BLANCANIEVES Y LOS DUEÑOS DEL RELATO

Por Víctor Rodríguez Fajardo

A veces basta con volver a leer un cuento para descubrir cuánto de lo que creemos saber depende de quien nos lo contó.

Conocimos a Blancanieves por una película: madrastra malvada, manzana envenenada, siete enanos y beso salvador. Pero en el cuento publicado por los hermanos Grimm en 1812, quien mandaba matar a la muchacha era su propia madre. Tampoco había un beso que la devolviera a la vida.

Las versiones cambiaron personajes y escenas hasta que una terminó ocupando el lugar de las anteriores.

Un cuento admite adaptaciones. La historia de una empresa pública exige conservar nombres, decisiones y cuentas. Sobre todo cuando los ciudadanos siguen pagando sus consecuencias.

El viernes 23 de octubre recordé a Blancanieves durante la audiencia sobre residuos sólidos convocada en Santa Marta por el representante Felipe Hernández, del Pacto Histórico.

Recibí invitación formal suya y de su equipo de comunicaciones. Acudí como periodista y director de Opinión Caribe. Nunca hemos condicionado el cubrimiento de los asuntos de ciudad al partido de quien convoca.

Esperaba que los congresistas visitantes escucharan a los sectores presentes y recogieran elementos para ejercer control político. Pero los discursos parlamentarios tomaron la delantera.

El senador barranquillero Orlando de la Hoz anunció su oposición al alcalde Carlos Pinedo, a quien atribuyó una situación vergonzosa y lamentable de la ciudad. Después marcó distancia:

«Una cosa es Fuerza Ciudadana, que respetamos, y otra cosa es el Pacto Histórico».

Insistió:

«No nos confundan, no nos confundan».

Entendí aquella insistencia como una manera de lavarse las manos frente a la historia de ESSMAR. Los gobiernos de Fuerza Ciudadana debían responder por lo anterior; Pinedo, por lo actual. Entre ambos desaparecía un capítulo: la administración nacional durante el Gobierno Petro.

Felipe Hernández pidió escucha, construcción colectiva y participación «en un plano de igualdad». Vilbrun Edward Tovar propuso una moción de procedimiento: que senadores y representantes hablaran de último.

Primero escuchar; después pronunciarse.

Hernández concedió al senador hasta un minuto para cerrar. De la Hoz retomó el micrófono:

«Perdónenme si he ofendido a quienes están con el alcalde o a quienes consideran que deben estar con el alcalde».

Ahí estaba la clasificación: si objetábamos su intervención, debíamos estar con Pinedo.

Me levanté. No milito en ningún partido. Tampoco acepto que un senador me asigne uno para descalificar lo que cuestiono. Mi intervención, sin micrófono, no quedó recogida con claridad. El motivo de mi intervención fue exigir la historia completa.

ESSMAR surgió durante la Alcaldía de Rafael Martínez mediante la transformación de la antigua ESPA. Antes de la intervención pasaron por su gerencia Ingrid Aguirre, José Rodrigo Dajud, Carlos Páez y Patricia Caicedo. Esta última dirigía la empresa cuando Superservicios tomó posesión el 22 de noviembre de 2021, durante el Gobierno Duque. La senadora, ex Fuerza Ciudadana, hoy del Pacto Histórico, no asistió a la audiencia; habría podido explicar su gestión.

Petro recibió una empresa intervenida y su Gobierno mantuvo la medida durante prácticamente todo su mandato. Superservicios designó agentes, dispuso relevos y terminó la intervención mediante resolución del 7 de agosto de 2026. La entrega vino después.

Durante esa administración nacional se informaron denuncias por presuntos certificados falsos de disponibilidad de servicios y cuestionamientos al pago de horas de Vactor que incluían tiempos de parqueo. Los propios administradores señalaron problemas que debían investigar y corregir.

Según Superservicios, los pasivos pasaron de $97.333,6 millones en diciembre de 2021 a $125.197,1 millones en diciembre de 2025: un aumento nominal del 28,6 %. Ese balance también exige responsables y explicaciones.

