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Columnistas

Cuando demasiado es poco

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Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza

Esto ya es demasiado. Es queja que se escucha con insistencia en distintos círculos de la ciudad, así como toda una serie de comentarios ante el anuncio de un nuevo aplazamiento, en esta oportunidad para el 22 y 23 de febrero de 2021 (ALGO MÁS DE TRES MESES PERDIDOS DE JUSTICIA) de la audiencia preparatoria que debía realizarse dentro del marco del juicio en el proceso que se le sigue al ex alcalde de Santa Marta y ahora Secretario de infraestructura del departamento de Magdalena y otras cuatro personas más por el asunto tan comentados de los centros de salud, fundamentados en el argumento peregrino de una “falla” para la conexión a la internet del abogado de uno de los procesados, entre quienes se encuentran los contratistas, Carlos Slebi Palacio y Jesús Enrique Britto, los exgerentes de la Empresa Social del Estado ESE ‘Alejandro Próspero Reverand’, Gregorio Domínguez Fonseca y Jesús Charris Salcedo, por su participación en actos denunciados de corrupción en los procesos de refacción de los puestos de salud de Bastidas, Taganga, Mamatoco (paralizado), La Paz y el IPC La Candelaria, contratos que datan de 2014 y 2015, durante la administración del hoy gobernador cuando era alcalde.

La indignación es generalizada por cuanto consideran que se han burlado impunemente de Santa Marta y su gente durante todo este tiempo, que nada ha pasado y por lo visto nada pasará. Que es la nuestra una situación absurda que algunos califican de descarada y por demás desafortunada en detrimento de los intereses superiores de la comunidad. Otros comentan, que se ve a las claras la corrupción en la justicia; que es evidente la existencia de funcionarios venales, en su gran mayoría con intereses, donde unos son más importantes que otros.

Igualmente afirman también que más comprometidos que aquellos, son los servidores públicos de los entes de control, incluido la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y de la Fiscalía, a quienes acusan de ineficientes invadiendo las esferas de la complacencia, que a sabiendas de lo que está sucediendo, protegen  con su negligencia y/o omisión a los infractores y para guardar apariencia buscan uno que otro chivo expiatorio.

También es comentario general que no hay explicación alguna para que teniendo éstos en su poder dentro de las una y más causas todas las herramientas, elementos materiales y evidencias físicas de juicio suficientes y necesarios para proceder en derecho, no lo hayan hecho. Se señala además el caso del Contralor, que conociendo de los sobreprecios comprobados no sanciona ni hace nada; al tiempo que concluyen que no es que adolezcamos de leyes, sino de funcionarios probos que las apliquen. Lamentable a todas luces esta específica situación y demás otras circunstancias que en torno a toda suerte de desmanes vive nuestra ciudad. No sé hasta cuándo sea posible soportar tanta desmesura. Debemos insistir que llegó la hora de la reconstrucción moral.

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