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Desangrando al Soat

Opinión Caribe

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Pedro Rodríguez y Verónica Niño fueron pacientes de la clínica Bahía por accidentes de tránsito en motocicletas. Ellos denuncian al centro de salud por practicarles procedimientos médicos que no requerían, pero que representaban altas sumas de dinero para la entidad de salud.

Atender a heridos de accidentes automovilísticos, especialmente a motociclistas con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, se convirtió en un negocio para las clínicas del país que antes ponían trabas para recibir a estos pacientes, en algunos casos morían sin que ninguna institución médica los auxiliara. Desde hace cuatros años este panorama cambió, la póliza de seguro empezó a ser aprovechada por los centros de salud para engordar con ‘trampas’ sus arcas financieras.

Hoy, solo basta la declaración de la persona involucrada en el siniestro y del médico para facturar millonarias sumas por intervenciones mal hechas, cirugías o tratamientos que nunca necesitó ni recibió el paciente ‘carnada’ del centro de salud, como la clínica Bahía en Santa Marta, que se la ingenia para agotar el cupo de 19 millones de pesos que el Soat asigna a cada persona que expida la póliza de seguro de accidentes de tránsito.

Contra la clínica Bahía hay denuncias de cobros al Soat de cirugías que nunca realizaron y de otras que les fueron practicadas a pacientes sin necesitarlas. Pedro Rodríguez Osorio, (a quien por seguridad llamaremos así) otra víctima de accidente de tránsito exige respuesta por la atención médica recibida por cuenta de la póliza de seguro, como cientos de personas que ingresan a este centro de salud con leves raspaduras o golpes y reciben costosos tratamientos.

El pasado 2 de agosto, Rodríguez Osorio se accidentó en su motocicleta al colisionar con un vehículo particular. Lo recogió una ambulancia que lo trasladó hasta la clínica Bahía, donde le diagnosticaron un esguince en la rodilla izquierda, que lo llevo a estar por más de 26 horas hospitalizado y a recibir en dos ocasiones lavados quirúrgicos sin necesitarlos.

“Tenía dolor en la pierna, propio del golpe, no tenía fractura. La enfermera, junto al médico exploraron la zona del dolor donde observaron una cicatriz debajo de la rodilla izquierda que les llamo la atención, no estaba sangrando ni nada, mi pantalón estaba limpio”, narra Pedro Rodríguez, quien, por una cicatriz sin ninguna relación con el accidente, recibió un costoso tratamiento.

Inicialmente Rodríguez fue canalizado con líquidos hidratantes, después fue vacunado contra el tétano y trasladado a la sala de Rayos X, donde le fueron tomadas 4 radiografías a la rodilla izquierda. “Mi madre, como es enfermera, pidió ver las tomas, pero le negaron la solicitud, cuando es un derecho que el paciente y el familiar, conocer los resultados”, explica Pedro.

Después de cuatro horas de estar internado en la clínica Bahía, Pedro Rodríguez fue trasladado al quirófano, donde a las 6:00 de la tarde le practicaron un primer lavado quirúrgico con anestesia local en una herida cicatrizada, luego trasladado a la sala postoperatoria, donde le inmovilizaron la pierna con una férula desde el tobillo hasta los glúteos.

“La herida estaba sana, considero que no requería esa intervención, hasta me cogieron tres puntos, cuando su profundidad era casi nada, además de una férula que me pareció exagerada”, comenta Rodríguez Osorio, que al pasar a la sala de reposo se encuentra con otros pacientes en las mismas condiciones que él. Uno de ellos era un joven de 23 años, quien se había raspado su mano en un accidente sin mayores complicaciones, pero los médicos decidieron ponerle clavos.

A las tres de la mañana, Pedro fue llevado a una habitación donde recibió a las siete de la mañana la visita del ortopedista. Según el paciente, el doctor le indicó que tenía una herida abierta que requería un nuevo lavado quirúrgico y un nuevo procedimiento exploratorio en quirófano con anestesia general para examinar los tendones. ¿Todo esto por un esguince en la pierna izquierda?

“Era inaudito que por un golpe me fueran a operar de los tendones, mi sorpresa es cuando mi madre consulta a una amiga doctora que nos dice que ese procedimiento me lo quieren practicar para cobrárselo al Soat. Después de conocer esto le dije al ortopedista que no me haría esa cirugía porque mi diagnóstico decía esguince de rodilla izquierda”, denuncia Pedro Rodríguez. La clínica Bahía tuvo en sus instalaciones al paciente durante dos días practicándole procedimientos que no necesitaba, además, a su salida le negaron ver su historia clínica.

Una nueva valoración en la clínica El Prado determinó que tenía un esguince en el tobillo izquierdo, cuyo tratamiento era con analgésicos y antiinflamatorios, acompañado de reposo. En este centro médico le fue retirada la férula por una doctora que consideró exagerado el procedimiento realizado en la clínica Bahía.

