El costo territorial de la agenda de Petro en el Magdalena

Sin alternativas ni compensaciones claras, el Magdalena enfrenta una transición decidida desde Bogotá que puede terminar trasladando sus costos al empleo rural, la inversión turística, la logística portuaria y el potencial energético del departamento.

Por: Unidad Investigativa / Víctor Rodríguez Fajardo & Arnol Sarmiento

La transición ecológica y energética no puede reducirse a un choque simple entre ambientalismo y desarrollo. En el Magdalena, la discusión es mucho más concreta: agua, banano, palma de aceite, carbón e hidrocarburos concentran hoy una misma preocupación territorial. Son sectores distintos, con impactos distintos, pero todos cruzados por decisiones, anuncios o señales del Gobierno Nacional que han elevado la incertidumbre sobre el futuro económico del departamento.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene razones legítimas para hablar de crisis climática, protección del agua, soberanía alimentaria y reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Ese no debería ser el centro de la controversia. La pregunta de fondo es otra: ¿qué alternativa real se les ofrece a los territorios que hoy dependen de las actividades que el propio Gobierno considera problemáticas?

En el Magdalena, esa pregunta no es teórica. Es laboral, fiscal, productiva y social. Tiene que ver con empleos rurales, licencias de construcción, inversiones hoteleras, transporte férreo, actividad portuaria, proveedores locales, regalías posibles y recaudos municipales. La transición puede ser necesaria, pero no puede ejecutarse como si los territorios tuvieran sustitutos económicos inmediatos.

Agua y turismo: una solución estructural atrapada en la ubicación

Santa Marta lleva años reclamando una solución de fondo a su crisis de agua. Por eso, la aprobación del CONPES 4159 fue recibida como una oportunidad histórica: el Ministerio de Vivienda anunció dos plantas desalinizadoras para la ciudad, una en Pozos Colorados, al sur, con capacidad de 51.840 metros cúbicos diarios —600 litros por segundo—, y otra en Taganga, con capacidad de 2.000 metros cúbicos diarios. La inversión nacional anunciada supera los $786.000 millones. (Minvivienda)

El problema apareció cuando el propio presidente Petro cuestionó la ubicación del proyecto en Pozos Colorados. Durante un acto en Ciénaga, el mandatario aseguró que había frenado la propuesta porque, según él, el beneficio inicial sería para grandes cadenas hoteleras ubicadas entre el aeropuerto y Pozos Colorados, y no para las comunidades que más necesitan agua potable. El presidente también dijo que se gestionaba un nuevo lote hacia el norte de la ciudad.

El punto no es negar que el agua debe priorizar a la gente. Claro que debe hacerlo. El problema es convertir una obra estructural en una disputa entre comunidades y turismo, como si Santa Marta pudiera resolver su crisis hídrica sacrificando la certeza de inversión en una de sus zonas de mayor expansión urbana, hotelera y residencial.

La pregunta no debería ser si el agua es para los habitantes o para el turismo. La pregunta correcta es cómo garantizar agua suficiente para la ciudad, para sus barrios, para sus corregimientos, para sus visitantes y para los sectores productivos que generan empleo. Una ciudad turística sin agua no es socialmente justa ni económicamente viable.

Cualquier cambio de ubicación, rediseño o demora en una obra de esta magnitud tiene efectos prácticos: retrasa decisiones de inversión, introduce dudas sobre licencias, frena proyectos inmobiliarios y reduce confianza en una ciudad cuyo desarrollo depende de infraestructura básica. Santa Marta no puede seguir atrapada entre anuncios históricos y replanteamientos políticos.

