E.S.E. es el dueño

Paola Ramírez Caballero

Actualmente se han dado a conocer una serie de irregularidades que involucran a la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’. Anomalías que no son nuevas y que OPINIÓN CARIBE denunció en 2013 en su edición 29 y que después de cinco años parece que todo sigue igual. Johan Montenegro Villero, sigue como protagonista de esta historia que afecta a la red pública del Distrito, administrada en los últimos años por seis gerentes: Juan Carlos Illidge Escorcia, Gregorio Domínguez, Benjamín Guardo Del Río, Albeiro Otero Pérez, Edgardo Charris Salcedo y Ómar Suárez Prasca.

“La Alcaldía no le dio en ese momento el cargo a quien ganó el concurso de gerente (año 2014), montaron gerentes que eran de encargos, hacían lo que ellos querían, no implementaban los planes de acción dispuestos por el Gobierno Nacional. Ellos duraban hasta seis meses, entraban y sacaban lo que tenían que sacar para sus bolsillos”, denunció Graciela Maestre.

A esta larga lista de presuntas irregularidades contra la E.S.E. se suma una nueva denuncia que involucra al actual gerente, Ómar Suárez Prasca, acusado el cinco de mayo de 2018 por peculado y prevaricato por acción ante la Fiscalía General de la Nacional y Procuraduría General de la Nación.

La presidente del Sindicato de Trabajadores de la E.S.E. Graciela Maestre Rivera, reveló, que el gerente Suárez Prasca, dio destinación diferente a los recursos consignados en los fondos de pensiones y cesantías de los trabajadores de la institución de salud para pagos a otras entidades de orden privado y gastos de funcionamiento, incurriendo así en los delitos de peculado por aplicación oficial y prevaricato por acción tipificados consignados en la Ley 906 de 2004.

Para el 2017, el gerente de la E.S.E. Ómar Suárez Prasca firmó un contrato por 297 millones de pesos con la Organización Empresarial Pública Ltda., cuyo representante legal es María Valbuena Gómez, para gestionar administrativamente ante los fondos de pensiones Porvenir Cesantías, Protección Pensión, Protección Cesantías, Nueva EPS y Coomeva, la devolución de los dineros cancelados por cesantías retroactivas de los empleados de la entidad prestadora de salud desde 1992, los cuales ascendieron a 3.900 millones de pesos.

De acuerdo con los soportes de la denuncia el saldo vigente entre el 2012 – 2016 en la entidad Porvenir Cesantías estaba alrededor de los $5.107.116.616; mientras que en Protección Cesantías oscilaba en $147.965.178 para un total de $5255.081794. En este sentido, Porvenir le devolvió del saldo adicionado a presupuesto cerca de $3.500.000.000; y Protección $120.000.000, para un total de $3.620.000.000. Del Fondo de Cesantía retroactiva hubo un aporte de $1.636.081.794.

Por otra parte, de la entidad Protección – Pensión el saldo vigencia 2012 – 2016 ascendía a $102.305.440; Nueva EPS, $13.868.840; y Coomeva, $63.802.074, para un total de $5.371.256.074.

En la cuantificación se logra analizar que este recurso no logró cubrir la totalidad por concepto de cesantías retroactivas, además, fue usado una parte del recurso en fondo para el pago de las cesantías vigencia 2017.

El valor de la cesantía retroactiva para 35 empleados equivale a $2.472.183.066; valor en fondo a 31 de diciembre de 2017, estaba en $1.635.081.794; el valor pagado de cesantías vigencia 2017, $800.000.000; y el valor en fondo a 31 de marzo de 2018 estaba en $835.081.794.

Dicho movimiento económico generó, según la denuncia instaurada ante entes disciplinarios y judiciales, un déficit superior a los 1.600 millones de pesos para cubrir el pago de las cesantías retroactivas con corte al 31 de diciembre de 2017 cuyos beneficiarios son 35 trabajadores. “Este grupo de trabajadores viene desde 1992; el profesional que menos recibía tenía un monto de 80 millones de pesos de retroactividad”, precisa Graciela Maestre.

La resolución No. 0495 del 01 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia de la E.S.E. por medio de la cual se realizan adiciones y modificaciones al presupuesto de ingreso y gastos, vigencia fiscal 2017, según la líder sindical, podría ser catalogada como un prevaricato, porque la motivación utilizada para hacer los traslados presupuestales de dineros de destinación específica para atender los gastos atinentes a servicios personales indirectos, es decir, gastos de funcionamiento, que en últimas deben cubrirse con recursos propios recaudados de la actividades empresariales.

