Contra los altos sueldos

Por Marcela Escandón Vega

El pasado 20 de julio el senador Álvaro Uribe anunció un proyecto de reforma constitucional para congelar durante cuatro años los salarios de los congresistas y reducir el tamaño del Congreso.

Aunque parece un asunto muy simple, se trata en realidad de un problema delicado y polémico porque involucra temas complejos de diseño institucional, planeación presupuestal, equilibrio de poderes, incentivos a la transparencia, competitividad del sector público para atraer personas con la calidad y experiencia necesarias, y pedagogía para explicar las ventajas y desventajas de los salarios altos para los tomadores de decisiones públicas.

En efecto, hay argumentos en contra y a favor de una propuesta como la de Uribe. Los segundos son los más populares:

•  En primer lugar, los ciudadanos se oponen masivamente a los salarios elevados para unas personas cuyo trabajo no se sabe muy bien en qué consiste: pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas.
•  En segundo lugar, produce aún más molestia que muchos de esos funcionarios se hayan visto involucrados en escándalos de corrupción o tengan nexos con grupos armados ilegales, a tal punto, que muchos se encuentren en la cárcel o disfrutando cínicamente de la impunidad.
•  En tercer lugar, los ciudadanos se oponen a los salarios altos porque la labor de los congresistas pocas veces se traduce en resultados tangibles a corto o a mediano plazo. Las reformas legales suelen tardar años en producir efectos o simplemente no tienen consecuencias llamativas para los periodistas o que los ciudadanos puedan identificar con facilidad. Algunas gestiones de recursos para las regiones se perciben como dádivas -en ciertos casos lo son- y trascienden las funciones legales u oficiales de un legislador (gracias a la analogía desafortunada de un ministro, desde hace unos años esto se conoce como ‘mermelada’).

En síntesis, en el Congreso colombiano se da la combinación nefasta de salarios altos, individuos desprestigiados, institución subestimada, funciones desconocidas y resultados poco visibles.

A FAVOR DE LOS SALARIOS ELEVADOS

•  En primer lugar, como sostuve en un escrito anterior (“¿Qué exigirle a nuestros congresistas… y qué no?”), los buenos salarios atraen funcionarios capacitados, egresados de instituciones de alta calidad y con experiencia. Verdad que los buenos sueldos pueden atraer también a personas ineptas o con intenciones no muy transparentes, pero al menos aseguran que el sector público pueda competir con el sector privado y aprovechar los mejores talentos que ha formado el país.
•  Un segundo elemento a considerar es el respeto a los derechos adquiridos, y en especial a los derechos de carácter social (incluido el salario) que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones (por ejemplo, en la Sentencia C-853/13). Aunque se trate de una medida sumamente popular, recortar los salarios de los congresistas exigiría una reforma constitucional (por eso el proyecto del senador Uribe) que a su vez implica discusiones complejas de equidad y en todo caso sentaría un precedente peligroso que podría afectar posteriormente a otros funcionarios y trabajadores del país.
•  En tercer lugar, por la importancia del Congreso y por razones de equilibrio de poderes, la rama legislativa debe tener el mismo nivel del Presidente de la República en términos institucionales, políticos, e incluso salariales y simbólicos. Más allá de los individuos, quienes pueden ser populares o impopulares, el Congreso es la institución básica para la deliberación democrática y la representación de los diversos intereses ciudadanos, así como para el control político al poder Ejecutivo. Sin el Congreso, el presidente sería aún más poderoso. Las minorías y la diversidad de preferencias se verían silenciadas ante un solo individuo, elegido por las mayorías, con la capacidad no solo de ejecutar presupuesto y decidir sobre política, sino de cambiar las reglas de juego a su antojo.

¿CÓMO SE REAJUSTAN LOS SALARIOS DE LOS CONGRESISTAS?

Aquí debo aclarar que los congresistas no determinan su sueldo, ni los aumentos del mismo.

El Gobierno Nacional es quien señala los reajustes en desarrollo del Artículo 187 de la Constitución: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

La Ley 42 de 1993 había establecido que era el gobierno quien determinaba o decidía el reajuste sobre la base de la certificación del Contralor, pero esta norma fue modificada por la Ley 644 de 2001 según la cual el reajuste es automático o sea que corresponde exactamente al certificado del Contralor y no depende para nada del gobierno (en la tramitación de esta ley participaron congresistas del Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, entre ellos Mario Uribe como autor y Germán Vargas Lleras como
ponente).

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS CIUDADANOS?

Ahora bien, en medio de un debate tan espinoso, es muy difícil que los congresistas aborden la discusión en los tiempos necesarios para aprobar – o negar – el proyecto de Uribe. En especial, si se tiene en cuenta que en tan solo un año se presentaron dos proyectos de reforma constitucional (el 03 de 2015 y el 06 de 2015) con el mismo objetivo, y que ambos fueron archivados por falta de debate.

Este fenómeno puede repetirse, bien sea porque los congresistas evitan temas polémicos y han preferido no legislar sobre asuntos como el matrimonio igualitario, o porque el Congreso está ocupado en temas coyunturales como el posconflicto, o porque los congresistas no tienen ningún incentivo para cambiar el método de definición de sus salarios y la negociación con el Ejecutivo que este sistema.

Ojalá en algún momento sea posible adelantar el debate de fondo sobre la arquitectura institucional del Estado, pero entretanto los ciudadanos del común sí podemos actuar de varias maneras:

•  Informándonos más acerca de lo que hacen nuestros congresistas, y los políticos en general. A través de páginas como las de la Secretaría del Senado, la Cámara de Representantes, y Congreso Visible, donde se pueden consultar los proyectos en discusión, las leyes aprobadas, la historia de los debates, e incluso la agenda semanal de las discusiones en el Legislativo.
•  Criticando, pero de manera informada y con argumentos. Las redes sociales permiten difundir opiniones, abrir debates e incluso hablarle ‘directamente’ a los políticos. Sin embargo, estas críticas deben ser reflexivas, innovadoras y constructivas. ¿Qué es más efectivo y válido? ¿Insultar a un congresista o demostrarle que los ciudadanos vigilan su desempeño? Lo primero es facilismo malintencionado y torpe; lo segundo, es control social inteligente.
•  Aplicando y promoviendo el voto inteligente. ¿Por qué siempre nos quejamos de la política si siempre elegimos a los mismos para ejercerla? El voto puede ser usado como un premio a la buena gestión o como un castigo a la corrupción, a la ineficacia o a la indiferencia. En la política hay personas honorables que comparten nuestras preocupaciones y creencias ideológicas. Solo debemos identificarlos, revisar su gestión en el tema que nos importe, y votar por él o ella para garantizar que nuestros intereses estén representados.
•  Combatiendo la indolencia, la abstención y la apatía. Salir de nuestra cotidianidad, preocupaciones laborales o familiares para leer sobre el Congreso, revisar la prensa, visitar las instalaciones de una corporación pública o comparar propuestas, proyectos de ley o debates es costoso en términos de tiempo, esfuerzo, conocimientos e incluso, recursos económicos. Sin embargo, es necesario, es nuestro deber como ciudadanos hacerlo de vez en cuando.

No se necesita revisar todos los debates o saber de todos los temas. Pero si cada uno les hiciera seguimiento a los asuntos de su interés, revisara las actuaciones de los congresistas que ayudó a elegir y votara en consecuencia con esa información, se produciría un círculo virtuoso de menor abstención electoral, más interés en la política, mejores personas en ella, más control social y transparencia, mejores leyes y políticas públicas, mejores debates nacionales y, en general, mejores prácticas para la construcción de una mejor sociedad.