Banano: agua, empleo y una discusión que no puede resolverse por consigna

El segundo frente es el banano. En Ciénaga, el presidente Petro propuso un pacto para frenar la expansión bananera y garantizar más agua potable al Caribe. La Presidencia presentó la idea como parte de una discusión sobre la prioridad del recurso hídrico y el uso de la tierra en zonas productivas del Magdalena. (Presidencia)

La respuesta del gremio fue inmediata. La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, Asbama, rechazó que se señale al sector como responsable de la crisis de agua y calificó como “técnicamente equivocado” plantear la reducción de la producción como solución. El gremio también sostuvo que el problema de fondo exige respuestas estructurales del Estado y no medidas que pongan en riesgo empleo formal, inversión y estabilidad social. (Asbama)

Las cifras explican la preocupación. Según Asbama, el banano genera el 9,4 % del empleo formal del departamento, sostiene directamente a más de 18.000 familias, vincula a más de 500 pequeños productores y aporta cerca de $800.000 millones anuales en salarios. (Asbama)

Eso significa que el banano no es solo un cultivo de exportación. En municipios como Zona Bananera, Ciénaga y Aracataca, es una estructura social completa: trabajadores, empacadores, transportadores, técnicos, pequeños productores, comercio local y familias que dependen de esa cadena para vivir.

Si el país debe ordenar mejor el uso del agua, que lo haga. Si el modelo bananero debe modernizar riegos, reducir presiones ambientales y demostrar eficiencia hídrica, que se le exija. Pero plantear una disminución de la actividad sin una alternativa productiva clara puede terminar trasladando el costo de la política ambiental a quienes menos margen tienen para absorberlo.

La discusión del agua debe darse con evidencia, no con estigmas. En el Magdalena, señalar al banano como obstáculo del acceso al agua puede producir réditos discursivos, pero no resuelve la ausencia histórica de infraestructura, acueductos, almacenamiento, control de pérdidas y planificación territorial.

Palma de aceite: el costo rural de revisar los biocombustibles

La palma de aceite —conocida popularmente como palma africana— también queda atravesada por la agenda agraria y energética del petrismo. Aquí conviene ser precisos: no existe, hasta ahora, una orden directa del Gobierno Nacional que disponga desmontar o reducir este cultivo en el Magdalena. Sin embargo, sí hay señales programáticas y regulatorias que generan incertidumbre sobre el futuro de la cadena, especialmente por su relación con los biocombustibles.

Desde la matriz programática del Pacto Histórico, la palma aceitera aparece dentro de una discusión más amplia sobre monocultivos destinados a biocombustibles, soberanía alimentaria y reforma agraria. Un análisis publicado por la Fundación Rosa Luxemburg sobre las apuestas del Pacto Histórico señala que esa coalición proponía cambios en la producción de monocultivos como caña de azúcar y palma aceitera para biocombustibles, y conecta esa agenda con la promoción de cultivos de alimentos por parte de comunidades afro, indígenas y campesinas. El mismo documento ubica los monocultivos a gran escala dentro de la discusión sobre superar el extractivismo.

Durante el Gobierno, esa discusión pasó del terreno programático al regulatorio. Petro pidió públicamente retirar lo que llamó subsidios al etanol y al biodiésel. Forbes Colombia registró la instrucción presidencial al ministro de Minas: “Le pido, ministro, que le quitemos el subsidio al etanol y al biodiésel”. (Forbes Colombia)

El Ministerio de Minas y Energía, además, anunció la actualización de la fórmula de precios de los biocombustibles, con el propósito de llevar la referencia técnica hacia precios internacionales y reducir el ingreso al productor del etanol y del biodiésel. El propio Ministerio reconoce que, hasta ahora, el precio del biodiésel ha tomado como referencia el aceite crudo de palma. (Ministerio de Minas y Energía)

La señal más sensible está en el proyecto técnico sobre el ingreso al productor del biodiésel. Allí se estima que la nueva metodología habría generado, en promedio, una reducción del 23,88 % en el ingreso al productor del biodiésel si se hubiera aplicado durante 2025.

Para el Magdalena, ese debate no es abstracto. Fedepalma reporta que en 2024 el departamento tenía 38.088 hectáreas sembradas en palma de aceite, 17.713 empleos asociados y 503 palmeros registrados. También registra presencia en municipios como Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación, Pivijay, Plato, Zona Bananera y otros. (Fedepalma)

Es decir, cuando el Gobierno revisa los biocombustibles, no solo está corrigiendo una fórmula de precios. También está enviando una señal a una cadena rural que involucra productores, trabajadores, plantas extractoras, transporte, proveedores, crédito agropecuario y economías municipales.

