Región Caribe
Hospital en La Guajira a punto de cerrar por paro

En pleno aislamiento obligatorio que vive el país por la pandemia del Covid-19 el hospital Nuestra Señora del Pilar del municipio de Barrancas, sur de La Guajira, está a punto de cerrar sus puertas: los médicos y enfermeras anunciaron que se irán a paro al deberles más de 25 meses de salarios desde 2017.
En este momento el hospital tiene un déficit de 7.000 millones de pesos, no solo por los salarios atrasados de los empleados, sino también por la prestación de servicios a la población migrante.
“Estamos muy preocupados porque justo en este momento el personal de planta, contratistas, proveedores y personal médico nos amenazan con irse a paro. Y con toda la razón, esta gente que pone toda su disposición para salvar vidas no tienen recursos para sostenerse durante este tiempo de cuarentena”, dijo el alcalde del municipio, Iván Mauricio Soto.
“La salud en el departamento está intervenida, tenemos un administrador temporal con quien he venido dialogando y la única solución que para él es factible es la liquidación o la fusión del hospital. Eso no me parece un mensaje coherente en este momento, ellos también tienen responsabilidad en esta situación”, agregó el mandatario.
Hemos logrado que nuestro partido @soyconservador y su bancada de congresistas apoyen esta iniciativa en busca de autonomía para el gobernador @NemesioRoys para que él lidere el plan de acción que mitigue la emergencia sanitaria. #CoronavirusEnColombia #QuedateEnCasaYa https://t.co/8BMZBqCfqI
— Tina Soto (@tinasotogo) March 30, 2020
Ante este panorama, varios dirigentes de La Guajira han solicitado al presidente Iván Duque levantar la intervención del sector salud, por lo menos durante la contingencia por el Covid-19, para tener mayor autonomía a la hora de tomar decisiones para evitar la propagación del virus en el departamento.
La representante a la Cámara María Cristina Soto y la bancada del partido Conservador, así como el representante Alfredo Deluque, el gobernador, los alcaldes, diputados y concejales han solicitado al mandatario suspender el documentos Conpes 3984 de 2020, que prorroga por dos años más la intervención, no solo en los servicios de salud, sino también en educación y agua potable.


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