Apología a la migración campesina

Más allá del nombre, el problema es de fondo

La entrega de viviendas subsidiadas en la ciudad para familias desplazadas ha fortalecido la migración del campo; mientras algunos se preocupan si la urbanización que ha dado el Gobierno Nacional se llama Santa Helena o Ciudad Equidad, los moradores del sector sufren por problemas de servicios públicos, seguridad y convivencia. Las familias desplazadas se han asentado en el casco urbano dejando de lado la producción agrícola, reinventándose para subsistir. OPINIÓN CARIBE consultó a la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, además de analizar la problemática desde otro punto de vista antropológico.

 El ministerio de Vivienda entregó esta semana otras 209 viviendas del complejo de 4.050 que conforman la urbanización que ha dado la Nación en Santa Marta como parte del programa ‘Viviendas 100% subsidiadas’. Para cumplir con la totalidad, quedan por otorgar 191. La ministra Elsa Noguera manifestó, que se construirán al menos 3 mil viviendas más en los municipios más pequeños del Magdalena, y que, del total de viviendas dado por el Gobierno, 65 o 70 por ciento, es para los desplazados.

Esta cartera ha diseñado una política pública de vivienda que brinda opciones de acceder a ellas de manera gratuita, con un subsidio de la cuota inicial o las cuotas de intereses para familias que ganan menos de un salario mínimo. Los beneficiarios del programa que ofrece mil viviendas gratis en todo el país, son desplazados; miembros de Red Unidos (familias en nivel 1 del Sisbén), víctimas de desastres naturales, habitantes de zonas de alto riesgo y sectores vulnerables.

“El Departamento de Prosperidad Social –DPS- se encarga de la selección de los beneficiarios, una vez construidos los proyectos de vivienda, se les informa que en tal municipio hay 200 viviendas gratis; se hace la elección, de tal forma, que el 70 o 65 por ciento es para los desplazados; el otro 35 % para las familias que viven en pobreza extrema registradas en el censo de Red Unidos”, explicó Elsa Noguera de la Espriella.

El porcentaje de familias desplazadas por causa del conflicto interno desde 1960 continuó en ascenso hasta el año anterior, de acuerdo con un informe del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos de Noruega.

Colombia tiene 6’044.200 de desplazados y es, después de Siria, el país con mayor índice de desplazamiento. Santa Marta se ha poblado con más de 5 mil ciudadanos que han llegado de zonas rurales huyendo del conflicto, muchos de ellos hoy residen en la Urbanización Santa Helena o Ciudad Equidad, como se conoce en el imaginario colectivo.

La entrega de viviendas a estas personas fue la solución que planteó el Gobierno para hacer frente al problema migratorio, sin medir que hoy la población campesina se ha asentado de manera desmesurada en los cascos urbanos más cercanos.

OPINIÓN CARIBE, en entrevista con la ministra Elsa Noguera, le consultó sobre la oferta y la entrega a familias desplazadas. La funcionaria explicó, que el subsidio de vivienda se entrega en las ciudades donde están sus registros como población desplazada, “el registro de desplazados es mayor a la oferta que tenemos, por esto se hace un sorteo con base en los listados que están en el DPS”.

En el contexto actual del país, de resultar efectivos los acuerdos firmados con las Farc, se presume que no habría más desplazamiento forzado y la población campesina podría volver a sus regiones.

Con respecto a si ha propuesto una política para otorgar las viviendas a estas personas en sus sitios de origen, la ministra Noguera manifestó, “en estos momentos no, pero es algo que se está evaluando, recordemos que uno de los principales propósitos de la firma del acuerdo de paz es que las familias puedan regresar a sus lugares de origen si así lo consideran. Hay un proyecto de vivienda rural, no lo desarrollamos desde el Ministerio de Vivienda, sino desde el Ministerio de Agricultura y adicional, el DPS realiza mejoramientos de viviendas tanto en zonas rurales como urbanas”.

Si bien el Ministerio de Agricultura plantea un programa de vivienda subsidiada en zona rural, no se conoce nada acerca de que los que habían huido a las ciudades, hayan retornado.