La ambivalencia oficial aumenta la incertidumbre. Mientras la matriz programática del Pacto Histórico cuestiona los monocultivos para biocombustibles y Petro ha pedido revisar los beneficios del etanol y el biodiésel, el DNP sostuvo en 2023 que el Plan Nacional de Desarrollo impulsaría al sector palmicultor y que la palma podía ser aliada de la transición energética mediante biomasa, biogás y otros aprovechamientos. (Departamento Nacional de Planeación)

Esa contradicción deja al sector en una zona gris: no hay una prohibición, pero tampoco una señal estable de confianza. Y en el campo, la incertidumbre también produce efectos. Puede frenar nuevas inversiones, encarecer decisiones de crédito, aplazar expansión tecnológica y aumentar la cautela de quienes operan en una cadena de largo plazo.

Por eso, el debate sobre la palma en el Magdalena no puede resolverse con una consigna ideológica. Si el Gobierno considera necesario transformar el uso del suelo, revisar el papel de los biocombustibles o priorizar cultivos alimentarios, debe hacerlo con gradualidad, evidencia técnica y alternativas económicas reales. De lo contrario, una decisión tomada desde Bogotá puede sentirse en Fundación, El Retén, Pivijay, Aracataca o Zona Bananera como menos inversión y más incertidumbre laboral.

Carbón: política exterior, logística y empleo local

El cuarto frente es el carbón. Aunque la extracción se concentra principalmente en el Cesar, el Magdalena cumple un papel logístico fundamental en la cadena exportadora. Puerto Drummond está ubicado en Ciénaga, tiene capacidad de carga de 60 millones de toneladas anuales y puede almacenar hasta 1,5 millones de toneladas de carbón. (Drummond Ltd.)

A eso se suma el corredor férreo Santa Marta–Chiriguaná, concesionado a Fenoco, que tiene 246 kilómetros y conecta municipios del Cesar y el Magdalena, entre ellos Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Santa Marta. Según el Ministerio de Transporte, por ese corredor se movilizaron 35,5 millones de toneladas de carbón en 2020. (Mintransporte)

Por eso, las decisiones nacionales sobre carbón no son ajenas al Magdalena. La prohibición de exportar carbón a Israel, endurecida mediante el Decreto 0949 de 2025, fue presentada por el Ministerio de Comercio como una medida estricta y sin excepciones, en el marco de la política exterior del Gobierno frente a la guerra en Gaza. (MINCIT)

El Gobierno puede tener motivaciones internacionales y humanitarias para adoptar una decisión de esa naturaleza. Pero el problema territorial aparece cuando medidas de política exterior alteran operaciones de largo plazo sin una discusión clara sobre sus efectos logísticos, laborales, contractuales y fiscales en los municipios que dependen de esa cadena.

Drummond, por su parte, sostuvo que sus exportaciones de carbón a Israel se venían realizando con autorización del Gobierno Nacional y que presentó la documentación requerida ante un comité integrado por el Ministerio de Comercio, la Agencia Nacional de Minería y la DIAN, conforme al Decreto 1047 de 2024. (Drummond Ltd.)

Ese choque deja ver el fondo del problema: cuando las reglas cambian en medio de operaciones estructuradas, los territorios quedan atrapados entre la política exterior, la transición energética, los contratos empresariales y la realidad laboral de sus municipios.

En Ciénaga y su área de influencia, cualquier afectación sostenida sobre la logística carbonífera puede sentirse no solo en las empresas, sino también en proveedores, trabajadores, comercio local y recaudo municipal. No se trata de defender indefinidamente el carbón como modelo de futuro. Se trata de reconocer que el tránsito hacia otro modelo exige planes de reemplazo, no solo restricciones.

