CUANDO EL SERVIDOR CAE, LA JUSTICIA SE DETIENE

El apagón de Microsoft 365 desnudó la fragilidad digital de la Rama Judicial

Opinión | Desde cerca del mediodía del 12 de noviembre, la caída de Microsoft 365 dejó sin correo institucional ni audiencias virtuales a buena parte de la Rama Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura respondió con una medida inédita: suspender los términos judiciales en todo el país entre el 13 y el 17 de noviembre. La decisión fue prudente. Que haya sido necesaria es la verdadera noticia.

Desde la virtualidad judicial —acelerada por la pandemia y consolidada con la Ley 2213 de 2022—, la Rama Judicial apostó por la digitalización como sinónimo de eficiencia y acceso. Los hechos recientes demuestran que digitalizar no equivale a blindar el servicio público. Cuando el correo institucional y la plataforma de videoconferencia de un único proveedor dejaron de funcionar, la radicación de memoriales, las notificaciones y las audiencias quedaron expuestas a un punto único de falla. Las puertas virtuales de los despachos se cerraron de golpe.

En el derecho procesal, el tiempo es garantía y, a la vez, condena. Un término vencido puede significar la pérdida definitiva de un derecho, la caducidad de una acción o la imposibilidad de ejercer la defensa. Mientras llegaban los acuerdos de suspensión —como el CSJBTA26-155 en Bogotá—, numerosos litigantes enfrentaron la angustia de no poder radicar recursos ni consultar los expedientes digitales.

La Judicatura acudió, con acierto, a la fuerza mayor: el artículo 11 del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016 faculta a los consejos seccionales para ordenar cierres transitorios por fuerza mayor o necesidades del servicio, y fue el sustento de la decisión de Bogotá. Pero esa solución reactiva no resuelve la incertidumbre. El artículo 109 del Código General del Proceso considera oportuno el memorial enviado como mensaje de datos si se recibe antes del cierre del despacho el día en que vence el término. ¿Qué ocurre con las actuaciones enviadas minutos antes del colapso, atrapadas en servidores retrasados? ¿Cómo se prueba la falla técnica individual cuando el sistema se restablece de manera intermitente y desigual? La carga de probar el error tecnológico no puede recaer sobre el ciudadano, a quien la Constitución presume de buena fe en todas sus gestiones ante las autoridades.

Cada día de suspensión provoca un efecto dominó en un sistema que ya lucha contra la mora judicial. Se mantuvieron a salvo las tutelas con medida provisional, los hábeas corpus, las diligencias de control de garantías y las actuaciones con personas privadas de la libertad; el resto del aparato jurisdiccional entró en pausa. Reprogramar audiencias y reanudar plazos congestionará aún más las agendas de los despachos en las próximas semanas.

La hoja de ruta: cinco medidas para blindar la justicia

Para que otro apagón no paralice un poder público esencial, el Consejo Superior de la Judicatura, las altas cortes y el Congreso deben avanzar hacia un modelo de resiliencia institucional:

1. Arquitectura multinube y redundancia soberana. Hay que abandonar la dependencia de un único proveedor. La Rama Judicial necesita una infraestructura híbrida, respaldada por centros de datos de contingencia bajo control estatal, que redirija el tráfico a servidores alternos cuando caiga el correo o el almacenamiento principal. Tiene costos y exige estándares estrictos de seguridad y protección de datos, pero el costo de no tenerla acaba de quedar a la vista.

2. Radicación independiente del correo electrónico. El correo carece de trazabilidad inmediata cuando los servidores se saturan o caen. El Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ), adoptado mediante el Acuerdo PCSJA23-12094, contempla una Ventanilla Judicial Electrónica con disponibilidad permanente. Urge extender y consolidar su implementación, y garantizar que opere sobre servidores autónomos y emita acuses de recibo con estampa cronológica certificada.

3. Suspensión automática de términos por indisponibilidad técnica certificada. Hoy la suspensión depende de acuerdos expedidos sobre la marcha por cada consejo seccional. Mediante una reforma al Código General del Proceso o un acuerdo marco vinculante de la Judicatura, los términos deberían suspenderse de pleno derecho cuando los sistemas oficiales de radicación o consulta fallen por más de dos horas continuas, con certificación de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para evitar usos estratégicos.

4. Presunción de buena fe y de oportunidad. Por ley o reglamento, ante una caída reportada oficialmente debería operar una presunción legal, desvirtuable con prueba en contrario, a favor del usuario respecto de las actuaciones intentadas durante la falla. Los despachos no deberían exigir trazas de servidores ni peritajes informáticos para validar memoriales enviados en ese lapso.

5. Protocolos obligatorios de atención presencial y canales de emergencia. Cada despacho debe tener un protocolo previo de contingencia física y digital secundaria —buzones de emergencia en servidores independientes y ventanillas físicas sin cita— que se active ante una alerta roja tecnológica y proteja no solo tutelas y hábeas corpus, sino también recursos perentorios y medidas cautelares.

Hacia una verdadera soberanía digital

La transformación digital de la justicia colombiana no consiste únicamente en cambiar el papel por el correo electrónico, o las salas de audiencia por enlaces de videollamada. Consiste en construir un ecosistema institucional robusto, autónomo y jurídicamente seguro. Porque en un Estado Social de Derecho, la tecnología debe estar al servicio de la continuidad de la justicia y nunca convertirse en la razón por la cual esta se detiene.

Luis Arce Carvajal