Impactan red de adulteración de medicamentos de alto costo que operaba en el Atlántico

Tras haber recibido la denuncia por parte de una paciente a quien le entregaron un medicamento (cuyo precio comercial ascendía a $7 millones) para tratar un cáncer de médula que padece, y que no hizo efecto, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones que apuntaban a una red de adulteración.

Ante este reporte, investigadores del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía reconstruyeron la ruta del medicamento suministrado a la denunciante para establecer su origen y verdadera composición.

En las verificaciones se constató que correspondería a un tratamiento vencido, que fue transportado sin las medidas básicas de conservación y al que presuntamente le fueron alterados las fechas de expiración y otros registros para ponerlo a la venta.

El material de prueba permitió identificar a una red ilegal que sería la responsable de esta actividad ilegal. 13 de los presuntos integrantes fueron capturados en diligencias realizadas por personal de Policía judicial, CTI, de la Fiscalía, con apoyo del Batallón de Policía Militar  N° 2 del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, Atlántico, y Manizales, Caldas.

Simultáneamente, se realizaron 19 diligencias de registro y allanamiento en las sedes de dos distribuidoras farmacéuticas, cinco droguerías, bodegas e inmuebles en la Costa Atlántica. En los procedimientos fue incautada más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH – Sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades de alto costo. El valor de estos tratamientos por unidad podría alcanzar los $15’000.000.

También se encontraron analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antibióticos, suplementos nutricionales pediátricos y una importante cantidad de productos de uso exclusivo de las EPS.

Las personas detenidas harían parte de la línea ilícita de comercialización. Están quienes, supuestamente, adecuaban las cajas o empaques, y borraban los registros y fechas de expiración; así como la propietaria de una cadena de distribución de medicamentos en Barranquilla. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará los delitos de:

Las investigaciones dan cuenta de que esta estructura, al parecer, obtenía medicamentos vencidos y descompuestos de diferentes puntos del país, o los traían de Venezuela y Ecuador. Posteriormente, eran trasladados a centros de acopio en la Costa Atlántica donde los modificaban y alteraban en su presentación para darles la apariencia de un producto apto para el consumo.