Los exabruptos del ‘cambio’

Recientemente, salieron a la luz una serie de extravagantes contratos que habría firmado la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, cuya gerencia, a cargo de Carlos Páez Cantillo, es cercana a la Alcaldía Distrital, liderada por Virna Johnson, por sumas que muchos consideraron exageradas. Esto, gracias a que algunas veedurías ciudadanas tomaron la determinación de publicar dichos documentos con el objetivo de llevar un informe completo a la Contraloría General de la Nación, que tendrá que determinar si los asuntos en cuestión corresponden a detrimentos patrimoniales o no.

De acuerdo con la explicación suministrada por el veedor, Edilfonso Orozco, son cuatro los contratos que han llamado la atención en los últimos días: el alquiler de una impresora, la instalación de luminarias en un parque lineal de la ciudad, el alquiler de un vehículo blindado y la contratación de una asesora jurídica.

OPINIÓN CARIBE tuvo acceso a estos acuerdos monetarios que suscribió la Administración Distrital y que tantas reacciones han generado entre los ciudadanos, quienes rechazan categóricamente cualquier acción que vaya en contra de las normas de legalidad por cuales deben regirse los funcionaros públicos.

 Contrato número 1: alquiler de impresora multifunciones

Este primer documento denominado ‘Contrato de prestación de arrendamiento’, fue suscrito el 4 de enero de 2021 entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar, representada por Carlos Páez Cantillo como Gerente General, y César Gaviria Quintero de Ofi Magdalena, en calidad de contratista, con el objetivo de arrendar, hasta el 31 de diciembre del año en curso, impresoras multifuncionales que estarían destinadas a la operación administrativa de las oficinas pertenecientes a esta entidad.

La justificación expresada en el oficio, señala que la empresa “en sus necesidades administrativas y de oficina, requiere contar con el servicio permanente, continuo y eficiente de copiado, escáner e impresión en aras de cumplir satisfactoriamente sus funciones, razón por la cual requiere arrendar impresoras multifuncionales que consten con tecnología de punta, debido a que sus dependencias tienen un alto consumo de impresión y fotocopiado de hojas por los compromisos contractuales y operativos adquiridos, por lo que a pesar de contar con impresoras y escáneres estos no dan abasto para el volumen de documentos generados”.

El valor de la contratación es de $108 millones ($108.000.000), que la Essmar tuvo que pagar en un plazo de cinco días hábiles luego de recibir la factura y de efectuarse la entrega del objeto contractual.

Adicionalmente, en el documento incluyeron que, por la falta de impresora en la entidad y los supuestos elevados precios que representan los mantenimientos e insumos, se vieron en la necesidad de ejecutar este alquiler para cubrir la demanda la fotocopias y “alargar la vida útil de las impresoras” con las que cuentan en la actualidad. Lo que permite interpretar que, según lo escrito en el contrato, resultaba más económico el arriendo del equipo que la compra del mismo.

Esta aseveración, sin embargo, fue refutada por el veedor Orozco, pues, acorde con las cuentas que se pueden establecer con base en el contrato, cada impresora solicitada por la Essmar tendría un precio cercano a los $9 millones ($9.000.000), lo que resulta una suma alarmante ante los requerimientos que se estipularon en el documento.

Contrato número 2: instalación de luminarias en un parque lineal

Por la suma de $2.688 millones ($2.688.782.116) la Essmar y el contratista Tecnourbanas Ingeniería y Construcciones S.A., firmaron el contrato para el suministro e instalación de iluminación inteligente del parque denominado ‘500 años’.

Lo extraño de la situación, de acuerdo con el veedor Orozco, es que el parque en mención es el que se encuentra ubicado, y en construcción, en las instalaciones de la Megabiblioteca, es decir, este gaste debía estar incluido en las inversiones y adiciones que habían sido aprobadas para este proyecto, cuya culminación está programa para el próximo mes de abril.

Entre las características técnicas solicitadas para la iluminación se encuentran cabinas de control, una licencia de software para el control de la iluminación, router para la comunicación de equipos, amplificador, un computador, cables de distintas categorizaciones, proyectores LED, entre otros elementos.