Hidrocarburos: un potencial que se enfría antes de madurar

El quinto frente son los hidrocarburos. El Magdalena no debe venderse como una potencia petrolera consolidada, pero tampoco puede ignorar su potencial. Registros de la ANH reseñados por Opinión Caribe muestran que el departamento cuenta con más de 87.000 hectáreas en exploración, cerca de 13.700 hectáreas en producción, alrededor de 2.400 hectáreas en evaluación y más de 128.000 hectáreas en condición de reserva. El mismo reporte identifica presencia de contratos y campos asociados a municipios como Pivijay, Zona Bananera y Sitionuevo. (Opinion Caribe)

La posición del presidente Petro frente al sector es conocida. En octubre de 2024, durante la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la OEA, reiteró que no quiere firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. El Espectador registró la frase presidencial y su argumento climático contra nuevos contratos. (ELESPECTADOR.COM)

Ese mensaje tiene consecuencias para departamentos que apenas están construyendo expectativas alrededor de su potencial energético. Si no hay nuevos contratos, nuevas rondas ni señales de expansión, territorios como el Magdalena pierden la posibilidad de atraer servicios especializados, inversión exploratoria, empleo técnico, infraestructura auxiliar y eventuales ingresos futuros.

El debate nacional tampoco puede separarse de la seguridad energética. La ANH informó que Colombia cerró 2024 con una relación reservas/producción de 7,2 años en petróleo y 5,9 años en gas. (Agencia Nacional de Hidrocarburos)

En ese contexto, cerrar la puerta a nuevas oportunidades sin una alternativa clara no es una decisión neutra para las regiones. Puede ser coherente con una visión climática, pero también reduce el margen de participación de departamentos que esperaban integrarse a la cadena energética del Caribe.

La transición energética no debería consistir en apagar sectores antes de construir sus reemplazos. Si el país decide disminuir progresivamente su dependencia del petróleo, el gas y el carbón, debe explicar cómo compensará los empleos, las inversiones, los servicios y los ingresos que hoy dependen de esas actividades.

Un dilema de fondo para el Magdalena

El problema no es que el Gobierno hable de transición ecológica. El problema es que esa transición, aplicada sin gradualidad ni compensaciones territoriales, puede convertirse en una carga desproporcionada para departamentos con economías poco diversificadas.

En el Magdalena, los frentes se acumulan al mismo tiempo. La infraestructura de agua queda enredada por la ubicación de una planta desalinizadora. El banano recibe una señal de reducción en nombre del agua. La palma de aceite queda bajo presión por la revisión de los biocombustibles. El carbón enfrenta restricciones de política exterior y transición energética. Los hidrocarburos ven cerrarse el horizonte de nuevos contratos antes de consolidar su potencial.

Ninguno de esos sectores es perfecto. Todos deben responder por impactos ambientales, eficiencia, legalidad, sostenibilidad y relación con las comunidades. Pero tampoco pueden ser tratados como obstáculos que se desmontan sin medir consecuencias. Detrás de cada actividad hay trabajadores, familias, municipios, proveedores, impuestos, créditos, inversiones y expectativas de desarrollo.

El Magdalena necesita agua, sí. Necesita proteger sus cuencas, ordenar su territorio y modernizar sus actividades productivas. Pero también necesita empleo, inversión, infraestructura, reglas estables y una estrategia de transición que no sacrifique a los territorios más vulnerables en nombre de una causa nacional.

El Gobierno Nacional le debe al Magdalena una explicación más completa: qué inversiones llegarán, qué empleos reemplazarán a los que se pongan en riesgo, qué municipios serán compensados, qué sectores tendrán acompañamiento técnico y en qué plazos se hará la transición.

La región necesita desarrollo con sostenibilidad, no estancamiento con discurso ambiental. Necesita agua para sus comunidades y certeza para quienes invierten. Necesita cuidar la naturaleza sin castigar el trabajo rural, portuario, turístico y energético que todavía sostiene a miles de familias.

Esa es la discusión que el Gobierno debe dar de frente: no si la transición es necesaria, sino quién paga su costo y con qué alternativas reales.