“La médico nos contó que la clínica Bahía ordena los procedimientos sin que los requiera para hacer cobros exagerados al Soat. Además, ofrece a médicos de confianza trasladar a los accidentados a este centro de salud, donde les pagan los gastos de ambulancia y les dan una bonificación a los paramédicos por cada paciente Soat, lo mismo que a los doctores”, afirma Pedro Rodríguez Osorio.

Esta víctima del desfalco que le hacen al Soat, da gracias a la vida por haber pasado el trago amargo del yugo de la clínica Bahía en Santa Marta, donde lo intervinieron con procedimientos que no necesitaba, afectando el movimiento de su pierna izquierda.

El promedio de cobro al Soat por atención de una fractura de tibia y peroné es de 1.9 millones de pesos, mientras que a las EPS les vale en promedio 611.000. Un día de hospitalización se lo facturan al Soat por 296.200; a una EPS, por 147.636, en la misma institución. Hay cobros de hasta 5.000 por una aspirina.

OTRO CASO

Otra de los casos conocidos por OPINIÓN CARIBE es la intervención quirúrgica con clavos que pretendían realizarle a Verónica Niño en la clínica Bahía, a donde llegó luego de sufrir un accidente de tránsito con raspaduras en su mano derecha.

Al llegar a la clínica, Verónica es valorada e ingresada a la sala de Rayos X, donde la examinan y le toman las placas. “El médico me dice que no tengo fractura, que no tengo nada”, cuenta la víctima, quien al paso de unas horas fue evaluada por otro médico, que contrario al primer diagnóstico, aseguró que debía ser operada porque tenía una fractura en su mano.

A Verónica le habían practicado dos lavados quirúrgicos y ahora pretendían operarla para colocarle dos clavos en su mano donde solo tenía dos raspones. En busca de otro diagnóstico, la paciente, asiste un día después de haber salido de la clínica Bahía, a una consulta con su EPS Sanita, donde la valoran, le toman una radiografía que indica que su mano se encuentra en perfecto estado.

“Nunca me mostraron las radiografías, me tuvieron hospitalizada durante cinco días, todo para sacarle la plata al Soat, me llamaron de la aseguradora, les conté todo lo que me había pasado”, dice Verónica Niño.

Estas no son las únicas denuncias que hay en contra de la clínica Bahía, de propiedad del médico ortopedista, Iván Reátiga Hernández, quien fue precandidato a la gobernación del Atlántico el año pasado y se retiró para apoyar al actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa.

En los últimos años, la clínica Bahía en Santa Marta ha tenido un acelerado crecimiento, le facturó el año pasado al Soat 11.377 millones de pesos y reportó atención a 6.764 personas. Esto le permite estar en el top de clínicas del país que más le facturan al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, fondo nutrido por los impuestos de los colombianos.

Esta institución médica hace parte de las 54 clínicas del país que la Superintendencia de Salud investiga como consecuencias de las denuncias sobre presuntas irregularidades por cobro al Soat e indebidas prácticas como la ‘guerra de ambulancias’, que ha llevado a que paramédicos se peleen por los heridos en accidentes de tránsitos para recibir bonificaciones de hasta 80 mil pesos por su traslado.

“Estamos investigando aquellas que han sido creadas solo para recibir pacientes Soat, porque deben atender todo tipo de pagador. En un mes y medio habrá sanciones de carácter económico. De ser necesario podría llegar hasta el cierre de estas instituciones”, manifestó Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud.

Las principales irregularidades denunciadas por Fasecolda se centran en reclamaciones cuando no ha existido un accidente de tránsito, por servicios no prestados, con documentos inconsistentes como presentaciones de pólizas Soat, doble cobro por el mismo accidente, o pólizas duplicadas, así como servicios prestados sin requerimiento.

Asimismo, las autoridades deben investigar que algunas clínicas en Santa Marta, concentran su atención en accidentes de tránsito, cuando la Ley ordena que estas emergencias lleguen al centro médico más próximo, porque se trata de salvar vidas.

“Esperamos que la Superintendencia Nacional de Salud y la Fiscalía General produzcan resultados contundentes en la sanción de los defraudadores”, sostuvo Jorge Botero, presidente de Fasecolda.

SIN SOAT

Este presunto fraude en las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en Santa Marta se ha convertido en la ‘piedra del zapato’ del sector asegurador. Según Fasecolda, cada día aumentan las irregularidades, ya que en el 2015 fueron detectadas cerca de $86.000 millones en el país.

Por lo anterior, en Santa Marta, los intermediarios de aseguradoras no están expidiendo Soat a motocicletas ni a vehículos de servicio público, por ser los mayormente implicados en los siniestros. Esto ha repercutido negativamente en las ganancias, siendo su mayor preocupación el cierre de sus oficinas.

