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¿Es tan fácil sacar al gerente de una ESE del cargo?

Opinión Caribe

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Con relación a los hechos mencionados ayer lunes en OPINIÓN CARIBE, en el que se confirmó la salida del cargo de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado ESE de Zapayán y Ciénaga, con fuertes rumores que señalan también el final del periodo de gerencia de otros cuatros funcionarios que se desempeñan en ese mismo papel, surge una duda importante que confronta lo que viene sucediendo en el departamento.

¿Es tan sencillo que un gerente abandone el cargo? Teniendo en cuenta que son trabajadores escogidos por medio de una convocatoria pública, que no son de libre remoción y que la elección de los mismos se da para periodos institucionales de cuatro años, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016.

Misma que dicta que “dentro de dicho periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamentos en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2001 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial”.

Ahora, a lo anterior, se suma el hecho de que es difícil estar convencidos por completo de que estos funcionarios renunciaran al cargo, a sabiendas de los beneficios económicos que representan estos puestos por concepto de salario, siendo este el caso que aludió Jair Briceño, gerente del Hospital de Zapayán, cuando confirmó su renuncia ayer lunes.

Acorde con el Decreto 1427 del 1 de septiembre de 2016, los aspirantes deben pasar por una evaluación de competencias y conductas, llevada a cabo por el gobernador o el alcalde, dependiendo del orden de la ESE, para verificar que el profesional entrante pueda cumplir a cabalidad con todos los requerimientos que implican el manejo de un hospital durante cuatro años.

En el artículo tres, se mencionan competencias como el compromiso con el servicio público que consiste en desempeñarse de acuerdo con el marco de valores, misión y objetivos de la organización y de su grupo de trabajo; orientación a los resultados consistente en cumplir los compromisos organizacionales con eficiencia y calidad, manejo de las relaciones interpersonales que facilite el buen desempeño institucional y favorezcan el clima organizacional, la planeación consistente en la capacidad para reflexionar estratégicamente y el manejo eficaz y eficiente de recursos.

Los puntos anteriores, se supone, son estudiados de forma minuciosa para garantizar la llegada de un profesional capaz que cumpla con todas sus labores durante el periodo institucional para cual fue seleccionado y que no podrá interrumpirse, según lo escribe la Ley, sin fundamentos.

Entonces, en este caso, una renuncia obligada sería la forma más sencilla de finiquitar estos contratos sin tener que justificar la salida de nadie, que, además, tendría que ser sometida a consideración de la junta completa. Pero, tal parece, que estos actos corresponden a diferencias entre el gobernador del Magdalena y los funcionarios en cuestión, quienes abandonan el cargo sin mencionar nada al respecto.

De ser comprobada esta situación, hay espacio para que en contra del determinador de esta estrategia prospere una medida legal, en la que se aclaren las situaciones anómalas que rondan estas renuncias, que no pasan desapercibidas al tratarse de más de un funcionario saliendo en condiciones similares.

Esta sería la manera de hacer valer los derechos constitucionales y exponer al público en general los malos procedimientos que estarían ocurriendo bajo el mandatado del actual gobernador del Magdalena, quien estaría perpetrando estas conductas.

Ante la situación, sería necesaria la intervención de los órganos de control para verificar que estas renuncias y futuros nombramientos no correspondan a estrategias que están fuera del marco legal para favorecer los intereses del mandatario, que estaría pasando por encima de lo que dictamina la Ley.

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