“Votar a favor del No, es lograr un acuerdo incluyente

Carlos Holmes Trujillo, quien es un diplomático para Colombia, constituyente de 1991 y excomisionado de Paz del Gobierno Samper, señaló la importancia del 2 de octubre para que los colombianos decidan directamente si aprueban los acuerdos o si los rechazan y les dan un tiempo para su modificación.

Por Laura Vélez Vargas

Holmes Trujillo apoya fervientemente el No e invita a los colombianos a que rechacen este acuerdo, también, que “votar por el No, implicaría una decisión de los ciudadanos, que nos permitiría superar esa división artificial creada por el presidente Juan Manuel Santos, entre ‘amigos de la paz’ y ‘enemigos de la paz’. Votar en favor del No, sería querer lograr un acuerdo incluyente, es decir, que inmiscuya a todos los colombianos que quieren la paz pero que rechazan que los culpables de masacres y secuestros no paguen ni un solo día de cárcel y, además, que esos mismos culpables puedan ser elegidos de inmediato para el Congreso.

Votar en favor del No, permitiría la reorientación de unos mejores acuerdos para Colombia, es decir, un acuerdo que gracias a la unidad que genere, a la inclusión que produzca y al mejoramiento de las condiciones actuales de los tratados, pensar en un futuro colombiano donde predomine verdaderamente una paz real, duradera y estable”.

El diplomático le reiteró, además, a este medio, que de ganar el No, el Presidente no podrá implementar ese acuerdo de La Habana, pero quedará con las facultades para renegociar lo pactado con las Farc, “entre otras cosas, porque esa posibilidad ya fue aceptada por el Gobierno y el grupo guerrillero cuando señalaron que, en materia de mecanismo de participación, aceptarían lo que la Corte Constitucional dijera y con las características que ese Tribunal señalara”.

PUNTOS PARA RENEGOCIAR

El funcionario le mencionó a OPINIÓN CARIBE que, entre otros puntos, es evidente que se renegocie el tema de la no privación de la libertad para los culpables de secuestros, masacres y otros graves delitos, cuando estos son reconocidos.

Asimismo, advirtió, que deben renegociarse las facilidades de elección inmediata de los integrantes del grupo guerrillero, pues se debe evitar la elegibilidad política de criminales responsables de lesa humanidad.

También, renegociar los delitos conexos y los delitos políticos, demostrando que ha habido comportamientos como la rebelión, la sedición o asonada y como mencionó el senador Uribe, “qué le dirán a quienes no tienen el derecho de elegibilidad como los miles de presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de las Farc, como los políticos que han perdido la investidura o los paramilitares que tampoco pueden ser elegidos”.

Agregó, que no es inminente una constituyente, aunque aduce que tanto el Gobierno como las Farc convirtieron la mesa de La Habana en una constituyente de hecho, porque todo lo que ahí se acordó, de ser aprobado, será parte de la Constitución Nacional.

PAPEL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Holmes Trujillo expresó en días pasados, que la consecuencia de la prohibición del otorgamiento de amnistía o indulto a los responsables de los crímenes que consagran el Estatuto de Roma, es que la Corte Penal Internacional intervenga si las penas no son consideradas efectivas.

Cabe mencionar, que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en su mensaje más reciente, dijo, que los principales culpables de los delitos más graves deben rendir cuentas de manera autentica, recibir penas efectivas y comparecer en forma genuina.

“Por lo anterior, no sobra reiterar, que la actuación de la Corte dependerá de las características de las situaciones concretas que analice, pues su función es la de imponer sanciones que sean proporcionales a la gravedad de los crímenes y al nivel de responsabilidad de las personas condenadas”, señaló el excomisionado de Paz.

Asimismo, que, si considera que la rendición de cuentas de los principales culpables de delitos más graves no es auténtica, o las penas no son efectivas, o la comparecencia ante la justicia no es genuina, actuará conforme se lo manda el Estatuto de Roma, es decir, investigará, juzgará y condenará, si es del caso, directamente.

Y con el fin de hacerlo tendrá en cuenta que esos delitos han sido castigados siempre en Colombia con privación de la libertad durante períodos prolongados, y que la sanción que la propia Corte impone en tales casos es la reclusión hasta de 30 años.

“No hay que olvidar, además, que los Estados partes del Estatuto de Roma crearon la Corte Penal Internacional como una institución judicial y no como una institución para el establecimiento de la paz, lo que también mencionó el vicefiscal James Stewart”, puntualizó Carlos Holmes Trujillo.