El paradigma de la violencia

Mientras el Fiscal General de la Nación propone descriminalizar la violencia intrafamiliar en Colombia, la Contraloría General de la República advirtió hace una semana, que el plan de descongestión judicial establecido para el periodo 2010-2015, por parte del Consejo Superior de la Judicatura no se cumplió a pesar de recibir 2.3 billones de pesos. OPINIÓN CARIBE indagó cuáles son las repercusiones para Santa Marta si entra en vigencia la propuesta de que la violencia intrafamiliar pase de tener manejo penal a ser interdisciplinario.

“Descriminalizar la violencia intrafamiliar para que el manejo no sea penal sino interdisciplinario”, fue textualmente la propuesta que hizo en calidad de postulado al cargo el hoy fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Su sugerencia la dio a conocer ante los magistrados de la Sala Plena en el marco de las preguntas que se le hicieron a cada uno de los aspirantes a asumir el primer cargo de la Fiscalía.

Sin embargo, más allá de que cumpla con su propuesta una vez se posesionó en el cargo el pasado mes de junio, las opiniones no se han hecho esperar en contra o a favor de que ante hechos de violencia intrafamiliar se debe tener un manejo interdisciplinar y no penal como lo estipula el Decreto 229 de la Ley 1142 de 2007 de la Constitución Política de Colombia.

La iniciativa la propone el Fiscal, basado en que la criminalización de la violencia intrafamiliar es un factor de ‘atosigamiento’ del sistema judicial. Sin embargo, y pese a que en el último año los fiscales conocieron alrededor de 43 mil casos de presunto maltrato intrafamiliar, lo cierto es que ese delito solo abarca el 1.5 % de las noticias criminales, según el más reciente reporte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.

Cabe destacar, que de los 2 millones 800 mil noticias criminales recibidas el 2015 solo 43 mil correspondieron a actos de violencia en el hogar, lo que refleja que aun cuando en el año anterior hubo miles de personas violentadas por sus parejas, no se trata de un asunto que congestione en exceso el aparato de justicia en Colombia.

Llama la atención que, de esos episodios, al menos dos mil quinientas de las presuntas víctimas tuvieron que ser cobijadas con medidas especiales de protección para evitar que sus supuestos agresores pudieren ocasionarles daños mayores.

Sin embargo, las víctimas de violencia intrafamiliar no son precisamente los episodios que más ocasionan sobrecargas laborales que padecen los fiscales.

Con base en lo anterior, OPINIÓN CARIBE hizo seguimiento al sistema de atención y prevención de violencia intrafamiliar en Santa Marta, teniendo en cuenta que, de implementarse la propuesta del Fiscal General, se conozca cómo se afrontaría tal situación en la ciudad.

La norma plantea que se entiende como violencia intrafamiliar el maltrato físico o psicológico causado por cualquier miembro del núcleo familiar y las víctimas cuentan con dos vías judiciales para defenderse.

La primera corresponde a acudir a la Comisaría de Familia o, a falta de esta, al Juez Civil o Promiscuo del lugar de residencia. Por esta vía se buscan medidas de protección inmediatas como el desalojo de la vivienda por parte del agresor, ordenar al agresor a alejarse de la víctima u obligación de tratamiento educativo en una institución pública. En los casos de mayor gravedad, se puede ordenar una protección temporal de la víctima por parte de la policía.

La segunda vía de defensa es la penal. Debe acudirse a ella cuando la primera no funcione como se esperaba. La denuncia se presenta ante la Policía o la Fiscalía a través de cualquier Unidad de Reacción Inmediata (URI). La víctima tiene derecho a ser llevada a un centro asistencial y obtener acompañamiento policial hasta un lugar seguro y el juez puede decretar las medidas de protección que considere adecuadas, como el alejamiento del agresor.

Quien ha visitado la casa de justicia sector sur, ubicada en el barrio ‘María Eugenia’ puede dar fe que en ella encuentra una comisaria de familia encargada de asistir a las víctimas y así mismo, tal como la norma lo indica, el acompañamiento de un psicólogo, una trabajadora social, un médico y la asistencia de la Defensoría del Pueblo.

