Erosión costera: el desastre silencioso que la política pública no toma en serio

Mientras la línea de costa muestra una mayor proporción de tendencia erosiva (63%), el Estado acumula planes, estudios, modelos y recomendaciones. El problema no es la falta de conocimiento científico, sino la dificultad para convertirlo en decisiones con responsables, recursos, plazos e indicadores. El país acaba de adoptar una hoja de ruta hasta 2040, lapregunta es si esta vez habrá capacidad administrativa para ejecutar lo que durante años ha sido documentado.

Por: José D. Pacheco Martínez

Colombia lleva años estudiando cómo retrocede su litoral, identificando lugares críticos y diseñando respuestas para contener un fenómeno que afecta viviendas, infraestructura, ecosistemas y actividades económicas. Sin embargo, la segunda medición del Índice de Erosión Costera introduce una incomodidad que no se resuelve con otro documento: entre 2020 y 2024, el 63% de los 3.991 kilómetros analizados presentó tendencia erosiva. La evidencia crece; la respuesta institucional sigue siendo difícil de medir y evaluar.

Este dato adquiere mayor dimensión al compararlo con 2016-2020: entonces, 47% de la línea analizada presentaba tendencia erosiva, mientras 10% permanecía estable. En la nueva medición, la erosión llegó al 63% y la estabilidad cayó al 1%. No significa que el país haya perdido físicamente esa proporción de territorio, pero sí revela un cambio sustancial en las tendencias observadas.

El Pacífico ofrece una advertencia severa. Allí, 69% de los 1.892 kilómetros analizados presentó tendencia erosiva y el Índice de Movimiento de la Línea de Costa alcanzó -7,60 metros por año. En el Caribe, 59% de los 2.035 kilómetros mostró esa tendencia, con un índice de -4,37. No son realidades homogéneas, pero ambas exigen decisiones territoriales sostenidas, con prioridades, financiación y seguimiento público.

Lo paradójico es que muchas preguntas institucionales ya fueron contestadas. El Plan Maestro de Erosión Costera, elaborado mediante cooperación entre Colombia y Países Bajos, identificó 86 puntos de erosión conocidos y seleccionó 36 como críticos, incluidos 20 aprobados por su comité técnico. También reconoció dificultades de coordinación, financiación, ordenamiento y definición de competencias. El problema institucional estaba identificado desde entonces.

Ese diagnóstico debería provocar una revisión administrativa, no por la existencia del fenómeno natural, sino porque el propio Estado describió sus fallas con precisión. El PMEC encontró casi 40 instituciones involucradas, pero ninguna responsable integralmente; registró superposición y vacíos funcionales, debilidades de gestión, fragmentación financiera y deficiencias en el ordenamiento territorial. El problema no estaba oculto: estaba escrito en un documento oficial.

El documento también exhibe el límite de los soportes técnicos. Para los 20 sitios priorizados propuso medidas, costos de referencia y alternativas como regeneración de playas, recuperación de manglares, obras, adaptación y reubicación. Pero aclaró que eran propuestas conceptuales y faltaban estudios de batimetría, topografía, condiciones ambientales, sociales y ordenamiento local antes de diseñar, contratar y ejecutar las intervenciones definitivas.

Nadie sensato debería cuestionar la necesidad de esos estudios. Una obra costera mal diseñada puede trasladar el problema, alterar sedimentos o producir daños mayores. El cuestionamiento es otro: ¿cuándo el estudio deja de ser fundamento de una decisión y empieza a convertirse en condición permanente para no decidir? Un Estado técnicamente sofisticado puede terminar conociendo cada vez mejor el riesgo mientras actúa demasiado tarde.

La documentación oficial de seguimiento muestra que la dificultad tampoco fue exclusivamente científica. Para el hallazgo sobre financiación, MinAmbiente reportó que entre 2018 y 2023 se ejecutaron 1.400 millones de pesos, pero muchos recursos no estaban alineados con el PMEC y entidades clave desconocían el instrumento. El seguimiento atribuyó esa situación a deficiencias de coordinación y una estructura financiera insuficiente.

Aquí aparece la diferencia entre política pública y producción documental. Un plan puede diagnosticar, priorizar, recomendar y advertir; pero una política demuestra eficacia cuando asigna responsabilidades, recursos, plazos e indicadores de resultado. De lo contrario, la administración puede acreditar actividad sin acreditar transformación. La pregunta frente a cada punto crítico no debería ser cuántas reuniones produjo, sino qué cambió, cuánto costó y quién respondió.

En julio de 2026, MinAmbiente adoptó mediante la Resolución 0947 el PMEC 2025-2040. Es una decisión relevante, pero también abre una obligación mayor: demostrar que el nuevo instrumento no será únicamente una actualización documental.

Después de la experiencia anterior y de la nueva evidencia científica, el país necesita saber públicamente qué se hará, dónde, con qué recursos, bajo qué responsable y en qué fecha. El problema no consiste en escoger entre ciencia y acción, sino en impedir que una dependa indefinidamente de la otra.

La costa cambia mientras se elaboran modelos, conceptos, matrices y estudios. La administración debe exigir evidencia antes de intervenir, pero también tiene el deber de actuar cuando el riesgo está suficientemente acreditado. La prudencia técnica no puede confundirse con aplazamiento administrativo donde existen comunidades e infraestructura expuestas.

El nuevo indicador de INVEMAR debería convertirse en una prueba de realidad para el Estado. Si 63 % de la costa analizada presenta tendencia erosiva, la discusión ya no puede limitarse a celebrar la calidad del dato. Debe trasladarse a los resultados: qué puntos fueron intervenidos, cuáles mejoraron, cuáles requieren adaptación o reubicación y cuánto dinero público se destinó a prevenir pérdidas.

Así las cosas, es claro que el mar no necesita otro lenguaje administrativo para demostrar que existe; necesita que las instituciones conviertan conocimiento en decisiones verificables. Colombia conoce sus zonas críticas, reconoce sus problemas de gobernanza y dispone ahora de una medición que muestra un deterioro de la tendencia nacional: la verdadera prueba del PMEC no será su extensión, sino su capacidad de modificar la realidad en los territorios más expuestos.