Sede de la Esap, una ‘vaca lechera’

La Esap demandó a Fonade por 8.400 millones de pesos por la cuantía invertida en esta obra y los gastos en que han incurrido en vigilancia y la contratación de un peritaje.

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial por 4.521 millones de pesos en la construcción de la sede de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, en Santa Marta, que hoy es un ‘elefante blanco’.

El presidente de la Veeduría Estudiantil de la Esap en Santa Marta, Julio César Buendía, manifestó su complacencia por el pronunciamiento de la Contraloría, luego de las denuncias que se han hecho desde 2014 sobre los retrasos e irregularidades en esta obra.

“Vemos esto de manera positiva, porque se va a empezar a desenredar todo este lío en el cual nos vimos inmersos los estudiantes y egresados que no recibimos una educación en aulas amplias y cómodas, sino en hacinamiento y condiciones terribles”, expresó Buendía y pidió que la Fiscalía y la Procuraduría también le pongan la lupa a este contrato.

Además, que le preocupa que, pese a lo ocurrido en Santa Marta, la Esap haya suscrito el año pasado un nuevo convenio con Fonade por 126.000 millones de pesos para la construcción e interventoría de las sedes en Barranquilla, Medellín, Cali, Armenia y Tunja y la dotación de la segunda etapa del campus de Neiva. «La semana pasada la directora Nacional de la Esap, Claudia Franco, nos comentó que le dio reversa a ese contrato, pero nosotros sabemos que el trasfondo es jurídico», aseguró Buendía.

Según explicó Elvia Mejía cuando fungió como directora de esta institución 2011-2012 encontró que ya había un contrato vigente para la construcción de esa sede con sus diseños y licencia de construcción, pero cambiaron algunos de ellos para esa sede, porque pasó de seis a ocho pisos.

“Esto alteró el proyecto como tal y hubo que agregar varios otrosíes y ahí empezaron los problemas de lo que hoy es la sede y que hoy es una parte de la infraestructura porque todavía no está terminada”

Desde ese momento, los estudiantes empezaron a pronunciarse, a hacer huelgas, hacer mítines y plantones, porque han transcurrido cinco o seis años y hasta la fecha no han encontrado quien les diga cuando se va a culminar esa sede.

FALLAS ESTRUCTURALES

“Hoy, tenemos que decir con gran dolor en el alma que los estudios que arrojó la Sociedad de Arquitectos y de Ingenieros de Colombia es que esa sede presenta fallas estructurales en los pisos tres, cinco y siete, esto quiere decir, que la obra no es resistente, no es segura para finalizar su construcción. Así muchas otras zonas digan que sí se puede terminar, que solo se deben hacer unos reforzamientos, han tardado mucho tiempo y ni siquiera se ha movido una gota de mezcla, por lo que nosotros sabemos que hay una construcción expuesta al sol y al agua desde hace más de cinco años, que día tras día se deteriora más y más. Es un monumento y culto a la corrupción en este bendito país” expresan los estudiantes.

HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA

Esta obra fue contratada a través de un convenio entre la Esap y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, el 17 de octubre de 2012 y tenía un plazo de ejecución de seis meses.

El contrato, cuyo costo inicial era de 2.830 millones de pesos, fue adjudicado a Óscar Daniel Garzón Forero para construir la primera fase que contemplaba un edificio de aulas de seis pisos, otro de parqueaderos y un tanque subterráneo.

Pese a que al contrato le hicieron cinco prórrogas y le adicionaron recursos que aumentó su costo a 4.140 millones de pesos, al momento de la entrega de la primera fase de la obra, en noviembre de 2014, se evidenciaron elementos estructurales con daños y averías en las placas y deformidades y abultamientos en las vigas. Además, que no cumplía con las normas de sismorresistencia.

Estas irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Esap en la vigencia 2015. Al momento de la visita hecha por el equipo de la Contraloría, las obras se encontraban suspendidas, a pesar de que la Esap ya había suscrito un nuevo contrato para la ejecución de la segunda fase por 5.330 millones de pesos, el cual está suspendido también, sin que el contratista haya podido ajustar los precios y demás etapas para su ejecución.

“A pesar de todo lo anterior, Fonade en su condición de gerente del proyecto, sí recibió la obra en tales condiciones de incumplimiento, vulnerando las disposiciones legales que regulan la contratación estatal, afectando el patrimonio de la Esap en más de 4.521 millones de pesos”, dice un comunicado de la Contraloría.

