Consejo de Estado frena recorte salarial a los congresistas

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno Petro que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas, por lo que los legisladores seguirán recibiendo cerca de $32 millones mensuales netos mientras se resuelve la legalidad de la medida.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas, por lo que los miembros del Congreso continuarán recibiendo cerca de 32 millones de pesos mensuales netos, mientras se resuelve de fondo la legalidad de la medida.

La decisión judicial evita que, a partir del próximo 20 de julio de 2026, entre en vigencia la reducción salarial planteada por el Gobierno Nacional. De haberse aplicado el decreto, los congresistas habrían pasado de recibir aproximadamente 32 millones de pesos libres, después de descuentos por salud, pensión e impuestos, a cerca de 22 millones mensuales.

El decreto presidencial, firmado en enero de este año, eliminaba la prima especial de servicios de 18 millones de pesos, un componente salarial que representa cerca de una tercera parte de la remuneración total de los legisladores.

Esta prima fue creada mediante un decreto expedido en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, como respuesta a dos fallos del Consejo de Estado que habían dejado sin efectos otras primas reconocidas a los congresistas desde 1992.

La decisión del presidente Petro generó una fuerte controversia y dio lugar a una contraofensiva jurídica. Ante el Consejo de Estado fueron presentadas seis demandas que solicitan la nulidad del decreto presidencial, las cuales motivaron la suspensión provisional de la norma mientras avanza el estudio del caso.

No habrá reducción salarial el 20 de julio

Con la suspensión del decreto, los congresistas que actualmente ocupan sus curules y quienes se posesionarán en la nueva legislatura seguirán percibiendo la prima especial en igualdad de condiciones.

La Sala de Conjueces del Consejo de Estado precisó que la medida se mantendrá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto expedido por el Ejecutivo.

Riesgos para otras entidades del Estado

Durante el análisis del caso, el alto tribunal advirtió que la eliminación de la prima no solo impactaría el salario de los congresistas, sino que podría afectar el régimen salarial y prestacional de otros funcionarios públicos.

Según el Consejo de Estado, la medida podría tener consecuencias sobre servidores de la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuyos parámetros salariales están regulados por la Ley 4 de 1992.

Los demandantes argumentaron, además, que el decreto podría vulnerar principios constitucionales como el de “a igual trabajo, igual salario” y sostuvieron que el Gobierno Nacional no tiene competencia para modificar unilateralmente componentes salariales que afectan la estructura remunerativa de altos funcionarios del Estado.

Por ahora, el esquema salarial vigente continuará aplicándose sin modificaciones. Será el Consejo de Estado el encargado de determinar, mediante un fallo de fondo, si el decreto que buscaba eliminar la prima especial de servicios se ajusta o no al ordenamiento jurídico colombiano.