¿Qué necesita el sistema educativo?

Protestas y presupuestos

Marcela Escandón

Es común que las protestas sociales y manifestaciones en las calles sean lideradas por los estudiantes. Esto sucede en todo el mundo. En ocasiones, estas marchas responden a decisiones de los gobiernos con las que no están de acuerdo los jóvenes. Otras veces, buscan llamar la atención por causas específicas, como la oposición a episodios de violencia. Pero casi siempre, responden a inconformidades con las políticas educativas, y más puntualmente, con el presupuesto asignado a la educación. Colombia no es ajena a este fenómeno, y a pesar de la estigmatización que ha sufrido la protesta social, todavía los estudiantes salen a las calles a exigir que el gasto del Estado se reoriente hacia la educación.

En 2011, por ejemplo, los estudiantes lograron presionar al gobierno a través de una serie de marchas, suficientes para que retirara una propuesta de reforma a la educación superior. Con ese antecedente exitoso en mente, las protestas del mes de octubre de 2018 en las principales ciudades del país se llevaron a cabo sin mayores contratiempos y lograron importantes efectos: el Gobierno Nacional anunció reuniones con rectores y prometió un billón de pesos adicionales a lo ya contemplado para el sector educativo en el Presupuesto General de la Nación presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República.

En efecto, el total de recursos de la nación para inversión y funcionamiento el próximo año sumarían $259 billones. Los sectores con más recursos de este monto son educación y defensa. El primero con $37.5 billones. Sin embargo, los distintos actores del sistema, en especial estudiantes, docentes, rectores y otros expertos, señalan, que los anuncios no son suficientes y que la educación, en especial la superior, pronto va a colapsar. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué no es suficiente el dinero ya presupuestado? ¿Cuánto se necesita y en qué debe invertirse?

CRÍTICA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Las universidades públicas están desfinanciadas, en déficit. Eso es lo que se reclama en las marchas y se denuncia a través de los medios de comunicación. “Desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, la cual estableció los actuales lineamientos y regulaciones de la educación superior en Colombia, se inició un proceso en el que se gestó una brecha financiera en las universidades públicas. Sus representantes aseguran que ya no pueden soportarla.

Mientras, la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que las ha llevado a un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones. “Nos vamos desfinanciando paulatinamente”, dijo Dolly Montoya, rectora de la Nacional a un importante medio de comunicación. Entonces, para comprender esta situación debe tenerse en cuenta que las universidades públicas del país reciben apenas el 10 % del presupuesto total del sector y que la mencionada Ley 30 estableció que el crecimiento de este presupuesto para las universidades públicas sería de al menos 1 punto por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Es por esto que el déficit de la educación superior en este país es de 3.2 billones de pesos (equivalentes a 1.009 millones de dólares), cifra que representa nada más lo que se necesita en términos de funcionamiento. A ello debe sumarse, por ejemplo, el presupuesto urgente necesario para mejorar la infraestructura de las instituciones es de 15 billones de pesos (correspondientes a 4.733 millones de dólares).

EL PRESUPUESTO MÁS ALTO EN EDUCACIÓN, PERO…

Son 37.5 billones de pesos que destinados para el Ministerio de Educación para 2019. Voceros del Gobierno han resaltado que este presupuesto nunca había sido tan alto. Adicionalmente, el propio presidente de Colombia, Iván Duque, y los rectores de las universidades firmaron un acuerdo con el cual se comprometen a garantizar el incremento gradual de recursos. Duque se comprometió, además, a que las transferencias de la nación para el sector crecerán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más tres puntos porcentuales en el 2019.

¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no es suficiente? Nuevamente, porque no todo ese dinero se va para las universidades y la mayoría es para pagos de obligaciones por funcionamiento, incluyendo el pago de pasivos pensionales. Por si fuera poco, apenas poco más del 3 % se va en inversión en calidad de la educación. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun. La situación es tan delicada que es posible que se presenten cierres de universidades.

Otras críticas corresponden a que el incremento en el sector Defensa debería trasladarse a educación, salud y otros servicios al ciudadano. Además, que los créditos del Icetex plantean condiciones desfavorables para los estudiantes y que recibe recursos para lo que en últimas no deja de ser créditos, en lugar de ser apoyos directos a los jóvenes.

Y EL BILLÓN ADICIONAL, ¿POR QUÉ NO ES SUFICIENTE?

