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Fiscalía abre indagación contra juez Zagarra que lleva caso de Martínez

Opinión Caribe

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La Fiscalía primera delegada ante el tribunal superior del distrito judicial de Santa Marta, mediante resolución de fecha del 30 de octubre del año en curso, abrió indagación en contra de Carlos Julio Zagarra Silva quien funge como juez primero penal del circuito de Santa Marta por el posible delito de prevaricato por acción.

Esta indagación se da luego de la denuncia interpuesta por Edilfonso Orozco y Aurelio Rosales, presidente y secretario de la Red de Veeduría del Distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena, aduciendo posibles delitos de abuso de función pública art 428 del código penal.

Los hechos que denuncian Orozco y Rosales ocurrieron el 27 de junio del presente, cuando debido a una acción de tutela interpuesta por Rafael Alejandro Martínez, en contra del juzgado primero penal del circuito por la presunta violación a los derechos fundamentales al debido proceso, le fue concedida la libertad y regreso a sus funciones el 10 de julio del año en curso.

El Juez Zagarra Silva fue quien falló a favor de Martínez para que volviera a su cargo, “el señor Carlos Milton debió declararse impedido para fallar la tutela por tener a su hermana con contratos con el Distrito de Santa Marta, en ese momento encontré tres contratos y ahora me sorprendió que encontré casi 14 contratos de ella en la Alcaldía de Santa Marta”, afirmó a OPINIÓN CARIBE Edilfonso Orozco, presidente de la Red de veedurías de Santa Marta y Magdalena.

Además, aseguró “el tribunal superior del Distrito judicial de Santa Marta dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta consideró que la conducta del juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Santa Marta era negligente porque contó con excepción de reparto, de asunto regidos al amparo de la ley 906 del 2004 y no llevo a cabo las actividades necesarias para cumplir los plazos previstos en la ley”.

Recordemos que el prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

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