Los 3.900 millones de pesos obtenidos por la Gerencia de la E.S.E. de las cesantías retroactivos, según Maestre, fueron aplicados al pago de las cooperativas Servisalud, Agape, y Facturas y Procesos de la Costa. “El gerente sacó el recurso de las cuentas globales del Fondo de Cesantías Retroactiva, pagó las primas, y el resto se lo dio a las cooperativas”, denuncia la Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la E.S.E.

De acuerdo con las denuncias hechas por OPINIÓN CARIBE en la edición 29 de 2013, Johan Montenegro Villero en ese entonces fungía como el representante legal de la cooperativa Servisalud del Caribe SAS, máximo proveedor de personal médico y asistencial del Distrito y que se benefició con los 3.900 millones de pesos apropiados de las cesantías de retroactivo.

Según la denuncia interpuesta ante los entes disciplinario y judiciales, la adición presupuestal de ingresos por concepto de otros recursos capital fue de $3.999.976.354 millones de pesos de los cuales $3.620.000.000 correspondían a cesantías. Para gastos de funcionamiento fueron destinados $3.999.976.354; es decir, la totalidad de los ingresos que fueron distribuidos así: para los servicios personales indirectos fueron pagados $1.796.666.335; en gasto general fueron asignados $2.123.310.019; y en cuentas por pagar, $80.000.000. También fueron pagados por el apoyo médico asistencial $2.445.233.975; primas de Navidad, $492.053.223; servicios facturadores $294.819.744; y servicio de aseo $341.513.840.

Los recursos consignados por concepto de retroactivo tienen una destinación específica para garantizarle a los empleados los recursos por sí la empresa entra en proceso de liquidación. “Este es el riesgo que corre la E.S.E. que en este momento presta un mal servicio a la comunidad por la falta de insumo, las glosas que generan las EPS por el deficiente servicios sumado esto a la crisis nacional y en cualquier momento la Supersalud podría intervenirla, si eso sucede de dónde van a pagar la retroactividad de esas cesantías, esos recursos estaban garantizados, pero se los apropió el gerente”, enfatiza Maestre Rivera.

La E.S.E. tiene a cargo la prestación del servicio en la baja y mediana complejidad, es decir, desde la promoción y prevención, consulta externa, urgencia de primero y segundo niveles de atención.

EXORBITANTES PAGOS

No solo en la educación existen estudiantes fantasmas, en la salud y en este caso en la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’, también. Denuncia el sindicato de Graciela Maestre que pagan contratos a trabajadores que solo aparecen en la nómina de las cooperativas: Servisalud del Caribe SAS, Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., y Agape Servicios.

“En la Clínica La Castellana, la entidad de salud paga por personal cirujano sin que este servicio se preste desde hace dos años en la policlínica, asimismo sucede con las altas sumas de dinero que cancela por el personal médico y asistencial”, explica Maestre.

Según información suministrada por el Sindicato de Trabajadores de la E.S.E. en La Castellana la entidad de prestación de servicios médicos cancela a la cooperativa mensualmente por dos anestesiólogos $ 30.627.170.00, es decir, cada uno devenga un salario de $15.313.585.00, pero la realidad es otra, el especialista en salud solo percibe $7.000.000.00; las cuatro instrumentadoras que aparecen en la nómina devengan en la nómina de la cooperativa $3.485.184,00 cada una, pero ellas solo reciben $1.300.000. “Se pagan endodoncista, cirujanos, anestesiólogos e instrumentadoras sin hacer cirugías, un coordinador, que es una enfermera, a quien le pagan 200 mil pesos más de sueldo, eso va causando un detrimento de cinco en cinco que sirven para medicamentos”, denuncia Graciela Maestre.

La. E.S.E. les paga a las cooperativas por cada enfermera $3.920.831.00 de los cuales cada una devenga un salario de $735.000; por una enfermera jefe $3.049.536.00, pero esta devenga un salario de 1.470.000.00; la fisioterapeuta gana $1.200.000, pero a la cooperativa le cancelan por este cargo $3.049.536; por dos médicos de hospitalización pagan $10.891.194.00: nutricionista $3.267.359.00; por cuatro técnicos radiólogos $13.069.436.00 de los cuales cada uno tiene un salario de $1.220.000; cuatro regentes de farmacia, $13.940.736.00; un epidemiólogo $8.567.428, monto del cual recibe 2.500.000.00; una auditora de odontología $7.188.188.00, recibe de este recursos 2.500.000. una trabajadora social devenga $4.367.700.00; médico odontólogo endodoncista, $4.487.166.00, que desde hace dos años no está contratado.