Otro de los anuncios importantes en el marco de las protestas es que se destinará 1 billón de pesos del Presupuesto Bienal de Regalías a educación superior. Los recursos deben ser conseguidos por parte del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Mhcp), pues no están aún disponibles. Sin embargo, a pesar del anuncio, esto debe tener en cuenta que son los gobiernos locales los que deciden la distribución de los recursos de regalías en las regiones a través de los órganos colegiados denominados Ocad. Además, estos recursos tienen restricciones a la hora de establecer su destinación, y únicamente podrían invertirse en infraestructura.

¿CUÁL ES EL GASTO PÚBLICO DE COLOMBIA EN EDUCACIÓN? ¿ES SUFICIENTE?

“La transición de
Colombia hacia la paz
y hacia niveles más altos de desarrollo depende de muchos factores, pero ninguno será más importante para el futuro del país que su capacidad
para construir un sistema educativo sólido. Colombia
tiene muchas ventajas;
tiene una población joven, abundantes recursos naturales y una economía
abierta. Transformar este potencial en la base de un crecimiento sólido e incluyente requerirá niveles
más altos de aprendizaje
y de competencias.

Ahora bien, no debe desconocerse que en las últimas dos décadas, el sistema educativo colombiano ha experimentado una transformación fundamental. Sin embargo, aún hay mucho por mejorar, en especial, en materia de gasto público en educación. Así lo muestra la Ocde y su diagnóstico sobre la educación en Colombia. El cual se cita a continuación para mostrar las principales cifras y hallazgos al respecto:

“El acceso a la educación ha sido una prioridad, con políticas ambiciosas que buscan incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar los servicios educativos a todos los rincones del país. En solo una década, la esperanza de vida escolar ha aumentado dos años, y la participación en la Atención Integral y Educación de la Primera Infancia (Eiaipi) y la educación superior se ha incrementado en más del doble; hasta el 40 % y 50 % respectivamente. Un mayor enfoque en los resultados del aprendizaje ha conducido a grandes reformas de la profesión docente y al establecimiento de un sistema de evaluación sólido.

Una mejor gestión y distribución de los fondos ha sentado las bases para tener un sistema más eficaz y satisfacer las necesidades de un país tan diverso. Las consultas nacionales sobre la reforma educativa han despertado un fuerte compromiso de la sociedad para mejorar el sistema. En conjunto, estas políticas han llevado al sistema educativo colombiano a un punto de inflexión, justo antes del posconflicto. Colombia actualmente enfrenta dos retos cruciales: cerrar las brechas existentes en términos de participación y mejorar la calidad de la educación para todos. (…)”.

Lo que se necesita, entonces, en materia de financiación es garantizar una financiación adecuada y efectiva para la educación. Colombia afronta múltiples necesidades de financiación en un momento de desaceleración del crecimiento económico. En comparación con la mayoría de países de la OCDE, pero en común con otras economías emergentes, Colombia aún necesita financiar una considerable ampliación de las matrículas, en particular, en los niveles de preescolar y posteriores a la primaria. Simultáneamente, se necesitan más recursos para financiar las mejoras en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Colombia también debe buscar la manera de reducir los altos índices de desigualdad tanto para el acceso como para la calidad en comparación con los países miembros de la OCDE, además de otras naciones de América Latina.

Para satisfacer estas demandas se requerirán niveles adecuados de financiación pública para la educación, mayor eficacia y efectividad en el uso de los recursos y coherencia entre las políticas, con el fin de garantizar que el impulso para la excelencia no acentúe las desigualdades y que las mejoras en acceso y calidad se fortalezcan mutuamente. La experiencia internacional muestra que con las políticas adecuadas, los países pueden progresar en los dos frentes y alcanzar retribuciones altas de sus sociedades y sus economías.

MOVILIZAR LOS FONDOS ADECUADOS PARA LA EDUCACIÓN

A pesar del incremento de la inversión en los últimos años, la financiación pública para la educación en Colombia está por debajo de otras economías emergentes de América Latina y el gasto per cápita está muy por debajo del promedio de la OCDE. Continuar con la expansión de la base de recursos públicos para la educación, así como emplear fondos adicionales y mejorar la efectividad del uso de los recursos, será importante si Colombia desea alcanzar sus ambiciosas metas educativas.

Colombia destina una parte considerable y creciente de recursos nacionales a la educación. En el 2011, el gasto total (público y privado) en todos los niveles educativos ascendió al 6.7 % del PIB, una cifra ligeramente superior al promedio de la OCDE del 6.1 % (OCDE, 2014a). Entre 2000 y 2013, el gasto del gobierno en educación aumentó del 3.5 % del PIB al 4.9 % (Unesco-UIS, 2015). Esto ubica a Colombia en un punto medio de la referencia internacional, entre 4 % y 6 %, de gasto público en educación en las economías en desarrollo y emergentes, por encima de Chile (4.5 %), pero por debajo de Costa Rica (6.8 %), Brasil (6.3 %), y México (5.1 %) (Unesco-UIS, 2015). En los países de la OCDE, el gasto público promedio en educación fue del 5 % en 2011 (OCDE, 2014a).

