EE.UU. alerta que el sistema judicial de Colombia elude procesos contra los paramilitares

Estados Unidos advirtió el viernes 03 de marzo que Colombia posee «un sistema judicial ineficaz» en el que «muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos» como «agentes estatales de alto nivel y exmiembros de grupos paramilitares» no son procesados adecuadamente por sus delitos.

Entre esas personas se incluyen «agentes estatales de alto nivel y exmiembros de grupos paramilitares», destaca el informe anual sobre derechos humanos publicado el Departamento de Estado correspondiente a 2016.

Según ese informe, Colombia cuenta «con un poder judicial en el que los funcionarios están sujetos a amenazas e intimidaciones, lo que limita la capacidad del Gobierno de procesar eficazmente a muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos».

El documento también señala que los tres tres problemas en materia de derechos humanos que más amenazan al país andino son «la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación social».

«La presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó desplazando a las poblaciones predominantemente pobres y rurales» en 2016, agregó el informe sobre uno de los principales retos que afronta Colombia en materia de derechos humanos.

El Departamento de Estado también destacó la «violencia y discriminación social contra la mujer» así como contra el colectivo de Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), los indígenas y los afrocolombianos.

«Otros graves problemas de derechos humanos continuaron, incluidos los homicidios extrajudiciales e ilegales, la colaboración militar no autorizada con miembros de grupos armados ilegales; las desapariciones forzadas, las cárceles superpobladas e inseguras y el hostigamiento y los ataques contra grupos y activistas de derechos humanos, incluyendo amenazas de muerte y asesinatos», detalla.

No obstante, Estados Unidos reconoce que el Gobierno colombiano «continuó sus esfuerzos para procesar y castigar a los perpetradores de abusos, incluidos los miembros de los servicios de seguridad», con un aumento de los recursos para la Procuraduría (Fiscalía) General de la República que, según apunta el documento, dedicó recursos significativos a casos de derechos humanos.

«A pesar de las negociaciones de paz con las FARC, grupos armados ilegales -incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN)-, así como grupos de delincuencia organizada (algunos de los cuales contenían antiguos paramilitares) continuaron cometiendo numerosos abusos contra los derechos humanos», insiste el documento.