Lo anterior, corresponde a la interdisciplinariedad a la que se refirió el fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, quien manifiesta, que los actos de violencia intrafamiliar se pueden minimizar con el accionar de las disciplinas antes mencionadas, lo cual descongestionaría el sistema judicial de la Fiscalía. ¿Lo anterior tendría efectividad en Santa Marta, ciudad que solo cuenta con dos comisarios de familia?

“LA SITUACIÓN ES DEPRIMENTE”

“Estamos cortos de recursos humanos, en la Casa de Justicia se reciben de 90 a 100 casos mensuales, sumándole las asesorías que siempre solicitan. No damos abasto dos comisarías. Aquí todos llegan pidiendo rapidez en los casos, algo que es imposible, porque, aunque tenga un equipo, este no es suficiente, yo necesito tener notificadores y más equipo de apoyo”, respondió a la pregunta acerca de la situación de su dependencia, la comisaria de familia de la Casa de Justicia sector sur,Margarita Güete Hincapié.

De acuerdo con los casos de feminicidios reportados en el Departamento, aseguró,que no había relación con respecto a los casos tratados en etapa de conciliación, que en su cartera los hechos más relevantes no superan el grado de lesiones con arma blanca.

Sin embargo, ratifica que en Santa Marta falta recurso humano e incrementar el número de visitas a esas zonas vulneradas, “trabajamos con las uñas’, necesitamos que la Policía y las Personerías se articulen con nosotros y que sepan que nosotros sí trabajamos. Al fin y al cabo, debemos prevenir y no actuar después de una tragedia. Sin más palabras, no son suficientes dos comisarios en una ciudad de quinientos mil habitantes”, precisó.

Según el reporte presentado por la Funcionaria, solo en la Casa de Justicia sector sur, llegan de 90 a 110 carpetas en un mes y más de trescientas citas para escuchar a las posibles víctimas. Indicó, que solo en el mes de junio se atendieron 220 personas, en donde el 80 % obedece a violencia intrafamiliar.

En promedio, un proceso de conciliación comprende entre 30 minutos y una hora por caso, sin embargo, en la capital del Magdalena ante la falta de comisarios, las citas tienen cinco minutos de duración, “es imposible que en ese tiempo yo pueda conciliar con las personas, y dar garantía de que ese conflicto entre parejas acabe”, apuntó la comisaria Güete.

Los expertos consultados señalan, que la violencia intrafamiliar es la primera conducta del victimario dentro del delito de feminicidio en Colombia, que, en el 2015 de las más de tres mil denuncias, un 95 % se cerró por vencimiento de términos y el delito termina en lesiones personales, en violencia intrafamiliar o amenaza, en vez de determinarlos como feminicidios en grado de tentativa.

El 90 % de los judicializados sale libre o tiene casa por cárcel, y en el caso de los 28 feminicidios ocurridos en el Magdalena, 25 tenían denuncia previa por violencia intrafamiliar, en donde los victimarios regresan a la casa con la víctima, obligándola a huir por miedo.

¿POR QUÉ NO HAY JUDICIALIZACIÓN?

Para el abogado penalista Rubén Ceballos Jiménez, esta situación obedece a que la Fiscalía no cumple con su papel, “hay muchas deficiencias, fiscales con muchas carpetas, pocos investigadores en todos los temas. Cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez habla de interdisciplina, él sabe que tiene que equipar de suficientes fiscales y equipo de trabajo a esas comisarías, que a la final son los órganos que van a cumplir la tarea de conciliación entre los agresores y la víctima”.

Cabe mencionar, que hace una semana, la Contraloría General de la República advirtió, que el plan de descongestión judicial que se había establecido para el periodo 2010-2015, no se cumplió por parte del Consejo Superior de la Judicatura a pesar de recibir $2.3 billones.

Por esta situación se ordenó la apertura de indagaciones preliminares por valor a los 1.340 millones de pesos por dobles pagos de nómina y recobro incapacidades en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de Bucaramanga y Barranquilla.

IMPUNIDAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS

Ceballos manifiesta, que el actual derecho procesal penal basado en el principio acusatorio ha fracasado y colapsado, “en los próximos tiempos habrá debate en cuanto a si se justifica o no mantener el sistema acusatorio en Colombia o volver a la Ley 600 de 2000. Las carpetas, los procesos, los expedientes no están caminando porque no hay la infraestructura suficiente, y no tenemos la cultura jurídica anglosajona de donde es traído el sistema acusatorio”.