“Me advirtieron, que, si vendía seguro de motocicletas, me cerraban mi oficina. Esto me preocupa porque la Ley debe obligar a entidades como Sura para proporcionar el servicio a los usuarios, y no clasificarlos, se están violando los derechos a personas que necesitan estas pólizas”, denuncia una fuente técnica que por seguridad pidió reservar su nombre.

La decisión que han tomado algunas aseguradoras de no vender Soat a motocicletas en Santa Marta, ha incrementado las multas de tránsito, siendo la población la más perjudicada porque se le está violentando los derechos a la igualdad, ya que algunos ciudadanos sí pueden adquirir la póliza, mientras que otros no, porque motocicleta que no cuente con este requisito debe ser guardada, lo que ocasiona un detrimento patrimonial para el propietario del vehículo.

En este sentido, ni la Oficina de Tránsito del Distrito ni la Personería han tomado medidas para garantizar los derechos de los propietarios de motocicletas. El secretario de Tránsito de Santa Marta, Ernesto Castro, indicó, que el crecimiento del parque automotor y la participación de la motocicleta en la accidentalidad, ha ocasionado que la venta del Soat no sea un negocio rentable para las aseguradoras.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía de Tránsito de Santa Marta, el año pasado se registraron 36 siniestros, 28 muertes y 23 lesionados; cifras comparadas con agosto del presente año, en el que van 42 accidentes, 16 fallecidos y 48 heridos, denotan un incremento en la accidentalidad.

“Estas empresas, dentro de sus decisiones privadas, han optado por no expedir Soat en la ciudad por los altos costos en los cobros por accidente. En el Distrito no hemos tomado acciones ni estamos facultados para poder exigir a un privado que expida este servicio”, expresó el Secretario de Tránsito, quien se comprometió a hacer una revisión jurídica para mirar si la oficina está facultada para exigir a los privados que emitan este servicio.

En este sentido, el personero del Distrito, Chadán Rosado, reconoció los perjuicios que trae para la población que las aseguradoras no expidan directamente en Santa Marta la póliza del Soat. “Generaremos unos oficios a las empresas aseguradoras a nivel nacional, para que ingresen a la actividad comercial en Santa Marta, porque debemos garantizar el derecho a las personas de acceder a una póliza de seguro que garantiza los riesgos cuando se produce un siniestro”.

Aunque las empresas aseguradoras no son sujetos disciplinarios de la Personería ni del Tránsito de Santa Marta, si lo son de la Superintendencia de Industria y Comercio, a quien las autoridades del Distrito tocarán la puerta para regular la venta en la ciudad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

¿QUÉ ES EL SOAT?

El Soat es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social. Su objetivo es asegurar la atención de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales o muerte.

El seguro, en el más estricto sentido, repara el daño causado al asegurado, pero en el caso del Soat, no sólo al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, sino también a los peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito, en atención a su esencia netamente social. En el caso del Soat, el beneficiario es la sociedad en su conjunto.

*Soat cubre el traslado de las ambulancias

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito tiene un rubro de hasta diez salarios diarios por año para cubrir el transporte y traslado de las víctimas accidentadas a los centros de salud. En este sentido, no se explica por qué los paramédicos le negaron a la joven Luz Míriam Ardila Rincón, atropellada por un vehículo, el traslado a una clínica.

Ricardo Ardila, hermano de Luz Míriam, quien falleció pocas horas después, denunció que la ambulancia llegó al accidente, pero no la transportó porque la solicitud de los familiares era llevarla a la clínica El Prado y no a la Bahía.

“La ambulancia no la quiso llevar porque pedimos que fuera trasladada a El Prado y ellos pretendían llevarla a la clínica Bahía, donde les pagan por los pacientes, bonificaciones, por eso la dejaron tirada”, denunció el hermano de la víctima.

El no traslado inmediato de Luz Míriam a un centro asistencial, pudo provocar su fallecimiento, debido a que la segunda ambulancia llegó media hora después al lugar del siniestro.

***NOTA DE REDACCIÓN: Por motivos de seguridad y para que no se tomen represalias contra los denunciantes en el momento de solicitar la prestación de servicios médicos en la clínica Bahía, han invocado el derecho de reserva de sus nombres, por eso en esta nota periodística los hemos llamado Pedro Rodríguez y María Osorio.

***NOTA DE REDACCIÓN: OPINIÓN CARIBE visitó en dos ocasiones la clínica Bahía para entrevistar a la gerente para indagar sobre las denuncias realizadas por personas atendidas por accidentes de tránsito en este centro médico, pero la representante legal manifestó a través de la funcionaria de Atención al Ciudadano, Alba Torres, estar ocupada para atender al medio de comunicación.

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