De las 5 mil 647 viviendas de la primera fase del proyecto que se entregaron en el departamento, 4.050 quedaron en Santa Marta y las 1.597 restantes se distribuyeron entre Ciénaga, Fundación, Pivijay y Salamina. En la urbanización construida en Santa Marta, según habitantes del sector, residen desplazados de la Zona Bananera y veredas cercanas, personas que estaban en zona de alto riesgo, entre otros.

En este sector se han concentrado problemas de seguridad, microtráfico, convivencia y suministro de agua potable, sobre todo en el interior de las manzanas 10, 2 y 8 las riñas e inseguridad son constantes, afirman algunos moradores del lugar.

De la población campesina que hoy vive en la urbanización, un morador de la manzana 4 afirma que es mayoría. También el no pago de los servicios y la cuota de administración es una problemática de las viviendas gratuitas, hay algunas manzanas en la que las deudas suman millones.

La ministra Elsa Noguera señala, que los habitantes deben garantizar el pago de los servicios, “hay una administración con la que tienen que estar el día, ese es el compromiso que ellos asumen y tener un buen comportamiento. Estos proyectos de vivienda gratis quedan estratificados en 1, por tanto, son servicios que pueden pagar”.

En la ciudad, el problema es a gran escala por la cantidad de viviendas entregadas como resultado de la necesidad, al ser el departamento un territorio en el que se vivieron años de violencia, lo cual produjo miles de familias desplazadas. En las proyecciones del Ministerio está entregar casas para el Magdalena, con base en la postulación a las convocatorias hechas por los municipios.

Para acceder a estos beneficios, cada municipio es el encargado de aportar los lotes que deben estar viabilizados para proyectos de vivienda, es decir, que cumplan la norma urbana, que haya acceso a servicios públicos y que tengan propiedad de ellos.

En una segunda fase, se han postulado 8 municipios con un total de 1.780 viviendas que se encuentran en contratación. Hasta el momento están incluidos, Ciénaga con 400; Chibolo, Concordia, El Piñón, Nueva Granada, Pijiño del Carmen con 200 casas cada uno; El Retén con 210; y Tenerife con 170, en la primera extensión de la convocatoria se sumaron El Banco con 300 y Ariguaní por 200, de estos dos municipios los lotes se encuentran en evaluación de Findeter. Es posible que para el 19 de septiembre se sumen 13 municipios más, los cuales mostraron interés en el proyecto.

Con respecto al retorno de la población campesina a sus territorios como una forma de evitar el despoblamiento, la funcionaria puntualizó, “soy una convencida de que es posible que la reivindicación con la víctima se haga directamente en sus lugares de origen, eso es lo que busca el acuerdo, que las familias puedan regresar a sus veredas o corregimientos porque ya no habrá situaciones de conflicto armado y violencia. Eso si las familias así lo desean, porque hay algunas que consiguieron trabajo, educación para sus hijos, consiguieron auxilio de vivienda y no tienen interés en regresar, pero quienes deseen hacerlo recibirán toda la atención”.

El antropólogo Julio Barragán expone, que la principal causa que ha producido la despoblación del campo ha sido el conflicto armado y el desmejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales del país. “Hoy día la población más pobre se encuentra en el campo, la gente que es campesina no tiene acceso a la seguridad social, servicios básicos, a la educación y a la salud. Hay unas condiciones que han ido debilitando a la población campesina que hace que cada vez tengan que migrar más para mejorar su calidad de vida”.

Plantea que el campo ya no es el sitio idílico, sino que se ha convertido en un sitio de violencia, de violación de los derechos y eso obliga a que la gente tenga que emigrar hacia las ciudades, generando la pérdida de la población campesina que cada vez es menos. El minifundio como forma tradicional de propiedad de la tierra ha ido desapareciendo para darle paso a la agroindustria y la concentración en pocas manos.

Por estas mismas razones se ha perdido el arraigo a la tierra de quienes hace muchos años en épocas de bonanza vivieron en la zona rural de Colombia, “la gente se arraiga en la tierra en la medida en que tiene cómo sobrevivir, que tenga acceso a la educación, porque la formación a nivel superior siempre ha sido una de las carencias que tiene el campesino y en la actualidad, quieren que sus hijos puedan ser profesionales para mejorar su vida”, explicó Barragán.

