Connect with us

Nación

Estado no le pagará a los corruptos obras ejecutadas

Avatar

Published

on

La decisión más importante que adoptaron los magistrados fue declarar exquible de manera condicionada la aplicación retroactiva del artículo 20 de la Ley 1882 del 2018. Esta norma estableció una fórmula para la liquidación de contratos que fueran declarados nulos por corrupción, la cual resultaba a ojo de los críticos, sustancialmente beneficiosa para los contratistas, sin importar si eran de buena o de mala fe. Las reglas nacieron aplicables para los contratos de Asociación Público Privada (APP) y tienen un carácter retroactivo a todos los pleitos de concesión vial que estén vivitos y coleando.

Esta retroactividad fue bendecida por la Corte Constitucional, que condicionó su interpretación a que solo se deben proteger a los inversionistas, acreedores y financiadores de buena fe. «Se excluyó la posibilidad de hacerle reconocimientos por costos, gastos e inversiones a quienes hubieran actuado de mala fe y hubieran dado origen a la causal de nulidad absoluta del contrato», explicó la magistrada ponente Cristina Pardo.

Para llegar a esta conclusión, la Corte hizo una integración de la unidad normativa y estudió todo el artículo 20, incluyendo allí apartes no demandados. Los magistrados aseguran que la regla general que lleva aplicando el Consejo de Estado es que no se hacen estos reconocimientos a contratistas que actuaron a sabiendas de la ilictud. De modo que sobre este punto se hicieron énfasis para que esta línea jurídica se mantuviera intocable a futuro. «La corrupción no genera derechos», indicó la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, quien además explicó que para aplicarse deberá estar desvirtuada la mala fe del contratista o el socio del contratista por sentencia judicial.

La decisión también declara inexequible la posibilidad de que le Estado pague por las penalidades que surgieran de la terminación anticipada del contrato. El articulado que salió del Congreso indicaba que el Estado no podría hacerse cargo de estos costos “salvo si están asociados al pago de crédito, ‘leasing’ financiero, o a la terminación del contrato de derivados de cobertura”. La postura de Pardo, que fue avalada por la sala, es que la excepción no tiene relación con el “interés público” y sería darle un aval al “ejercicio abusivo de los derechos del contratista”.

Un punto clave en el debate jurídico fue la petición del excontralor y del procurador Fernando Carrillo, de ajustar la fórmula de liquidación, ya que en ella se reconocía el “valor actualizado” de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista, lo cual generaba una doble actualización del reconocimiento. La ponente iba con esta postura pero terminó cambiando de opinión después de escuchar al grupo de expertos citados a la Corte Constitucional.  Al final, esta decisión no estuvo en la parte resolutiva, y aunque se hicieron claridades de interpretación en la parte motiva, las conclusiones se desconocen.

La decisión adotpada por la Corte Constitucional golpea por partida doble a quienes sean responsables de estas conductas ilícitas en contratos de APP. Esto, en razón a que la misma Ley de Infraestructura incluye una cláusula con la que el concesionario responsable o sus integrantes deberían pagar un porcentaje del 5 por ciento del valor del contrato como sanción, en caso de que no existieran cláusulas sancionatorias explícitas.

 

Tomado de: Semana

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply