Fiscalía a responder

Por Cecilia López Montaño

El atraco que los políticos regionales y sus famosos operadores le han hecho a los estudiantes pobres de este país, está llegando a límites incalculables. No se trata solo de la comida que reciben estos estudiantes, por cierto, miserable, sino que la forma como se las entregan es inaceptable. Por esta razón, el país sigue esperando que los culpables, políticos, operadores y funcionarios locales cómplices, sean identificados, juzgados y condenados. Muchos colombianos no pueden creer que siga la sombra de la impunidad por este delito.

Es hora de empezar a desenredar la madeja. Varias veces Colombia ha escuchado a Cristina Plazas afirmando que ha entregado a la Fiscalía General de la Nación, los nombres de los políticos, senadores y representantes y demás cómplices, involucrados en esta estafa mayúscula, y que lo único que ha obtenido es silencio absoluto por parte de esta Institución. Es el momento de aclarar de una vez por todas esta situación. Que la Fiscalía se ha politizado no es nada nuevo en esta sociedad llena de personajes que se olvidan de lo que significa ser servidor público. Pero, si como afirma sin tapujos la directora de Bienestar Familiar, todo el proceso de encontrar culpables para cancelar contratos y meter a la cárcel a estos políticos corruptos está detenido en la Fiscalía, es hora que nosotros los ciudadanos ejerzamos nuestros derecho a pedir que esta situación se resuelva como toca: no quedándose en lamentaciones y páginas enteras de prensa y minutos de televisión dedicados a mostrar el célebre patacón con migajas de pollo entregado en las manos de los niños o el huevo duro con el pedazo de mango. Es inhumano que los recursos asignados por el Gobierno para que la nueva generación de colombianos pobres se desarrolle como exige la Constitución, se los roben unos bandidos, se haga público su atraco y no pase nada.

El Fiscal encargado tiene la obligación de responder a las denuncias que ha hecho la Directora de Bienestar Familiar. Si le embolataron los nombres, rescátelos, porque es su deber, además de realizar una investigación que desenmascare a esos políticos y operadores que merecen el mayor castigo que permita la Ley. Y de paso, el país, el presidente Santos y el Congreso no se pueden equivocar con la elección del nuevo Fiscal. Los niños que hoy están desnutridos por culpa de esta vergonzosa y deficiente alimentación en las escuelas, será una generación que perderá la oportunidad de tener el desarrollo al que tienen derecho. Si no se corrige prontamente esta situación, serán otras cohortes de menores los que se beneficiarían de un cambio positivo en este programa. No hay derecho señor Fiscal, respóndale al país.