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Nación

Proponen eliminar cobro por reconexión en servicios públicos

Opinión Caribe

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Actualmente la reconexión de los servicios públicos cuesta entre 48.000 y 55.000 pesos.

El presidente del Senado, Lidio Arturo García, radicó este jueves 27 de febrero, un Proyecto de Ley con el que busca que se elimine el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios en los estratos 1, 2 y 3 en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca apoyar la situación de miles de colombianos, que no tienen la posibilidad de utilizar los servicios públicos esenciales, debido a que no cuentan con los recursos para pagar una reconexión o reinstalación, que las empresas prestadoras del servicio cobran después de la suspensión o corte del servicio, por no haber cancelado la factura.

“Lo que estamos buscando es que no sigan atropellando a la gente, cobrando $45.000 o $50.000 por un recibo que costaba $16.000. Eso es inconcebible y vamos a seguir luchando por ustedes”, aseguró el senador a Caracol Radio.

Solo habrá una condición para que la reconexión no tenga cobro

La iniciativa pretende modificar la Ley 142 de 1994, al establecer que no habrá cobro del recargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio sea exclusivamente por la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo con la empresa.

Población colombiana vulnerable será beneficiada

Con el proyecto se beneficia a los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, que es en donde están los colombianos más pobres, en aplicación de los principios constitucionales de cobertura universal, solidaridad y redistribución de ingresos. Es importante resaltar que para estos estratos también existe un subsidio que ayuda a reducir el pago por los servicios.

En 2019 este proyecto se había rechazado

García ya había impulsado un proyecto similar en el Capitolio, que fue aprobado pero después objetado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien alegó razones de inconveniencia y de inconstitucionalidad, por lo que nunca entró en vigencia y pasó a revisión de la Corte Constitucional.

En febrero de 2019 fue rechazada por la Corte Constitucional que  señaló que hubo vicios de forma y esta ley no se podría aprobar.

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