Aun cuando se da una migración masiva, el antropólogo analiza que en ciertos aspectos se conservan por varias generaciones las formas de relacionarse con el entorno. En el caso de la ciudad observa, que hay zonas en la salida hacia Bahía Concha, en que los habitantes cultivan como si todavía estuvieran en sus fincas, tienen una vida en la ciudad. Sin embargo, se dedican a cultivar su pancoger, mantienen a sus crías de animales, es decir, intentan conservar su forma de vida campesina. En Bogotá, hay muchos barrios populares que, durante varias décadas, la gente ha sembrado en los patios y genera mercados peculiares de intercambio sin necesidad de la mediación del dinero, sino con formas ancestrales de comercio
campesino.

De los aspectos más preocupantes de este asentamiento campesino en las ciudades está el cambio que produce en el territorio, la relación con la tierra ya no es para la producción de alimentos, cada vez aumenta la producción de agro combustibles, biocombustibles, cultivos de palma africana, de caña de azúcar e incluso, de maíz, que lo utilizan no como alimento sino para producir combustibles biodiesel. Este fenómeno también cambia el vínculo entre el campesino y la tierra viéndolo netamente como usufructo y explotación de la tierra.

Hoy se encuentran bosques destinados solo a la industria forestal, grandes extensiones de bosques muertos en los que ni siquiera llegan animales, porque solo es madera. En el Magdalena se han sufrido transformaciones fuertes; no obstante, en la Zona Bananera se mantiene la siembra frutal.

Las generaciones que han tenido que migrar a la ciudad no fueron, precisamente, en su mayoría, las propietarias de tierra, fueron los campesinos rasos que buscaban otras opciones. A esos primeros migrantes les tocó más difícil el acceso a las oportunidades, a la educación y salud, en la actualidad, hay más apoyo para esos desplazados.

Aunque el panorama del país plantee una posibilidad de retorno al campo, Julio Barragán piensa, que sería un porcentaje mínimo el que tomaría la decisión, quienes lo harían es porque creen que tienen las condiciones óptimas para su retorno, “no sabe hasta qué punto van a tener esas oportunidades, en esa medida, el porcentaje no sería alto de la gente que regresa al campo, más bien sería menor, porque eso requiere que haya seguridad, bienestar de crédito, infraestructura, tecnología que le permita a la gente realmente reiniciar su vida al campo”.

Las edificaciones en las que han ubicado a estas familias son de espacios reducidos, en su interior y entre una vivienda y otra no hay separación que permita la privacidad o el apropio del territorio de cada quien, en esa medida, tanta cercanía obligada entre culturas, e historias tan diversas produce choques de convivencia como los que se viven en la urbanización de Santa Marta.

Con respecto a esa problemática de convivencia, Barragán Pardo asegura, que los conflictos son productos de la forma de relacionarse de la gente basada en la violencia, y es una de las razones que produce la existencia de pandillas, el control del circuito, entre otras que se manifiestan de forma masiva en este tipo de entornos. “Ahí es donde debe haber una capacidad de adaptación que seguro se da, pero en el caso concreto se ha dado en condiciones de mucha agresividad y violencia que genera problemas de convivencia”.

Las consecuencias que se presentan a corto plazo afectan a la población infantil y juvenil que se acostumbra a esa relación social basada en signos de violencia, egoísmo. También analiza que podrían aprovecharse estas situaciones para cambiar ese patrón de comportamiento por formas de interacción solidarias en estas características urbanísticas tan particulares. En este sentido hace un llamado a estudiar las políticas que imparte el Gobierno, analizando más allá de la entrega de una vivienda al ámbito social en el que la prestación del servicio, las formas organizativas de los habitantes juegan un papel fundamental, sin olvidar que muchos vienen del campo y traen un modelo de vida diferente.

Es fundamental que el Gobierno le eche una mirada a la zona rural del país, la fortalezca, la aleje de la violencia y le brinde las condiciones de calidad de vida que se puede encontrar en la ciudad, para que así quienes tienen el campo como estilo de vida puedan seguir en su entorno, sirviendo desde ahí a la sociedad y no se continúe despoblando el campo.