Crisis humanitaria de niños Wayúu sigue sin ser prioridad del Gobierno

Un año después de notificada la Sentencia de la Corte Constitucional T-302 de 2017, (28 de julio de 2018) que ordena la protección de los niños y niñas Wayúu, el Gobierno Nacional aún no ejecuta dicho fallo.

La Corte ordenó establecer un cronograma de acciones y crear un mecanismo especial de seguimiento concertado con las comunidades wayúu y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos de los pequeños, pero aún no se ejecuta.

Así lo recordó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en su última visita a territorio guajiro, donde pidió al Tribunal Superior de Riohacha no acoger la petición del Gobierno Nacional de prorrogar el cumplimiento de esta sentencia de la Corte que salvaguarda a miles de niños y niñas Wayúu.

“Estamos convencidos de que lo que hay que hacer es no darle una prorroga más al Gobierno, la solución de fondo de una crisis humanitaria como la de La Guajira no admite dilaciones de ninguna naturaleza, no creemos que la solución sea dar otro plazo para que se dé otro incumplimiento en donde seguimos multiplicando los plazos e incumpliéndole a los niños y niñas de la comunidad wayúu”, puntualizó Carrillo.

Pese a que el Gobierno ha dicho que existe un plan de acción con enfoque de derechos, este fue construido por las entidades responsables de manera independiente, sin la coordinación previa exigida por la Corte al Departamento Administrativo de la Presidencia.

“No se produjo ese cronograma, sino acciones aisladas en diversos documentos y se reiteraron las competencias misionales de algunos ministerios sin ninguna coordinación, tampoco se hizo un plan de acción en donde se debía, en primer lugar, cumplir la orden de la Corte y, en segundo lugar, cumplir los ocho objetivos constitucionales indispensables para superar el estado de vulneración descrito por la Corte”, puntualizó Carrillo.

Las críticas del Procurador al Gobierno están orientadas a que las entidades del orden nacional no asumen la responsabilidad, no hubo un diálogo directo con las comunidades y se habrían desechado sus propuestas muchas veces por tecnicismos.

“Supone una falta de comprensión de las necesidades de la comunidad, porque la obligación de nosotros como Estado es acercarnos a la comunidad y no exigirle parámetros para que se ajusten a los esquemas de funcionamiento del Estado a nivel central”, sumó Carrillo Flórez.

El jefe del Ministerio Público recordó que tampoco hubo cumplimiento por parte del Departamento Nacional de Planeación, DNP, que debía realizar la evaluación de los indicadores de impacto, ni la socialización de la sentencia y concertación con las autoridades del pueblo wayuu. Tarea que debe realizar el Ministerio del Interior.

Ante esta crisis humanitaria el Gobierno pide otra prórroga

El pasado 8 de marzo, el Gobierno pidió una prorroga y le fue ampliada al 12 de julio, pero solicitó nuevamente un tiempo adicional para divulgar y comunicar la sentencia y concertar el plan de acción, argumento que, según la Procuraduría, fue igual al utilizado para la prórroga otorgada en marzo.

“Se dio un nuevo plazo y seguimos exactamente en las mismas, nos sorprendió de ese informe que no se ha podido avanzar en el documento porque se está en un año de cierre. Como si los derechos de los niños pudieran subordinarse al tratar de explicar o justificar por qué el gobierno departamental o municipal no le ha dado ninguna prelación a la definición de políticas públicas en esta materia”, puntualiza el Procurador.

Advierte además el jefe del Ministerio Público que no se puede olvidar que el origen de todo esto es el derecho fundamental de la vida de los niños, el derecho a la salud y el agua potable.

“Uno nunca puede olvidar que según el Instituto Nacional de Salud entre 2017 y 2019 han muerto más de 110 niños y la relación de causalidad entre la falta de agua potable, las enfermedades gastrointestinales y la mortalidad infantil es clarísima en este departamento”, enfatizó el Procurador.

No más plazos para protección de niños guajiros, pide Procuraduría

La Procuraduría solicitó inadmitir la prórroga hasta tanto se establezca un cronograma inmediato de cumplimiento, con verificación de la implementación a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

En caso de ser otorgado el aplazamiento, el Ministerio Público pidió que se condicione al cumplimiento de la creación del mecanismo especial de seguimiento, la concertación con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, y la construcción de un plan de acción en las condiciones de articulación y participación previstas en la sentencia.

Finalmente, el Procurador, quien estuvo acompañado en Riohacha de la Delegada de Infancia Adriana Herrera; el delegado de Asuntos Étnicos Richard Moreno y el delegado Ambiental Agrario y de Tierras Diego Trujillo, advirtió que según cifras de la Contraloría se siguen muriendo niños por cuenta de ese déficit tan grande que no enfrentan las autoridades.

“La figura del estado de cosas inconstitucional es muy novedosa e histórica, es una innovación de la Corte para decir que hay una vulneración absoluta de los derechos de los niños y las niñas wayuu en La Guajira y se requieren medidas urgentes”, subrayó Carrillo Flórez.

Gobierno cita a reunión al Procurador

Como respuesta a este llamado urgente del Ministerio Público, el Gobierno Nacional ha citado al Procurador a una reunión para esta semana en Presidencia.

“Es algo que queríamos que se diera hace mucho tiempo y vamos a examinar en qué va el cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, llegaremos a ver que va a proponer el Gobierno y como lo vamos a articular”, indicó Carrillo, quien además es consciente que esta grave problemática no se va a resolver en una reunión ya que hay que armar una política pública.

Tomado: El Tiempo*