Distinguir partidos no borra administraciones. El Gobierno Petro debe responder por los resultados de la intervención; Pinedo, por la gestión desde que recibió nuevamente la empresa, de eso, escasamente ha pasado dos meses.

Durante el intercambio, De la Hoz me preguntó:

«¿Escuchaste bien, periodista?».

Escuché, senador. También llevo años leyendo las cuentas que su intervención estaba dejando por fuera.

La incomodidad alcanzó a Chadan Rosado. Según lo que presencié, Agmeth Escaf le reprochó: «No, hermano, esto es el colmo, usted vino aquí a hacer politiquería».

Cuestionar al alcalde cabía en el encuentro. Responder desde otra posición merecía el reproche de politiquería.

Opinión Caribe entrevistó al gerente de ESSMAR, David Millán, después de su intervención y salida; al gerente de ATESA; a una dirigente de los recicladores y a representantes de sectores de base. Publicamos sus voces y continuamos el seguimiento.

Mi crítica se refiere al trato dispensado a la contradicción. Percibí hostilidad hacia mi ejercicio periodístico y salí con la impresión de un encuentro orientado principalmente a la base del Pacto y a su fortalecimiento hacia 2027. Anunciaban escuchar a todos; mi experiencia mostró los límites de ese «todos».

Una invitación no me convierte en figurante.

El problema, sin embargo, supera aquella discusión. Cada sector cuenta una historia distinta y parece necesitar derrotar al contrario antes que acordar una solución.

El agua requiere ingeniería, financiación y obras. Pero uno de sus bloqueos decisivos es político. Nación, Gobernación y Alcaldía necesitan compartir una ruta y sostenerla aunque cambien los gobiernos. Santa Marta no puede esperar una alineación planetaria en la que todos tengan el mismo carné.

Para eso existen las instituciones: para trabajar juntas aunque sus gobernantes no se quieran.

Detrás de tantas disputas aparece la pregunta mezquina: ¿quién se toma la foto cuando llegue el agua? Si el reconocimiento va a llevárselo el contrario, comienzan los reparos. Ese no. No es de los nuestros.

El agua llegará cuando las obras funcionen. La decisión de acordar, financiarlas y dejar de atravesárseles puede tomarse desde ahora.

Pedro Pueblo tampoco queda exonerado.

El senador tiene razón: las basuras no son de izquierda, centro o derecha. Precisamente por eso, la responsabilidad tampoco puede repartirse según la conveniencia política.

Los residuos no aparecen por generación espontánea. Su ruta comienza en nuestras casas, comercios y lugares de trabajo. Consumimos, desechamos y queremos perderlos de vista. Sacamos la bolsa antes del horario y, una vez en la calle, parece dejar de pertenecernos.

Después llegan los animales, la lluvia, la dispersión y por supuesto los habitantes de calle que tienen en la basura su modus vivendi. Y aparecen las fotos del botadero. A veces, entre quienes denuncian lo fea que está la ciudad están quienes ayudaron a ensuciarla.

Ese comportamiento tampoco tiene partido.

ATESA debe recoger, ESSMAR supervisar y las autoridades hacer cumplir las reglas. Nosotros debemos reducir, separar, almacenar y entregar adecuadamente los residuos. La falla de unos no absuelve a los otros.

Los materiales aprovechables tienen valor y sostienen a los recicladores. Pero en nuestra parroquia la basura suele convertirse en un dedo acusador contra el mandatario que pretende exonerar a quien la generó.

Votar no agota la ciudadanía. Pagar una factura tampoco autoriza a convertir una esquina en botadero.

Si cada sector borra su capítulo y Pedro Pueblo repite el cuento, seguiremos peleando por la foto mientras el agua no llega y la basura se acumula.

En aquella audiencia tenían la mesa, el micrófono y la investidura. Eso les permitía dirigir la reunión; no les daba la propiedad de la memoria de Santa Marta.

Esta ciudad tiene memoria. Y en Opinión Caribe tenemos archivo.