Aún no cantemos victoria

Esto apenas comienza. La liquidación de Electricaribe, lo más aclamado por la mayoría de la región Caribe, sin dudarlo, es muy compleja.

Un escenario que contemple la desaparición de la cuestionada empresa implica la mejor fórmula para traer a un nuevo operador que otorgue garantías para hacer las inversiones requeridas y brinde un servicio de calidad, además de un debido proceso de transición para que el usuario no se percate de estos cambios.

Sin embargo, en otros escenarios, en este caso de alto nivel, la pelea entre el Estado colombiano y la multinacional española está para alquilar balcón, porque la respuesta a la liquidación no se hizo esperar y con mucho veneno.

El primer conflicto visible es una demanda de largo aliento y muy costosa en la que Gas Natural Fenosa busca una indemnización de 1.000 millones de euros por parte del Estado colombiano, alegando daños y perjuicios causados por la intervención y posterior liquidación de Electricaribe, alegando una ‘expropiación encubierta’, para entregar el negocio de la comercialización de energía eléctrica a otro jugador del sector por declaraciones de Javier Cremades, miembro del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, quien dirige la denuncia internacional.

Como elemento de presión para buscar un buen acuerdo para la Multinacional española, han dado donde le ha dolido al gobierno, puesto que han elevado denuncias de inseguridad jurídica ante la OCDE poniendo en riesgo el ingreso de Colombia a esta organización, una de las más importantes apuestas del Gobierno Santos. El selecto grupo de países miembro se caracteriza por tener altos índices económicos y de calidad de vida, pero su ingreso está sometido a cumplir unos requisitos, entre los que se incluyen avances, reformas normativas y regulatorias, directrices de la agenda legislativa y las políticas implementadas en los últimos cuatro años.

Este hecho, como lo ha querido mostrar la defensa de Gas Natural Fenosa, puede ser inoportuno y llamar la atención de la comunidad internacional, creando la sensación propia de un Estado como Venezuela, en el que no existe un buen ecosistema para la inversión extranjera y la creación de empresas, presupuestos básicos para ingresar a la OCDE.

La liquidación de Electricaribe fue un gran paso para iniciar el plan de mejora para la prestación del servicio público en la Región, pero el riesgo de un movimiento como este tendrá un alto costo y altos intereses por satisfacer, los cuales terminaremos apalancando nosotros, los ciudadanos, si no somos vigilantes con la misma contundencia con la que se inició este proceso.

¡Aún no cantemos victoria!