzando por los canales que manda la ley, la advertencia de la Procuraduría sobre los límites de la participación en política, el llamado de la MOE a no hablar de fraude sin evidencia y el respaldo diplomático internacional al proceso, la estabilidad de la nación depende de una sola cosa: que todas las fuerzas políticas, empezando por quien ejerce la Presidencia, tengan la madurez de someterse al veredicto que dictan las instituciones de la República.

¿Rebelde sin causa? Quizás la causa siempre estuvo clara: ver a su heredero de presidente, aunque para lograrlo haya que incendiar a Colombia.