El NO y sus argumentos, la oposición defiende su postura

El acuerdo que le pone fin al conflicto armado en Colombia, al cual le darán su aprobación o no los colombianos el próximo 2 de octubre por medio del plebiscito, tiene electores a favor y en contra. Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, en su posición de líder de este segundo grupo, explica el porqué de su posición, de acuerdo con varias temáticas.

Por Íngrid Alvarado

Para el senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, los puntos le parecen injustos. Asegura que en ellos no hay justicia, porque sin sanción adecuada no hay justicia, la justicia implica examinar los hechos, la norma jurídica, mirar qué sanción se impone, que la sanción sea adecuada, cuando no hay sanción adecuada no hay justicia.

Hay un tema de elegibilidad a favor de personas que han cometido delitos atroces. El tema sobre armas la pueden recuperar muy fácilmente, porque van a conservar el dinero, creo que el acuerdo de víctimas es muy bello, pero le falta el aporte del dinero de las Farc para repararlos y la garantía del derecho a la no repetición que, aunque la dicen allí, en la medida en que no haya justicia, que no haya arrepentimiento, que no haya perdón, se estimula la repetición de la violencia por el mal ejemplo que ahí se da.

Me parece que es muy grave la agenda económica para el país. La sustitución de nuestras instituciones por parte del tribunal, en un país que, a diferencia de la antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, que estaban sin instituciones, aquí sí las hay, entonces no nos pueden justificar en lo que ocurrió allá, este tribunal que sustituya la Constitución. Aquí cabría una reforma a la justicia y demás.

RENEGOCIACIÓN DE LOS ACUERDOS

Creo que a estos acuerdos hay que hacerles ajustes, ganando el No o el Sí, porque el gobierno de 2018, los que vengan en adelante, si quieren un Estado viable y si quieren evitar que esta economía la pongan a crecer al mínimo, lo cual va a empobrecer más al país, le tienen que hacer ajustes a los acuerdos.

RIESGOS DE EMPRESARIOS

El Presidente de la República dijo que los empresarios no se debían preocupar, que solamente debían acudir al tribunal, si los llamaban, aquellos responsables de ser determinadores de delitos y que bastaría una declaración. Cuando uno lee el artículo 32, en uno de los incisos se refiere a los determinadores de delitos, pero bien en la parte inicial dice que tienen que acudir al tribunal todos los que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto, y el artículo 48 señala, que, para acudir al tribunal, ser llamados, puede haber informes de las cortes, comisión de acusaciones, Fiscalía y también de las ONG y a los informes de ellas, les dan el mismo alcance, entonces, me imagino ONG de aquellas que conozco, como el colectivo de abogados, con un sesgo ideológico diciendo, fulano patrocinó paramilitares, entre otros. Y las personas tienen que ir allá, y prácticamente se invierte la carga a la prueba, porque ante esas afirmaciones y ante esas denuncias van a tener que demostrar que no lo hicieron, y eso llega al artículo 60, donde la única posibilidad de escapatoria de riesgo de ir o no ir a la cárcel es confesar en la primera etapa de proceso un delito aún no cometido para evitar ir a la cárcel, lo que deja un pésimo antecedente en la memoria histórica y un pésimo precedente judicial.

¿POR QUÉ VEN IMPUNIDAD?

Primero, en el artículo 25 se decía por parte del Gobierno que no habría amnistía, ahora, en el acuerdo hay un proyecto de Ley de Amnistía, entonces, si yo fuera la Fiscal de la Corte diría que ese proyecto es correcto porque ahí excluyen delitos atroces de la amnistía y del indulto, sin embargo, yo tengo estas objeciones: primero, en los delitos atroces no incluyen narcotráfico, extorsión; no incluyen el asesinato, que lo llaman la muerte de agentes del Estado; ni incluyen el secuestro, que lo llaman aprehensión y le dicen que en circunstancias de enfrentamiento. Tengo allí una discrepancia valorativa, me parece que, en un país democrático, donde las fuerzas armadas no han estado al servicio de la dictadura, sino de la democracia, es sumamente grave considerar amnistiable el asesinato y secuestro de soldados y policías.

EL NARCOTRÁFICO

El derecho tiene fuentes formales y reales, el narcotráfico en Colombia, si se va a mirar como fuente real de las normas jurídicas, debería considerarse vinculado no a delitos políticos sino a delitos atroces y aquí se le considera que es un delito político, no va a tener cárcel, los máximos responsables tendrán extradición y se le da elegibilidad.

CASTRO – CHAVISMO

Cuando miro el acuerdo, empiezo a ver el gasto público, los riesgos de expropiación, la sola circunstancia de poner en igualdad de condiciones a la gente honesta del campo con los bandidos, el hecho elemental de que el Gobierno se atrevió a negociar la agenda agropecuaria con quien ha sido el verdugo. Asocio esto con Chávez y Castro, quienes empezaron por el sector agropecuario, y terminaron acabando, después de poner a esos pueblos a aguantar hambre y acabar la producción de comida, con todos los sectores.

Con ese exceso de gasto público, con ese Estado que crean con las Farc, con esa policía política que tendrá la facultad las Farc de intervenir en esos cuerpos, de vigilar para que sancionen a los enemigos de la paz, que nos han señalado los del No, de vigilar a las empresas privadas de seguridad, por eso digo, que están creando un para -Estado, reconociéndole un estatus parapolítico de paramilitar a las Farc. Entonces, gasto público excesivo, nueva reforma tributaria, empresa privada asfixiada, clases medias y sectores populares asfixiados por la falta de expansión de la empresa privada, puede afectar la crisis humanitaria en Colombia. Y en medio del desespero, ir eligiendo gobiernos de las Farc.