El Magdalena entre el asesino Coronavirus y la negligencia de Caicedo

El primer año de la pandemia significó nuevos retos para los gobernantes de todo el país, quienes debieron extender su capacidad de respuesta para garantizar la vida de los habitantes en las regiones. Por tal motivo, los departamentos recibieron, a parte de la asignación para el sector salud, una serie de adiciones autorizadas bajo la circunstancia de emergencia para atender a la población y protegerla de las afectaciones médicas comunes, a las que en el 2020 se sumó el virus Covid -19.

El año inmediatamente anterior, el Magdalena programó, de acuerdo a la ley, $102.611.087.345 únicamente para hacer frente a las diferentes necesidades del sector salud durante esa vigencia. Posteriormente, el departamento recibió recursos por la suma $29.739.432.895, provenientes de adiciones autorizadas de manera especial y expedita, de los saldos superávit, rendimientos financieros, ingresos de libre destinación, rentas y de las estampillas Pro – Adulto Mayor y Pro – Hospital. Adicionalmente, dispuso de otros $245.577.746 resultantes de la reorientación de recursos del impuesto al consumo.

Lo anterior, en aras de alcanzar un fondo presupuestal robusto que permitiera a la Gobernación del Magdalena, encabezada por Carlos Caicedo, brindar la atención requerida por el estado de emergencia sanitaria que causó la aparición del coronavirus en el país, cobijado en el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020 sin dejar de atender los factores tradicionales del sector.

Entonces, el Magdalena disponía de una amplia suma destinada solamente a la salud para atender no sólo la urgencia del virus sino también otros frentes que no pueden descuidarse, como vacunación, atención prioritaria, adulto mayor, discapacitados, el fondo de investigación en salud, entre otros.

Sin embargo, al cierre del 2020, los documentos oficiales confirman que en el departamento sólo se ejecutó la mitad del presupuesto establecido en la primera parte del año, lo que dejó un total de $50.080.470.703 de saldo sin utilizar que, claramente, pudo haber sido invertido en algunas de las muchas necesidades que tiene la población magdalenense en este contexto.

¿En qué debía invertirse el dinero que sobró?

De acuerdo con lo plasmado con el documento de verificación de recursos y gastos del departamento que obtuvo OPINIÓN CARIBE, algunas de las destinaciones más importantes en las que se dejó de invertir recursos el año anterior fueron:

• Régimen Subsidiado, con el que se brinda salud a los habitantes del departamento que no cuentan con afiliación a una EPS determinada. Para este concepto, la Administración Departamental disponía de $21 mil 831 millones ($21.831.353.67) y, al final del 2020, reportó un saldo disponible de $12 mil 721 millones ($12.721.703.671), es decir, sólo se usó el 58,27% de los recursos.
• Gestión del conocimiento, contaba con $47.750.000 y sobraron $25.750.000, el 53,93%.
• Atención de urgencias a los nacionales y extranjeros zonas fronterizas, contaba con $ Mil Millones ($1.000.000.000) para ejecución, al cierre de la vigencia quedaron disponibles $ 900 millones ($900.000.000), es decir, el 90% del total.
• Contingencias, sentencias y conciliaciones y créditos condonables, $3 mil millones ($3.000.000.000) asignados y la misma cifra se registró como disponible al finalizar el año. Estos recursos pudieron trasladarse a otros sectores prioritarios.
• Fondo de investigación en salud, $358 millones ($358.484.700) asignados a comienzo de año y al final quedaron $171.7 millones ($171.797.636) disponibles, el 47,92%.
• Fortalecimiento institucional, $404.938.922 para inversión y $75.562.990 quedaron disponibles, el 18,66%.
• Atención integral a la población inimputable por trastorno mental e inmadurez psicológica, $793 millones ($793.166.000) asignados al comienzo del 2020 y el mismo monto quedó disponible al finalizar el año.
• Gestión del riesgo en enfermedades inmunoprevesibles – PAI, $ 233 millones ($233.280.774) disponibles y la misma cifra disponibles al cierre del año.
• Gestión del riesgo en condiciones endemo – epidémicas, $35 millones ($35.000.000) disponibles para vigencia, de los cuales no se ejecutó nada este aspecto de la inversión habría requerido traslados para su fortalecimiento por lo sensible de las condiciones de la pandemia.
• Enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (tuberculosis), $32.7 millones ($32.707.385) asignados y la misma cifra disponible al finalizar el 2020.
• Laboratorio de salud pública, contaba $66.2 millones ($66.238.475) disponibles para ejecutar en la vigencia que no fueron ejecutados.
• Fondo nacional de estupefacientes, $310.8 millones ($310.856.286) asignados y ningún porcentaje ejecutado.
• Infección respiratoria aguda, $4.3 millones ($4.392.474) asignados y sin ejecutar al cierre del año. Sector que además requería mayor asignación de recursos.
• Atención prioritaria en salud, $143.3 millones ($143.383.625) asignados y sin ejecutar.
• Convenio desempeño Hospital Julio Méndez Barreneche MHCP – BID, $255.3 millones ($255.368.271) asignados al comienzo del año de los cuales no se ejecutó ningún porcentaje.