El aumento repentino del gasto privado sugiere que los fondos públicos no han podido mantener el ritmo de la creciente demanda de educación en Colombia. Entre 2005 y 2011, el gasto privado aumentó en un 31 %, equivalente al 35 % del gasto total en educación, más del doble que el promedio de la OCDE (16 %) y cercano al alto nivel de gasto privado de Chile (40 %) (OCDE, 2014a). Al igual que en Chile, la mayor parte del gasto privado en Colombia proviene de los hogares y es particularmente alto en los niveles de preprimaria y educación superior, donde representa el 56 % y 46 % de todos los recursos (comparado con los promedios de la OCDE del 31 % y 19 %). Como se muestra en los capítulos posteriores, este alto volumen de fondos privados influye en las marcadas desigualdades en el acceso a la educación en la primera infancia y en la educación superior en Colombia.

El gasto público por estudiante en Colombia está muy por debajo del promedio de la OCDE y del de otras grandes economías emergentes en América Latina. Esto aplica para todos los niveles, pero en particular, para la educación media y la educación superior, (…) lo cual es especialmente preocupante porque según el análisis de la OCDE muestra que la excelencia en educación requiere mucho más que recursos financieros (OCDE, 2013)”.

ENTONCES, EN CONCLUSIÓN, ¿QUÉ SE NECESITA PARA SUPERAR LA CRISIS?

Se necesita más dinero, por supuesto. Pero se necesita inversión estratégica y efectiva. No se trata de tener cualquier recurso, para cualquier rubro. Se trata de identificar las principales fallas y necesidades de mejora, lo cual puede variar según la institución. Por lo pronto, lo más urgente es atender los llamados de alerta de la desfinanciación. Las instituciones están en déficit y las demandas de los estudiantes, docentes y rectores son legítimas. Los países con mejores prácticas no solo tienen mucha más inversión pública en educación que Colombia, sino que los recursos se distribuyen más allá del financiamiento, pensando en innovación, cobertura y calidad. Para ello se debe trascender el enfoque de crédito para garantizar cupos educativos que realmente predominante respondan a la demanda creciente de jóvenes interesados en la educación superior. Se requiere también el fortalecimiento de capacidades institucionales en los entes territoriales para generar incentivos a la inversión local en educación.

En conclusión, Colombia ha tomado un buen camino gracias al aumento sustancial de los recursos que directamente van al sector educación. No es menor el hecho de que desde el Gobierno anterior, la educación pasara a ser el mayor rubro del presupuesto nacional. Sin embargo, como se ha anotado, aún persisten retos enormes si se quiere cumplir la ambiciosa meta de llegar a ser “la mejor educada de América Latina en 2025”.

¿Cuáles son las instituciones de educación superior colombianas?

En Colombia existen aproximadamente 288 instituciones de educación superior, las cuales ofrecen programas académicos y vocacionales, divididas en 4 tipos principales:

• Las universidades corresponden al 28 % de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas académicos de pregrado y posgrado.
• Las instituciones universitarias representan el 42 % de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas profesionales de pregrado y especialización (superior al pregrado e inferior a la maestría).
• Las instituciones tecnológicas representan el 18 % de todas las instituciones de educación superior, con una oferta de programas técnicos que ofrecen conocimientos y competencias de alto nivel en la misma área temática.
• Las instituciones técnicas profesionales representan el 13 % de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas de formación profesional para trabajos u ocupaciones específicos (MEN, 2015a).
• Otros proveedores y programas específicos también ofrecen educación superior. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ofrece la mayoría (58 %) de programas técnicos y tecnológicos de educación superior, aunque funciona de forma independiente del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015a)
• Asimismo, en el año 2003 se introdujeron los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres) para ampliar el acceso en áreas subatendidas y regiones remotas. En 2013, había 155 centros, con 36.168 estudiantes matriculados.

Fuente: Education in Colombia © 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), París., p.28.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies)2, en 2017 la matrícula total en educación superior alcanzó 2 millones 446 mil estudiantes, es decir, 225.662 cupos fueron generados durante los años 2015, 2016 y 2017. Ahora bien, analizando por nivel de formación, la matrícula en maestrías tuvo el mayor incremento en el cuatrienio, con un 40.4 %, seguido por doctorado, con el 37.1 % y especialización, con 5.4 %.

Fuente: MEN (2018) Informe de gestión.