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Internacional

El Salvador encarcela a los mediadores del proceso de paz

Opinión Caribe

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En 1991 un joven militante de izquierdas, Raúl Mijango y un militar, David Munguía Payés, participan en el equipo que negocian el fin de la guerra en El Salvador. Aquellos jóvenes, emocionados por la paz, se caen bien, se hacen amigos y logran un acuerdo que pone fin al conflicto.

Dos décadas después, en 2011, El Salvador vuelve a estar inmerso en otra guerra. Las pandillas 18 y Salvatrucha se han declarado odio eterno y diariamente se recogen de las calles más de 15 cadáveres, lo que convierte al pequeño país centroamericano en el más violento del mundo.

Desbordado por la violencia, el presidente Mauricio Funes (2009-2014) permite a los dos amigos que encabecen un proceso de negociación entre las pandillas para frenar la sangría. Por aquel entonces el militar había llegado a general y ministro y el otro era un conocido defensor de los derechos humanos.

Los equipos negociadores van una y mil veces a las cárceles para entrevistarse con los líderes de las maras, gestionan traslados, coordinan la entrega de 480 armas y acuden varias veces a la casa presidencial para explicar los avances. Finalmente, de marzo de 2012 a mayo de 2013, han consumado algo impensable; un alto el fuego a cambio de beneficios carcelarios que redujo de 15 a 5 los muertos diarios. Hay días incluso que se llega a cero. En promedio se reduce un 75% las muertes en el país más violento del mundo. La ONU y la OEA apoyan la negociación.

Sin embargo, hablar con las pandillas, incluidas en la lista de organizaciones terroristas de EE UU, es profundamente impopular en El Salvador después de años de matanzas y el tiempo político se cruza en el camino de la tregua. Primero con el relevo del ministro de Interior y después con la llegada del nuevo gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que cambia radicalmente el discurso.

El FML gana las elecciones de 2014 con un mensaje de mano dura y satanización de la tregua respaldado por sondeos que evidencian el hartazgo de la población a dialogar con asesinos tatuados convertidos es actores políticos.

Acto seguido, Cerén moviliza las tanquetas y al ejército para combatir a las pandillas y se convierte en delito negociar con ellas. La sangrienta consecuencia es que los cadáveres se multiplican y en 2015 se alcanza un pico de 30 muertos diarios. En otra ocasión, 54.

Paralelamente el fiscal general Douglas Meléndez, a quien el proceso de paz le parece una fórmula «no correcta que permitió a las pandillas reamarse y causar más daño”, la emprende contra todo lo que huele a tregua. Su argumento es que «la negociación no es un delito pero que durante la misma se cometieron actos ilícitos» como introducir teléfonos móviles en las cárceles o permitir fiestas con prostitutas explica durante una entrevista con EL PAÍS en su despacho.

Desde el primero de mayo ordenó la detención de la mayoría de negociadores, policías y miembros de la sociedad civil que participaron en el proceso de paz; en total 21 ordenes de captura, incluido el jefe de prisiones, que termina con 18 detenidos y otros tres funcionarios en busca y captura.

La imputación de la Fiscalía a la que tuvo acceso EL PAÍS, pero desconocida por los salvadoreños debido al secreto de sumario que castiga a quien lo publique, responsabiliza a los dos amigos de ser las cabezas de un proceso de negociación fallido que tuvo como consecuencia el fortalecimiento de las pandillas.

De los dos amigos el primero en caer fue el activista Mijango, encarcelado desde primero de mayo en condiciones de aislamiento y exhibido ante la opinión pública como un pandillero más vestido de blanco. Paralelamente su amigo Munguía Payés es acusado de enviar al matadero a sus hombres al permitir «el rearme y fortalecimiento de las pandillas y que la población civil, soldados y policías se vuelvan objetivo» dice el documento de 138 páginas.

El militar podría ser detenido en cualquier momento salvo por un inciso, goza de fuero por su condición de ministro. Sin embargo, la pistola contra él ya está cargada a falta de una última prueba que lo vincule. EL PAÍS obtuvo también el borrador con membrete oficial que se guarda en los cajones de la Fiscalía listo para ser enviado a la Asamblea con el objetivo de que los diputados voten el desafuero, o antejuicio, contra el militar. El Fiscal General confirmó a este diario la existencia del documento, pero dijo que fue elaborado por su antecesor.

Los tres primeros meses de este año hubo un promedio de 20 muertos diarios. El embajador Adam Blackwell, secretario de seguridad de la OEA hasta 2015 y activo mediador durante la tregua expresó su «tristeza” y califica de «juicio político» el proceso abierto contra los negociadores. “La actual ley antipandillas y el hacinamiento del 300% en las cárceles es lo que ha vuelto a empoderar a las pandillas». La cárcel es la universidad del crimen.

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