Fiscalía procesa a Drummond por daño ambiental

A puerta cerrada se desarrolla audiencia contra la Drummond por el hundimiento de la barcaza en el mar en el año 2013. El abogado de la multinacional informó no estar autorizado para hablar sobre este caso.

Es importante recordar que, en abril del 2013, en medio de una maniobra de zarpe de un buque se presentó el hundimiento de una barcaza conocida como ‘La Ballena’, la cual ayudaba a las obras del muelle que estaba construyendo la multinacional. El hundimiento de la barcaza ocasionó el derramamiento de 50 galones de ACPM en el mar.

Cabe recordar que en diciembre de 2013 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) multó a la Drummond por $6.965 millones y le ordenó realizar un trabajo social y comunitario, que incluye la limpieza de las playas de la bahía de Santa Marta. Desde el 3 de enero de este año, la empresa tuvo que dejar de utilizar el sistema de carga a través de barcazas y fue obligada a construir un puerto para tener un sistema de carga directo. Así lo estableció la ANLA el 1º de enero de 2014.

EL PROCESO

En febrero de 2014, ante el juzgado 52 de garantías, un fiscal de la Unidad de Medio Ambiente imputó cargos en contra de seis personas, entre directivos y operarios de la multinacional American Port Company Inc. Drummond Ltda, por haber incurrido, supuestamente, en los delitos de daño al recurso natural y contaminación ambiental, en calidad de autores bajo la modalidad culposa.

Los hoy imputados están relacionados con los hechos ocurridos el 13 de enero de 2013, cuando una barcaza de la multinacional presentó semihundimiento en el puerto carbonífero de la bahía de Ciénaga, en Santa Marta, motivo por el que presuntamente los directivos de la junta de oficiales ordenaron a los operarios arrojar al mar entre 600 y 1.800 toneladas de carbón; incumpliendo lo establecido en el plan de emergencia y contingencia trazado por la misma compañía.

En la exposición, el ente acusador explicó que con el vertimiento del mineral al lecho marino se produjo el aplastamiento de los organismos existentes en la zona, así como emisiones de contaminación reflejadas en cambios de color en las playas, y poca o ninguna entrada de luz, lo que se traduce en daño irreversible al ecosistema.
Dada esa situación, la Fiscalía estableció que se configuran los delitos antes mencionados y de ellos, serían responsables tanto los seis miembros de la junta de oficiales como los dos operarios.

Posterior al vertimiento, se realizó el arrastre de la barcaza por una zona de cuatro kilómetros generando daños al lecho marino. Por este solo hecho los directivos de la multinacional también fueron imputados por otro cargo de daño al recurso natural.

De acuerdo con los informes aportados por los investigadores, la vida marina, el ecosistema del caribe colombiano en ese sector no se podrá recuperar antes de 30 o 40 años.

Los imputados en ese momento fueron: José Luis Velásquez Hernández, gerente de operaciones marinas de la multinacional; Javier Antonio Jácome Mendivial, superintendente de operaciones de puerto; Juan Carlos Flórez Céspedes, superintendente asistente de operaciones marinas; Paulo César Cárdenas, líder de operaciones marinas; Juan Carlos Urieles Hernández y Raúl Olivella Castillo, operarios de grúa de la Drummond.