De acuerdo con la Contraloría, los presuntos responsables del daño patrimonial por 4.521 millones de pesos son: el entonces subdirector Administrativo y Financiero de la Esap, Germán Insuasty Mora; el subgerente Financiero de Fonade, Luís Eduardo Laverde Mazabel. Igualmente, la firma interventora de la obra, DPC Ingenieros S.A.S., y el contratista Óscar Daniel Garzón Forero.

En marzo pasado, estudiantes y representantes de la Veeduría Estudiantil se reunieron con funcionarios de la Esap y Fonade y les dijeron que tras una consultoría se determinó que el edificio era viable y que Fonade ejecutaría unos trabajos de reforzamiento estructural, que se iniciarían en junio, para continuar con la segunda fase. Sin embargo, las obras siguen paralizadas.

INTERVENTORÍA

La Procuraduría abrió investigación a los interventores de las obras contratadas para la construcción de las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, en Santa Marta, Magdalena, y Neiva, Huila. Se trata de Carlos Ernesto Perdomo, Carlos Javier Espitia y Javier Darío Santos.

Perdomo, Espitia y Santos son representantes legales de las empresas DPC Ingenieros S.A.S. que, según el Ministerio Público, ejerció labores de interventoría al contrato 052 de 2011 para la ciudad de Santa Marta, Daimco S.A.S. y Consorcio Constructores Asociados para el contrato 069 de 2013 en Neiva.

Precisamente, la Esap celebró el convenio 052 en 2011 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, para llevar a cabo las construcciones en Santa Marta y Neiva y, en desarrollo de estos proyectos, suscribió contratos para la interventoría de las obras con las mencionadas firmas.

El Ministerio Público investiga las razones por las cuales los interventores, al parecer, certificaron y recibieron a satisfacción proyectos que presuntamente no fueron ejecutados a cabalidad y que presentaban debilidades administrativas, técnicas y financieras.

En este sentido, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas y remitió el asunto a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales con el fin de que emita un informe técnico para determinar si las construcciones en Santa Marta y Neiva presentan falencias en su estructura y si los diseños cumplen con el Código Colombiano de Construcciones de sismorresistencia.

VEEDURÍA

Para la veeduría estudiantil el pronunciamiento de la Contraloría sobre los hallazgos fiscales en esta obra es crónica de una muerte anunciada. Destacan que se han pronunciado en múltiples ocasiones, “hemos puesto el dedo en la llaga al manifestar a los cuatro vientos toda la problemática que tiene en esa estructura, pero nosotros hasta el momento no nos hemos alarmados por la cifra que dice la Contraloría encuentra en la construcción de esa sede”.

Desde el 2013 tenemos un documento también de la Contraloría de 135 mil millones, sobre el cual le hemos manifestado a la Esap nuestras dudas, qué ha pasado con él, si al contratista lo llamaron, porque la última respuesta recibida fue la del mes de diciembre por parte del departamento jurídico de la institución nacional, el cual señala, que el contratista había cumplido con el cronograma y con el objeto del contrato, completamente diferente a lo que en el 2013 había dicho la Contraloría. Pero, se debe recordar que este ente del Magdalena, en su momento, encontró ciertos hallazgos, los cuales fueron remitidos para su investigación a Bogotá y hasta la fecha no hay pronunciamiento alguno.

“Todos los directores que han pasado por la Esap han usufructuado de estos recursos y por esto es que siempre han necesitado otrosíes y aplazamiento de las obras, porque la obra se ha convertido en una ‘vaca lechera’, todo el que llega quiere ordeñarla a su gusto para sacar su tajada.

Hemos iniciado acciones legales como medidas de control, finalmente lo que debemos como ciudadanos es denunciar de ahí para delante, dar parte los entes de control para que se den los resultados esperados, bien sea penales, administrativos o de cualquier otra índole, porque todas estas personas que han pasado por la Esap, denuncian que cuando los directores administran estos recursos y no hay dinero de dónde agarrar, cambian los estudios para volver a contratar, es una forma de sacar tajada, pues se recibe una obra que ya estaba contratada, que arrancó de la nada y sigue en la nada”.

*Se consultó al senador Honorio Henríquez, pero sus múltiples ocupaciones no le permitieron entregar sus comentarios sobre esta información.