Estas cifras, sumadas a algunas otras correspondientes a cargos de amplio impacto en este sector sensible de la inversión, suman un total de $50.080.470.703 de saldo que quedó sin utilizar.

Consecuencias para el departamento

De acuerdo con el concepto de una profesional en el tema y ex funcionaria pública, este tipo de faltas podrían generar consecuencias negativas en las finanzas del departamento, siendo una de las principales el recorte de recursos destinados al sector salud Magdalena por el alto monto que fue registrado como disponible al final del 2020, es decir, no ejecutado.

“Cuando el gobernador presente los informes a Bogotá (al orden nacional) a través del aplicativo del Ministerio de Hacienda denominado FUT,  ellos van a poder evaluar que el Magdalena no ejecutó la totalidad de los recursos que tenía para el año, perfectamente el mensaje que se transmite es que no se necesitan los recursos, al margen de la ineficiencia comprobada de la Administración para cumplir con su función social, lo cual se traduciría en disminuir las asignaciones de recursos nacionales al departamento, por ejemplo Recurso Provenientes del Sistema General de Participaciones SGP, porque el Magdalena, según esas cifras, no necesita plata ¿Para qué enviar más dinero que al parecer no necesitan?”, aseguró la fuente, lo que se traduce, en pocas palabras, en una disminución en la asignación del 2021 para atender esta área.

Ahora, el interrogante que surge a raíz de esta falta es ¿Qué pasó con la población en los sectores en los que la Administración debió ejecutar estos recursos?

¿Y el control político?

Esta es una situación sobre la cual la Gobernación y la Secretaría de Salud deberán rendir cuentas antes los respectivos entes de control, el primero de ellos la Asamblea Departamental.

Sobre esto, se consultó al diputado Jair Mejía, quien aseguró que el año pasado la Presidencia de la República expidió un Decreto que le permitió a los gobernadores y alcaldes destinar recursos del Fondo de Emergencia al sector de la salud, luego de surtir los respectivos trámites. En el departamento, el monto superó los $70 mil millones, de los que cerca de $30 mil millones, de acuerdo con lo expuesto por la Administración, estuvieron destinados a la compra de mercados para las poblaciones en necesidad durante la cuarentena y el resto en elementos de dotación, entrega de elementos de bioseguridad, contratación de personal asistencial, entre otros.

Sin embargo, el diputado manifestó que nunca hubo reportes oficiales de dichos gastos muy a pesar de las reiteradas solicitudes que se enviaron desde la Duma, dado que recibían denuncias, por ejemplo, por la falta de cuatro meses de pago al personal médico del Hospital La Candelaria de El Banco, que se supone debía estar cubierto con el Fondo de Emergencias, que está bajo el manejo único y absoluto del gobernador.

La situación recién expuesta y la falta de inversión de los recursos, según el concepto de Mejía, corresponde a una falta de gestión y a una negligencia, pues la “ejecución del presupuesto al nivel general del departamento en el año 2020 no superó el 75%, lo cual es una acción deficiente que demuestra una clara precariedad en la planeación”.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental reiniciarán el próximo 1 de marzo, será allí entonces cuando la Administración rendirá cuentas a través del ejercicio del control político por parte de los diputados, quienes citarán al Secretario de Salud y los gerentes de hospitales municipales, para que sean ellos quienes expongan los motivos por los cuales quedó disponible todo ese saldo que tanta falta le hace al Magdalena.