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Poder & Gobierno

Proyecto de desalinizadora de Santa Marta, en la mira de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría

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El proyecto, que comprometería recursos cercanos a los $786.000 millones, fue incluido entre los casos identificados durante el empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. La Procuraduría ya había intervenido el proceso y ordenado su suspensión.

 

Por: Arnol Sarmiento

El proyecto de la Planta Desalinizadora de Santa Marta fue incluido entre los casos que presentan presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme entre el gobierno del expresidente Gustavo Petro y la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

La información fue revelada por Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien presentó un listado de los asuntos considerados de mayor relevancia por su impacto social, cuantía y naturaleza, y que fueron puestos en conocimiento de los organismos de control.

Según Calderón España, los casos identificados durante el empalme fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que esas entidades determinen si existen eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

Un proyecto de $786.000 millones

Entre los casos relacionados aparece el proceso adelantado por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta para la contratación del diseño, construcción y funcionamiento de una planta desalinizadora, iniciativa planteada como una alternativa para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua potable que afecta a la capital del Magdalena.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, el proyecto comprometía recursos cercanos a los $786.000 millones provenientes del Ministerio de Vivienda y su proceso de contratación se inició pocas semanas antes de la terminación del anterior Gobierno nacional.

“El primer caso tiene relación con la empresa de servicios públicos de Santa Marta y el proceso de contratación para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta desalinizadora, el cual comprometía recursos cercanos a los 786 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda, iniciándose pocas semanas antes de que finalizara el anterior gobierno”, señaló Calderón España.

Procuraduría suspendió el proceso

Uno de los elementos destacados por el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es que el proceso ya había sido objeto de intervención por parte de la Procuraduría General de la Nación, luego de una solicitud presentada por el denominado equipo élite anticorrupción que participó en el empalme.

“Este caso fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación ante solicitud de intervención de ese órgano de control que elevamos desde el equipo élite anticorrupción del empalme”, afirmó el funcionario.

La inclusión del proyecto en el listado de casos remitidos a los organismos de control no significa que existan responsabilidades determinadas contra funcionarios, contratistas o particulares. Corresponderá a las autoridades competentes establecer, mediante las investigaciones respectivas, si las actuaciones relacionadas con el proceso contractual constituyeron faltas disciplinarias, daños fiscales o conductas con relevancia penal.

El caso adquiere especial importancia para Santa Marta debido a que la planta desalinizadora ha sido presentada como una de las alternativas para ampliar la disponibilidad de agua potable para la ciudad. Por ello, cualquier investigación sobre el proceso deberá determinar no solo la eventual existencia de irregularidades, sino también el manejo de los recursos públicos y las condiciones bajo las cuales fue estructurada la contratación.