Grupo de abogados advierte serios problemas jurídicos si se aprueba el POT en el Concejo Distrital

La Plataforma Molde de Derechos es un grupo de abogados samarios que, se preocupa por los asuntos públicos y del territorio y se han dado a la tarea de hacer un estudio sobre la seguridad jurídica de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el distrito, por el cual quieren advertir a la ciudadanía y empresarios sobre los problemas jurídicos que se presentarían si el POT se aprueba.

Álvaro Padilla es abogado y uno de los integrantes de Molde de Derechos y habló en entrevista exclusiva para OPINION CARIBE sobre el estudio de seguridad jurídica y que este miércoles expusieron sus argumentos en la segunda sesión del Cabildo Abierto.

“Este POT presenta serios cuestionamientos a nivel constitucional y a nivel legal que lo hacen proclive a que una vez aprobado tal cual como está, este sea sometido a sendos procesos judiciales por parte de las comunidades indígenas, ya que no tuvieron en cuenta los postulados del diseño territorial Línea Negra del Decreto 1500 del 2018 y no le practicaron consulta previa a este POT, aun cuando las disposiciones constitucionales y legales así lo definan”, explicó el abogado.

Consulta previa

La Corte Constitucional ha recomendado al estado y a las autoridades públicas en materia de consulta previa; cuando haya una medida administrativa y en su territorio haya comunidades étnicas, deben tener en cuenta que esas actuaciones administrativas pueden generar una afectación directa de manera positiva o negativa a las comunidades étnicas y la única forma de proceder frente a esa afectación directa es mediante una consulta previa para determinar los alcances de ese impacto.

Por lo tanto, establecieron varias reglas, a través de la sentencia C038 del 2008 que por ejemplo si la medida administrativa que se va a adoptar contiene uno o varios de los derechos reconocidos en el convenio 169 de la OIT o de la Ley 21 de 1991que protege los derechos de consulta previa y territoriales de los pueblos indígenas y tribales en el mundo.

Por lo anterior, Padilla afirma que, las comunidades indígenas del país no se conciben sin su territorio, puesto que tiene una conexión especial y más en el caso de la Sierra Nevada que tienen conexión con la Línea Negra.
“La Corte Constitucional dice en la sentencia C208 de 2009 que cuando esa medida o actuación administrativa de la autoridad publica, en este caso el POT, vaya a regular temas o derechos sobre los indígenas o comunidades étnicas que están reconocidas a nivel constitucional como derechos fundamentales, también hay una afectación directa y por ende procede la Consulta Previa, debido que esta es un derecho fundamental y de los pueblos indígenas y por ende ante el POT estaríamos ante la posibilidad de hacerle consulta previa, por otro lado cuando la administración vaya a realizar una norma y esa norma regule a varias comunidades como es el caso del resguardo Kogui-Himalaya se requiere la consulta previa porque va haber una afectación directa a una o varias comunidades”, afirma el abogado a este medio digital.

Hubo socialización, más no Consulta previa

En el caso del distrito de Santa Marta, la administración dice que se reunió con el resguardo Kogui-Himalaya-Arhuaco e hicieron un Plan de Ordenamiento, sin embargo los resguardos no tiene esa autoridad para hacer un reordenamiento, solo las autoridades públicas.

Sin embargo, esto solo fue una reunión de socialización más no de Consulta previa, porque son dos mecanismos diferentes, explica Álvaro Padilla.

“La autoridad pública para validar los procesos de Consulta previa en el país, no son las alcaldías ni las gobernaciones, sino el Ministerio del Interior, a través de su dirección de Consulta previa, en virtud de lo emanado del decreto 2893 de 2011. Por lo tanto, la Corte Constitucional en sentencia de unificación 03197 ha sido tajante en decir que una cosa es una reunión con los indígenas y otra es una consulta previa, máxime cuando hay directivas presidenciales y un decreto que determina quienes son las autoridades que deben hacer el acompañamiento y liderar ese proceso”, explica Padilla a este medio digital.

Dinero del POT podría perderse

Este grupo de abogados advierte que, los más de 8 mil millones invertidos en el POT podrían verse tirados a la basura, si los indígenas quieren hacer valer sus derechos.

“Estamos ad portas de perder ese dinero, sea que el Concejo que el concejo decida una ponencia negativa o sea que posteriormente las comunidades indígenas pidan exigir sus derechos, esto o lo declaran inconstitucional o le declaran la ilegalidad y esto va a crear un escenario de inseguridad jurídica de cara al desarrollo que quiere el territorio”, puntualizó Padilla.