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Crisis financiera en la Contraloria

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En estos momentos, el ente de control no cuenta con los recursos suficientes para completar su planta de personal. Solo cinco profesionales están a cargo de revisar una gestión que tiene un gasto de un billón de pesos.

La Ley 1416 expedida en el año 2010, por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal establece, que “a partir de la vigencia 2011, los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo distrito o municipio.

Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo”.

Con base en lo descrito en la Ley, los integrantes de la Comisión II del Concejo de Santa Marta programaron una sesión en la que participó la secretaria de Hacienda del Distrito, Kelly González; y el Contralor Distrital, Edilson Palacio Castañeda, teniendo en cuenta que dentro del Presupuesto 2018 la Alcaldía redujo los recursos destinados para el organismo de control.

El Contralor explicó a OPINIÓN CARIBE que, a raíz del recorte presupuestal dispuesto por la Alcaldía desde el año 2010, le faltarían al ente de control recursos importantes para garantizar un mejor funcionamiento.

Además, señaló, que la personería Distrital, que es un órgano del mismo nivel de la Contraloría, en cuanto a las partidas que le corresponden, tiene proyectado un presupuesto de 2.578 millones de pesos para la vigencia 2018. A diferencia de la Contraloría, que la Secretaría de Hacienda le destinó 1.576 millones de pesos.

Añadió, que “en total serían 510 millones de pesos lo proyectado para el año 2018. En el año 2010, por no aplicarse la norma, le bajó la base de liquidación a la Contraloría y al no aumentar, en los siguientes años fueron dándose conforme a la inflación como lo ordena la ley, pero con una base por debajo de la que realmente debía ser.

Si crecemos por la inflación, pero los gastos van por el IPC por encima de los ingresos, decrecemos hasta tal punto que en 10 años o antes habrá que reducir a menos de la mitad el personal de la Contraloría; y si llegamos a 5 años, creo que solo quedará el Contralor; es decir, que un órgano que está creado por la Constitución Política puede desaparecer”.

Pero esta situación no solo la atraviesa la Contraloría de Santa Marta, también Valle del Cauca, Yumbo y Palmira. Las sedes ubicadas en Ibagué y Soacha resolvieron su problema hace poco.

¿PARA QUÉ SON LOS RECURSOS?

Los recursos que destina el Distrito al órgano de control son necesarios para gastos de funcionamiento, por ejemplo, solo por concepto de arriendo cancelaban cerca de 84 millones de pesos a la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

“Ese dinero que nos daría la Alcaldía en cumplimiento de la Ley 1416 del 2010, nos daría recursos suficientes para comprar un inmueble y ahorrar esos recursos, que anualmente de manera histórica se ha generado como gasto de funcionamiento. Además, se busca modernizar la planta de personal”, dijo el contralor Distrital, Edilson Palacio Castañeda.

Las oficinas del órgano de control se encuentran ubicadas en la carrera 1 con calle 17 esquina. El inmueble fue entregado bajo arriendo, sin embargo, hace parte de procesos judiciales y no se sabe cuál será su futuro o quienes serán los herederos.

“Si los hijos de los antiguos propietarios ganan los procesos, la SAE debe entregarles el rendimiento económico a esos herederos; entonces, por esa razón nosotros no podemos recibir estos inmuebles sin pagar un solo peso. En cambio, si compramos un inmueble, inmediatamente liberamos año tras año cerca de 90 millones de pesos, lo cual me permite contratar el personal suficiente para tener cumplimiento cabal en nuestra labor: hacer buen control fiscal”, explicó el funcionario.

Kelly González, secretaria de Hacienda del Distrito.

FALTA DE PERSONAL

Actualmente hay 17 personas de planta en la Contraloría del Distrito, incluyendo al jefe de esta dependencia. “Esas personas no son suficientes ahorita mismo para controlar una gestión que presupuestalmente tiene un gasto de un billón de pesos en el Distrito.

Ese personal no es suficiente para hacer un control de cerca de 981 mil millones de pesos que se dieron en la vigencia anterior en cuanto al presupuesto del Distrito. Es decir, que de todo ese grupo de personas de planta, solo contamos con 5 auditores para cumplir con la misión, el resto de personal es apoyo para la gestión, pero no lo que corresponde a la entidad”, acotó Edilson Palacio Castañeda.

