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Región Caribe

Procuraduría abrió investigación y ordenó suspensión del Contralor de Barranquilla

Opinión Caribe

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y ordenó la suspensión provisional del contralor Distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo Magaldi, por presuntos actos de corrupción, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad y desviación de poder.

El ministerio público ordenó la medida cautelar para evitar una eventual incidencia del funcionario sobre el proceso disciplinario, que tuvo origen en las denuncias hechas por la presidente de la Sociedad de Activos Especiales – SAE -, sobre un encuentro el pasado 1 de julio entre el gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Guillermo Peña Bernal, a quien el contralor le habría planteado la contratación de la firma American Lawyer Corporation S.A.A., para que defendiera a la Triple A, en un proceso fiscal que adelanta el ente de control en la capital de Atlántico, conversación que habría quedado registrada en una grabación que fue conocida por la opinión pública.

Para el Ministerio Público, la suspensión por tres meses del contralor o hasta cuando el concejo de Barranquilla decida nombrar un contralor encargado procede ante el riesgo de que el recaudo probatorio ordenado en la Contraloría Distrital de Barranquilla pudiera verse obstruido con la permanencia en el cargo del investigado, al poder emplear su influencia respecto de sus subalternos, en particular el Director del Departamento Jurídico, quien habría suscritos bilaterales que vinculan a la firma American Lawyers Corporation S.A.S.

Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría llamó a declarar al gerente Peña Bernal y ordenó la practicas de algunas pruebas en la Contraloría Distrital de Barranquilla y la empresa de servicios públicos.

La apertura de investigación tiene por objeto establecer si las conductas son constitutivas de faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de modo y tiempo en que se cometieron, el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado, como de aquellos funcionarios que puedan resultar implicados.

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