El valor mensual que paga la E.S.E, por 44 empleados de la nómina de Servisalud del Caribe SAS asciende a los $192.989.531.00, pero a esta entidad solo le cuesta $17.925.000.00; es decir, que la cooperativa obtiene una ganancia mensual de $175.064.531.

“Cuando pasan las facturaciones, los supervisores de los contratos deben dar el visto bueno, el Subgerente Asistencial de la E.S.E. autoriza la de Servisalud y las de Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., y Agape Servicios, las autoriza el Subgerente Administrativo y Financiero”, indicó la presidenta del Sindicato de la E.S.E.

Por diez turnos de facturación 24 horas en los puestos de salud Bastidas, IPC Paz, Gaira, Mamatoco, Taganga y Bonda, pagan a la cooperativa Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., $83.891.813.00 mensuales; ocho horas de consulta externa PyP por 24 turnos $39.628.872.00; servicio central de citas 8 horas por 15 turnos $24.768.045.00; un coordinador central de citas por $5.193.303; un turno de facturación de la clínica La Castellana (4) $8.389.181.00; admisión clínica La Castellana, 1 turno (4) $8.389.181.00; facturación 2: $3.302.406.00; soporte de facturación 1: $2.130.585.00; servicio de enlace proceso de facturación 1: $3.728.525.00; auditores en el apoyo del proceso de facturación 1: $6.845.893.00; plan de contingencia 1: $8.389.181.00.

Esta nómina tiene un valor mensual para la E.S.E. de $194.656.982.00, pero a Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., le cuesta $56.408.639.00, obteniendo una utilidad de $1.038.248.343.

Por otra parte, la cooperativa Agape recibe mensualmente por el servicio de aseo e insumo $210.723.712.00 de los cuales paga una nómina de $37.721.223.00, obteniendo una ganancia de $1.073.002.489.

El total de los gastos de funcionamiento y planta de personal pago por al E.S.E. en facturación asciende a $194.656.982.00; en vigilancia $62.500.000.00; en aseo $210.723.713.33; asistencial Castellana $192.989.531.00; asistencial otros centros $641.137.396; conductores $70.262.163.00, para un total de $1.372.269.785.33.

Por órdenes de prestación de servicios por concepto de honorario la E.S.E. paga $144.370.979.30; por concepto de remuneración de servicios técnicos $31.282.148.00; y por mantenimiento, $13.050.000.00 para un total de $1.088.703.127.30.

El total de los gastos personales de planta asciende a $707.083.008.33; en personal tercerizado, $1.372.269.785.33; por OPS $1.088.703.127.30, para un total de $2.268.055.920.97. es decir, que según las pruebas entregadas por el Sindicato de Trabajadores de la E.S.E., la entidad paga el doble de los recursos a las cooperativas.

Además, deja en evidencia que en la zona rural existen 22 conductores para cuatro ambulancias por turnos de seis horas. La líder sindical señala, que en apoyo de transporte administrativo se desconoce esta persona porque la E.S.E. cuenta con dos conductores de planta, además, la cooperativa suministra cinco mensajes de ocho horas, cuando existen dos contratados directamente. Existe un rubro para el combustible de las motocicletas de los mensajeros, pero este recurso no se les desembolsa a ellos.

Aunque, existe un contrato por $18.184.948.00 por 24 horas con la cooperativa Agape para la lavandería en La Castellana, pero según Maestre, desde hace dos años las lavadoras no funcionan, a lo que se suma otro contrato por $23.521.068.00 suministro de lavandería en la policlínica.

“La tercerización es ilegal, en la junta directa se le dijo al gerente que se acaba este método, pero no acata la orden, porque todo el recurso se lo llevan las cooperativas, además, se convierte en un detrimento porque existen contratos por servicios que no se están prestando”, afirma Maestre.

Actualmente, en la Procuraduría General de la Nación, investigan las presuntas irregularidades que se dan en la E.S.E. relacionada con la financiación de campañas de dirigentes políticos de la ciudad con recursos de la salud.

Carrillo Flórez señaló, que también son objeto de indagación presuntas irregularidades en la suscripción de contratos directos en los últimos años por más de $9.500 millones, sin cumplir el requisito de la pluralidad de oferentes.

Indicó, que “al parecer existen contratos asignados a empresas de papel o en liquidación, a empresas que no tienen músculo financiero o la idoneidad requerida”.

Advirtió, además, que la Procuraduría indaga el presunto uso de los recursos de la salud en cesantías retroactivas y contratación de personal misional mediante una tercerización indebida, vulnerando los derechos de los trabajadores.

Amanecerá y veremos hacia donde llegaran los resultados de las investigaciones que adelanta la entidad disciplinaria y las jurídicas.