EL “MACHO PROGRE”.

Artículo de opinión sobre la instrumentalización de la mujer, el control de la conciencia y la jerarquía de poder en la función pública.

Autora: Amelia Rocío Cotes Cortés, Abogada, magíster en derechos humanos; especialista en administración pública; especialista en educación, cultura y política.

Hay un machismo particularmente perverso: el que se apropia del lenguaje de la emancipación para administrar, en la sombra, la voz de las mujeres. A menudo rudo y evidente, se vuelve socialmente letal cuando convive con discursos sobre paridad, feminismo y justicia social. Quienes lo ejercen levantan esas banderas en la plaza pública; sin embargo, instalados en los espacios de decisión, reproducen las mismas dinámicas patriarcales que dicen combatir.

La paradoja es brutal: se pregona la liberación femenina mientras se negocia en privado a quiénes se les permite hablar y hasta dónde pueden ejercer el mando sin perturbar a los varones que retienen el control real. La paridad se tuerce así hasta convertirse en una herramienta de utilería. Se requiere un rostro femenino para la fotografía del gabinete plural, pero bajo una condición tácita: la subordinación. Es la versión más depurada del machismo político: la mujer puede ocupar la silla, siempre y cuando no pretenda gobernarla.

Conviene aclarar que no se trata de promover la insubordinación o el desacato procesal en la función pública. Tanto hombres como mujeres estamos sometidos al imperio de la ley, a la disciplina institucional y al respeto por las cadenas de mando. No se promueve la anarquía en la gestión del Estado. El problema radica en que, bajo este sesgo, no se exige una subordinación de carácter meramente funcional, sino la entrega del fuero íntimo: la renuncia a la libertad de conciencia, de culto, de expresión y al desarrollo de la propia personalidad. Se tolera el cargo, pero se pretende anular la individualidad, reduciendo el derecho constitucional a la igualdad a su mínima expresión.

Mientras la funcionaria o militante acate el guion impuesto, será vista como una lideresa comprometida. El problema comienza cuando adquiere voz propia. Si cuestiona, es conflictiva. Si objeta, desleal. Si advierte un riesgo, paranoica. Y cuando la domesticación fracasa, se activa la exclusión.

Es fácil observar como las conductas de ellos y de nosotras se diagnóstica de manera opuesta; por ejemplo, la firmeza en la toma de decisiones en ellos es carácter y liderazgo y en nosotras arrogancia e intransigencia; la defensa de una postura, en ellos es autoridad y en nosotras es subjetividad o conflicto y el ejercicio del mando en ellos es convicción estratégica mientras en nosotras es una ambición desmedida.

Sumado a esta genérica forma de diagnosticar, la hegemonía masculina, amparada en un discurso progresista, no busca la colaboración, sino mantener a las mujeres genuflexas en el ejercicio de su vocación de poder.

El riesgo de este doble rasero es que transforma la vocación de poder en una solicitud de permiso. Se pasa de la acción política al ruego implícito: permítanme estar, permítanme hablar, permítanme decidir.

Quizás la manifestación más dolorosa de este fenómeno sea el silencio corporativo. Cuando una mujer denuncia violencia dentro del propio espacio político, la respuesta rara vez es la justicia; suele ser el cálculo de daños: ¿cuánto le afectará esto al proyecto? Se apela a consideraciones «superiores» para blindar la gestión, proteger el movimiento y no beneficiar a la oposición. En nombre de la causa, se sacrifica a la persona.

A diferencia del patriarca tradicional que ejerce la dominación desde el conservadurismo manifiesto, el militante de izquierda, el “macho progre”, adopta la jerga deconstruida. Aprende el léxico feminista, cita a autoras y asiste a las marchas. Sin embargo, conserva el monopolio de la legitimidad.

Callar las violencias internas para preservar la identidad partidista no es disciplina ideológica: es complicidad.

Las mujeres no han disputado espacios para convertirse en la representación decorativa de decisiones masculinas. Ocupar un cargo carece de sentido si se vacía de libertad y capacidad ejecutiva. La validez del compromiso feminista de un proyecto político se demuestra en la reacción de sus cúpulas cuando una mujer exige el respeto a su fuero interior y se niega a doblegar su conciencia.

Es en ese punto exacto donde se verifica si la igualdad era una convicción o apenas una estrategia discursiva dentro de una escenografía política. Ninguna causa puede llamarse emancipadora si requiere anular la dignidad humana y tener a las mujeres de rodillas para que el macho sostenga sus banderas.