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Bonos de agua

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Esta modalidad fue perjudicial para los gobiernos locales y para la ciudadanía en general, pues las obras no se llevaron a cabo, los municipios siguen pagando sumas millonarias y la gente no tiene acueducto ni alcantarillado.

Por: Marcela Escandón

En 2018 se desató una gran polémica: el recién posesionado presidente Iván Duque nombró como su ministro de Hacienda a Alberto Carrasquilla, quien, en 2008, como ministro de la misma cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe, impulsó la creación de unos bonos de deuda para que los municipios de Colombia financiaran obras de acueducto y alcantarillado. Poco tiempo después, siendo ya un exministro, creó una empresa que gestionó los mismos bonos cobrando, según denuncias periodísticas, altos intereses por su labor y las asesorías. Son los controversiales bonos de agua, o como se les conoce recientemente, los ‘bonos Carrasquilla’.

Pero… ¿en qué consisten  los bonos de agua?

Antes de analizar las causas de la controversia política, es importante dejar bien claro en qué consisten estos bonos. Los bonos de agua son un método de endeudamiento que le permitió a 117 municipios del país adquirir recursos que no tenían para la construcción de acueductos y alcantarillados, poniendo como respaldo de pago el dinero que en el futuro recibirían por parte del Gobierno central, más específicamente, del Sistema General de Participaciones.

El Sistema General de Participaciones es el esquema establecido en la Constitución Política de Colombia para garantizar que el Gobierno Nacional le transfiera a los distintos entes territoriales (departamentos, municipios y distritos, incluso entidades territoriales indígenas) los recursos económicos suficientes para asegurar la prestación de los servicios a su cargo, dándole prioridad “al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre”. (Artículo 356).

Los porcentajes de distribución de esas transferencias son los siguientes:

  1. “Un 58.5 % corresponderá a la participación para educación.
  2. Un 24.5 % corresponderá a la participación para salud.
  3. Un 5.4 % corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico.
  4. Un 11.6 % corresponderá a la participación de propósito general». (Artículo 4, Ley 715 de 2001).

Entonces, como los municipios tenían garantizada la llegada de esos recursos a sus arcas en el futuro, pero no tenían el dinero en ese momento, tuvieron que endeudarse. Así, los recursos del SGP fueron utilizados como garantía de esa deuda.

Es importante tener en cuenta que, en términos generales, el endeudamiento público no es nada raro. Colombia, al igual que otros Estados, puede adquirir obligaciones financieras, como bonos o préstamos, autorizadas por el Gobierno Nacional, a través de las cuales se compromete a pagar el monto de dinero recibido y sus correspondientes intereses en ciertas fechas determinadas. Un ejemplo de esto es adquirir créditos con entidades internacionales como el Banco Mundial (deuda externa) o emitir títulos de tesorería (TES) que se subastan. En síntesis, es usual que exista endeudamiento público, que en este caso se hizo en forma de bonos para los municipios.

Entonces… ¿por qué estos bonos han sido objeto de fuertes críticas?

En diversos medios de comunicación se replicaron las críticas hechas por exfuncionarios, periodistas y políticos, entre ellas, las del columnista Daniel Coronell y el senador Jorge Enrique Robledo. De acuerdo con sus denuncias, los bonos de agua fueron extremadamente perjudiciales para los gobiernos locales y para la ciudadanía en general, pues las obras no se llevaron a cabo, los municipios siguen pagando sumas millonarias y la gente no tiene acueducto ni alcantarillado.

Ante este panorama, a continuación se describen uno por uno los principales motivos de la controversia que llegó incluso a cuestionar la permanencia de Alberto Carrasquilla en su cargo. (Gráfico 1, 2, 3 y 4.)

Finalmente, ¿qué sucedió con los bonos de agua? ¿Siguen pagando los municipios?

Entre 2009 y 2011, los municipios adquirieron los bonos e iniciaron obras. Luego de atrasos y problemas, cuando se acercaba la hora de empezar a pagar los altos intereses acordados, el Ministerio de Hacienda y Findeter plantearon como alternativa la recompra de la deuda para ofrecer tasas de intereses más bajas a los municipios.

Cabe destacar, que Findeter es una sociedad de economía mixta, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es una banca de desarrollo que participa en la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura del país. Por tal motivo, esta entidad sería la encargada de rescatar a los municipios endeudados y en 2014 ofrecieron la mencionada alternativa.

Desde entonces, los municipios han pagado sus obligaciones financieras, con tasas de intereses más bajas. Pese a esto, las obras siguen retrasadas y llenas de problemas de diversa índole. Aunque hay investigaciones e informes de entidades como la Contraloría General de la República, pero a estos hallazgos no se les ha hecho seguimiento. La última actuación de monitoreo a este asunto provino  del Congreso de la República, pues en septiembre de 2018 se realizaron varias sesiones de control político al otra vez ministro Carrasquilla. Por cuenta de los bonos de agua y el escándalo de los Panamá Papers, el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, lo citó y los partidos de oposición e independientes discutieron si promovían una moción de censura en su contra.

La moción de censura es la figura que le permite a la rama legislativa ejercer su función de control político hacia el Gobierno Nacional retirando del cargo a uno de los ministros. Por eso, en un momento se pensó que la salida del funcionario era inminente. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, el Gobierno logró una votación amplia en contra de la moción y el Ministro permanece en su cargo hasta el día de hoy.

 

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