Corte Constitucional admite demanda que reviviría políticamente a Gustavo Petro

Blu Radio dio a conocer un auto firmado por la magistrada Gloria Stella Ortiz, del pasado 8 de mayo, en el que se acepta estudiar la posibilidad de declarar inconstitucional un parágrafo del artículo 38 de la ley 734 de 2002, es decir el Código Disciplinario Único, en el que se refiere a otras inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos.

“Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago, o si este no fuera procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsabilidades fiscales”, dice el texto.

El demandante es el exaspirante al Senado por el M-19, Dagoberto Quiroga Collazos, quien argumenta que “el derecho de acceder a la función pública tiene el carácter fundamental y su restricción solo es posible mediante una sanción de tipo penal o disciplinario, impuesta con la observancia del debido proceso”.

“Conforme a lo anterior, las normas acusadas desconocen los artículos 1,2 y 40 de la Carta, porque establecen una restricción a los derechos políticos consistente en la consagración de inhabilidad para ejercer cargos públicos, producto de una responsabilidad administrativa que no tiene carácter sancionatorio, ni penal, pues la acción fiscal es de naturaleza reparatoria o resarcitoria, lo que constituye una limitación al ejercicio de función pública que no es razonable ni proporcionada”, agrega.

También cita la supuesta violación de varios artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución colombiana en torno al “derecho a la participación política”.

La magistrada Gloria Ortiz explica en el auto que admite la demanda porque es cierta, específica y pertinente, requisitos necesarios para aceptarla.

El demandante Quiroga Collazos, perteneció a la Alianza Democrática M-19, igual que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien precisamente sería uno de los beneficiarios en caso de que la Corte tumbe el parágrafo en cuestión, ya que en la actualidad, Petro estaría inhabilitado para ocupar cargos públicos tras una sanción fiscal de 217 mil millones de pesos proferida por la Contraloría De Bogotá en diciembre de 2016 por irregularidades en la rebaja de tarifas de Transmilenio.

Petro tendría que pagar la multa para quedar habilitado para aspirar a la Presidencia de la República.