Los auditores no solo deben revisar lo que corresponde al Distrito, sino también, sus entes descentralizados. “Solo cinco personas para auditar todo ese universo, se pierde el control fiscal porque debe ser muy limitada la muestra para determinar cuáles serían los tipos de gastos o gestiones que deben darse para hacer el control como lo ordena la ley”, puntualizó el Contralor Distrital.

OBRAS BAJO LA ‘LUPA’ DE LA CONTRALORÍA GENERAL

La ciudadanía cuestiona la poca efectividad por parte de las instituciones del Estado en cuanto a las investigaciones que deben realizar para ejercer control en los territorios. Por ello, el funcionario sostuvo, que se encuentran ‘maniatados’ por no contar con los recursos suficientes para cumplir con su misión.

Razones por las cuales, todas las obras que se ejecutan y otras que ya se desarrollaron en la capital del Magdalena se encuentran bajo el control excepcional de la Contraloría General de la República. Así mismo, desde el nivel central investigan los contratos en los que la Nación aportó más del 50 % de los recursos.

Entre las obras analizadas se encuentran los puestos de salud del Distrito, los parques, la megabiblioteca, plan de Juegos Bolivarianos, Parque de la Equidad 2015 y demás.

También hacen parte del control excepcional obras como la Calle 22 y Avenida del Ferrocarril sector El Polvorín. “Fue un contrato de cerca de 13 mil millones pesos, con sus respectivos andenes hecho por el Sistema Estratégico de Transporte Público, pero son recursos, que su mayoría, viene de la Nación.

El Distrito solo aportó 1.300 millones de pesos, por tanto, al ser mayoritarios los recursos que provienen de la Nación, la competencia es generada por ley a la Contraloría General”.

La Contraloría Distrital tiene a cargo obras como el Estadio de fútbol y el sendero peatonal del Ziruma. “Lo que corresponde a gestión, a gastos y cosas diferentes a esas obras que hoy demandan control por parte de la ciudadanía samaria, también hacen parte de nuestra competencia”, manifestó el Contralor Distrital.

Sobre los temas de ejecución presupuestal y el pasivo que tiene el Distrito en estos momentos, Edilson Palacio Castañeda indicó, que “hay unos recursos que fueron aprobados por el Concejo como capacidad de endeudamiento para que tuviese el Distrito diferentes obras.

Edilson Palacio Castañeda, contralor Distrital.

Hoy, nosotros debemos analizar esos recursos para saber en qué fueron invertidos, porque si vemos que todo ese endeudamiento fue para el Plan Maestro de los Juegos Bolivarianos, entonces, no tengo competencia. Pero debemos analizar, que si el Concejo dio unas facultades para un endeudamiento y obtener unos recursos para que fueran invertidos de la mejor forma, hacia allá se direccionará el control fiscal”, afirmó el Contralor Distrital.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

En aras de llegar a un acuerdo, la Contraloría invitó a la Secretaria de Hacienda a iniciar mesas de trabajo para solucionar los inconvenientes. La funcionaria Distrital presentó excusas por no asistir, sin embargo, reprogramaron la reunión.

“La reunión se la pedí a la señora Secretaria a las 8:30 de la mañana, (viernes 10 de noviembre); en estos momentos son las 9:20 y no ha llegado, sería bueno que quede registrado también en esta entrevista, porque estamos dentro del marco de una decisión que se tomó en la Sesión que cursó en la Comisión Segunda del Concejo el pasado 8 de noviembre”, informó el Contralor Distrital.

POSIBLE PREVARICATO

En caso de no cumplir con lo estipulado en la Ley, se adelantarán las investigaciones correspondientes, porque la Secretaria de Hacienda habrá incurrido en el delito de prevaricato por omisión.

“El que no cumple la ley, prevarica, eso es lo que uno infiere. No estoy diciendo que esas sean las circunstancias, eso es lo que vamos a investigar. Aunque creo que no vamos a llegar a ese nivel; confío en las circunstancias y que el ambiente está dado para que se entre en razón y se dé aplicabilidad a lo que dice la Ley”, concluyó el contralor Distrital, Edilson Palacio Castañeda.

NOTA DE REDACCIÓN: Al cierre de la edición la Secretaria de Hacienda del Distrito,  asiste al despacho del Contralor quien la citó por segunda vez. Los resultados de esta reunión se conocerán en nuestra próxima edición.

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