Defensoría y Superservicios ponen la lupa sobre servicios públicos en Santa Marta

El acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y Superservicios tendrá una vigencia de dos años e incluye capacitación ciudadana, control social y seguimiento a las fallas en la prestación de los servicios domiciliarios.

Santa Marta fue escogida como escenario para la firma de un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el que ambas entidades buscan fortalecer la defensa de los usuarios frente a problemas recurrentes en la prestación de servicios públicos.

La iniciativa parte de una realidad para la región Caribe, donde las inconformidades por energía, agua y otros servicios domiciliarios han generado reclamaciones, protestas y cuestionamientos a las empresas prestadoras.

El convenio tendrá una vigencia de dos años y contempla procesos de capacitación para que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos, los mecanismos de reclamación y las herramientas disponibles para ejercer control social sobre la prestación de los servicios.

El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, señaló que uno de los objetivos es crear espacios que fortalezcan la participación de los usuarios y permitan identificar con mayor precisión las dificultades que enfrentan las comunidades.

“Con este convenio vamos a diseñar procesos de capacitación a los usuarios, propiciando espacios que permitan el fortalecimiento de la descentralización, la participación ciudadana y la generación de mejoras sustanciales en la calidad de vida de los colombianos”, afirmó.

Durante su intervención en Santa Marta, Mendoza también cuestionó la prestación del servicio de energía por parte de Electricaribe, empresa que concentraba buena parte de las inconformidades de usuarios en la región.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, señaló que las protestas ciudadanas relacionadas con servicios públicos responden en muchos casos al agotamiento de comunidades que enfrentan fallas frecuentes y consideran insuficientes las respuestas institucionales.

“La información compartida en el marco del convenio permitirá, a su vez, el análisis de la problemática local y fomentar el liderazgo y la participación ciudadana en torno a la prestación de los servicios públicos”, manifestó.

Para Santa Marta, el acuerdo abre la posibilidad de fortalecer el acompañamiento institucional a los usuarios y generar mayores mecanismos de vigilancia sobre la calidad de los servicios que reciben.

Aunque fue suscrito en la capital del Magdalena y tiene un énfasis importante en las dificultades del Caribe, las entidades plantearon que las acciones desarrolladas podrían servir posteriormente como referencia para otros territorios del país.