Procuraduría abrió investigación a exministra de Ambiente y exdirectora de la ANLA

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la exministra de Ambiente y exdirectora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Luz Helena Sarmiento Villamizar, por presunta irregularidad administrativa relacionada con la prestación de servicios profesionales al Concesionario Ruta del Sol II, meses después de salir del cargo público.

El ente de control investiga la presunta violación de la restricción que tenía la exfuncionaria de no prestar, en el término de dos años, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo como ministra de Ambiente y directora de la autoridad nacional, prohibición contenida en el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de determinar la existencia de posibles faltas disciplinarias, verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio que se pudo causar a la administración pública.

Procuraduría abrió investigación a exministra de Ambiente y exdirectora de la ANLA

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la exministra de Ambiente y exdirectora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Luz Helena Sarmiento Villamizar, por presunta irregularidad administrativa relacionada con la prestación de servicios profesionales al Concesionario Ruta del Sol II, meses después de salir del cargo público.
El ente de control investiga la presunta violación de la restricción que tenía la exfuncionaria de no prestar, en el término de dos años, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo como ministra de Ambiente y directora de la autoridad nacional, prohibición contenida en el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de determinar la existencia de posibles faltas disciplinarias, verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio que se pudo causar a la administración pública.