A consideración de Orozco, este hecho corresponde a que la Alcaldía no está en la posición de solicitar más adiciones para la Megabiblioteca, dada la larga lista de problemas que ya alberga esta construcción. Entonces, se llevó a cabo una contratación la Essmar para la iluminación del espacio y la empresa, a su vez, realizó una subcontratación a fin de poder dirigir los recursos a las necesidades que tiene el parque ‘500 años’ actualmente.

En el contrato, elaborado el 19 de enero de 2021, se explica que el contratista recibiría el 30% del total de forma anticipada y, a partir de ahí, cinco pagos mensuales que empezarán en abril del año en curso.

Contrato número 3: alquiler de un vehículo blindado

En este, la Essmar y la organización Viajeros S.A., representada por Óscar Soto Laborde, pactaron “el alquiler de un vehículo blindado, maquinaria y vehículos para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, transporte y distribución de agua potable apta para el consumo humano para atender zonas como parte del servicio de acueducto, limpieza y drenaje de las redes de alcantarillado y transporte de personal, materiales, equipos y logística”.

Lo anterior, por la suma de $13.339 millones ($13.339.339.200), lo que ha generado desconcierto en la labor que ejerce el veedor, pues la ciudad todavía no ha entrado en épocas de sequías en las que tantas zonas samarias empiezan a padecer las inclemencias de la falta agua.

De acuerdo la explicación que dio a este medio, se estaría tratando de la venta de agua por medio de carrotanques, en vez de hacer lo propio, que significaría el suministro del líquido por las tuberías. Adicionalmente, resulta preocupante la necesidad de adquirir un vehículo blindado, aunque el documento indique que es preciso “para el transporte del Gerente General (Carlos Páez Cantillo), en razón de que para ejercer su cargo debe estar en constante movilidad por la ciudad y es obligación cuidar su integridad como persona”.

Contrato número 4: contratación de una asesora jurídica

Este último contrato es quizás uno de los más preocupantes para las veedurías. Se trata de un documento firmado también por la Essmar para la contratación de Iris Fonseca Lidueña, en calidad de contratista, para el “apoyo y asesoría jurídica en los asuntos, controversias o litigios que se presenten en contra de la entidad”, dado que, según la empresa, no hay personal suficiente para cubrir estas labores.

El contrato se cerró por la suma de casi $51 millones ($50.880.000) en un plazo de seis meses, que vencen el 30 de junio próximo. Los pagos a la contratista se efectuarán de forma mensual en montos de $8.480.000.

Lo que realmente se convirtió en un tema de inquietud, es que esta mujer es hermana de Carlos Fonseca Lidueña, magistrado que puso fin a la detención domiciliaria que cumplía Rafael Martínez, ex alcalde de Santa Marta y militante de Fuerza Ciudadana, mismo partido político al que pertenece la alcaldesa Johnson y al cual se rige también la Essmar.

Ta parece que la abogada ha estado vinculada a la empresa desde el 8 de mayo de 2019, cuando firmó un contrato por valor de $62 millones.

En total, son más de $16 mil millones ($16.187.001.316) los que la veeduría logró identificar en estos cuatro contratos que presentan características extrañas, mismas que han llamado la atención de estas personas que se encargan de reconocer e inspeccionar los movimientos de los funcionarios públicos a fin de evitar el detrimento del patrimonio del territorio.

Lo que empeora la situación es que, a pesar de ser una empresa creada en el 2026, la Essmar ya está peligrosamente cerca de declararse en quiebra, por lo que hay fuertes rumores de una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El siguiente paso en esta cadena de eventos y gastos es esperar que el informe, en proceso de elaboración por parte de Edilfonso Orozco, sea entregado a la Controlaría para poder darle paso a una investigación formal con la que se determinará las verdaderas intenciones detrás de estas contrataciones.

Mientras tanto, la ciudadanía tendrá que esperar a que se identifiquen las faltas de la administración de esta empresa, misma, en conjunto con la Alcaldía y la Gobernación, tiene en su poder las riendas de la Santa Marta, convirtiéndola en una ciudad explotada y que cada vez ve más lejos la posibilidad de ver un verdadero ‘cambio’.