Contraloría remite a la Fiscalía controles excepcionales de la Alcaldía de Santa Marta

La Contraloría General de la República remitió a la Fiscalía General de la Nación los hallazgos encontrados en los controles excepcionales realizados a la Alcaldía de Santa Marta que lidera Rafael Martínez. El contralor consideró que hay materias panales que debe investigar el ente de control.

Recordemos que en octubre la Contraloría hizo público la segunda auditoria que le realizó al Distrito, donde encontró 13 hallazgos fiscales en cuantía de $1.234 millones de pesos, además de 18 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y dos con otra incidencia.

Esta auditoria fue solicitada por el exalcalde (E), Andrés Rugeles por considerar que había irregularidades en la administración.

Control excepcional
El control excepcional abarcó la revisión de 5 procesos licitatorios, cuya contratación total fue de $42.341 millones y que incluye la ampliación de la infraestructura educativa en las instituciones Rodrigo Bastidas, Instituto Magdalena y el diseño y construcción de la IED Taganga; así como la adecuación y terminación de los centros de salud IPC La Candelaria, la Paz y Taganga, así como el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del año 2018. Además del diagnóstico, adecuación y reparación de treinta Instituciones Educativas del Distrito de Santa Marta.

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República consideró que el cumplimiento a las normas de los marcos normativos y reglamentarios de la Alcaldía de Santa Marta frente al manejo de los recursos públicos, para la contratación evaluada, no resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados, emitiendo así concepto de “Conclusión Adversa – Incumplimiento Material”.

Además la CGR evidenció debilidad en las labores de supervisión por parte del Distrito de Santa Marta, al no ejercer de manera rigurosa y eficiente las actividades de control y vigilancia de la ejecución de sus recursos, de conformidad con la normatividad vigente en el país.

También detectó el pago a los contratistas de obra no ejecutada, así como de trabajos de construcción de baja calidad que, a la fecha de las visitas realizadas, limitan su uso para la comunidad.

Por otro lado, la Contraloría encontró deficiencias en la planeación que realiza la Alcaldía Distrital de sus procesos contractuales. Fue así como se estableció que los proyectos contratados por el Distrito no cumplen los plazos iniciales de ejecución, requiriendo prórrogas, suspensiones y adiciones para conseguir avanzar.

De esta manera, el organismo de control evidenció que las obras no se entregan de manera oportuna para el disfrute por parte de la comunidad samaria.
Ante lo anterior ahora será la Fiscalía quien evalué y pueda sacar los hallazgos del papel donde se han quedado durante 8 años, sin generar ningún tipo de responsabilidad ante las innumerables irregularidades encontradas.