Agrega, que muchas carpetas con investigación al respecto van a prescribir porque el sistema, pese a haberse implementado desde el 2005, después de ocho años no ha dado resultados. Por lo contrario, se ve congestión en los despachos judiciales, “en la actualidad hay un investigador para cuatro despachos, y cada uno de estos tiene hasta 700 carpetas, algo que resulta imposible”.

Si bien los expertos en el tema consideran que se trata de falta de logística y recurso humano, cabe destacar, que el Fiscal General de la Nación recibe el órgano de control judicial con 2.5 billones de pesos ya dicho organismo lo conforman alrededor de 25 mil empleados en todo el país.

Considera el jurista, que más allá de que el problema radica por la falta de componente humano, los fiscales deben tener vocación de impulso, “el fiscal tiende a congestionarse por el propio formalismo, hay carpetas que no se justifican que no hayan salido adelante, como otras que se hacen complejas ante la falta de logística. En algunas ocasiones, por negligencia física”.

En diálogo con Valeria Díaz Bate, directora de la Casa De Justicia Sur en Santa Marta, dio a conocer que en estos momentos se lleva a cabo la actividad ‘jornada de justicia al barrio’, en el marco del plan de desarrollo distrital, a donde la justicia está llegando a las zonas rurales de la ciudad con el fin de que las personas menos favorecidas tengan acceso a la institucionalidad.

Referente al incremento de carpetas en manos de los dos únicos comisarios para la ciudad, manifestó, que no se trata de que haya aumento de denuncias en la ciudad, “lo que pasa es que en la medida en que el Distrito haga campañas de protección, prevención y atención de los ciudadanos, las personas con susceptibilidad deciden denunciar, como es el caso de las mujeres maltratadas, quienes son las que más usan nuestras comisarías”, afirmó Díaz Bate.

Acerca de que, si es suficiente que el Distrito cuente con solo dos casas de justicia, la funcionaria fue enfática al señalar, “en el plan de desarrollo distrital quedó la creación de dos comisarías más para las áreas del sector la Paz y Ciudad Equidad, obras que supuestamente están presupuestadas”.

Mientras, el Distrito cuenta con dos comisarios de familia, junto a un equipo interdisciplinario que consta de psicóloga, trabajadora social, auxiliar administrativo y un médico.

Retomando la iniciativa del Fiscal, de descriminalizar la violencia intrafamiliar, esta busca el descongestionamiento de los estrados judiciales de la Fiscalía, así como también reducir el número de reclusos en las cárceles de Colombia.

Hay quienes respaldan la posición del Fiscal bajo la intención de descongestionar el sistema carcelario, “He visto con preocupación la doble moral que vive Colombia en donde todos los problemas se quieren solucionar acudiendo al derecho penal.

¿Qué hacemos con aumentar la población carcelaria si eso genera más costos al Estado? La cárcel deber ser solo para los delitos de lesa humanidad y condenados, tal como se garantiza en el artículo 2º del Código de Procedimiento Penal”, precisó Rubén Ceballos.

Propone que a los presos se les debe poner a trabajar para que produzcan, además de pagarles un sueldo, el cual se debe dividir en tres partes, autosostenimiento, reparar a la víctima, y una tercera parte para la familia.

Agregó, que indiscutiblemente la violencia intrafamiliar debe ser un tema de atención interinstitucional donde psicólogos, el Icbf y psiquiatras asuman el tratamiento de los afectados antes de judicializarlos.

“Un hombre o una mujer que presente una acción penal en contra de su cónyuge el día de mañana, no puede arrepentirse, es decir, estaríamos cercenando el perdón, limitando la reconciliación de una pareja, y con ello pierde la sociedad, porque es un niño que queda sin hogar. Si bien la violencia creció, meter preso a alguien, no lo soluciona. Hoy, después de preso, es la pareja la primera en ir a visitar. Es una ley que está llamada a fracasar. “Colombia está en mora de tener un Ministerio de Familia”.