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Conceden tutela a un taxista afectado por restricciones de la pandemia en Santa Marta

Opinión Caribe

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En los últimos días, el Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad Distrito Judicial de Santa Marta decidió conceder la tutela interpuesta por el ciudadano Durlandis José Morales Guzmán, en contra de la Alcaldía de Santa Marta por la vulneración de los derechos fundamentales al Mínimo Vital y la Dignidad Humana.

El accionante hace parte de la población vulnerable de la ciudad, de acuerdo con el censo del Sisbén que lo ubicó en el grupo C-1.

La acción popular fue presentada por Morales Guzmán, quien se desempeña como taxista, dado que las medidas adoptadas en el Distrito para la contención del Covid – 19 afectaron de manera directa las labores a través de las cuales obtiene el sustento diario para sí mismo y su familia, al estar vinculado a la economía informal.

Estrategias como cuarentenas obligatorias y el toque de queda disminuyeron notoriamente sus ingresos, incluso estando cobijado por las excepciones que estableció e Gobierno Nacional, además, durante este periodo de tiempo el ciudadano afirma en la tutela que “en ninguna de las decisiones tomadas por el Distrito de Santa Marta se avizora un paquete u oferta social que pueda garantizar los derechos fundamentales invocados para su amparo”.

Así mismo, estas medidas impiden la circulación total de los habitantes, lo que impide obtener el sustento diario, “sin ofrecerles alternativas para suplir los alimentos, servicios públicos domiciliarios que no pueden ser llevados a su familia, vulnerándole así el derecho fundamental a la vida digna, mínimo vital y seguridad social”.

Por lo anterior, el Juzgado concedió el amparo constitucional a Morales Guzmán, motivo por el cual la Alcaldía Distrital, liderada por Virna Johnson, y la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, están en la obligación de incluir al accionante en los programas sociales de los cuales dispone la administración para las poblaciones vulnerables.

Por lo anterior, le deberá hacer “entrega de la ayuda humanitaria correspondiente, de acuerdo al cronograma y ordenamiento administrativo que la entidad establezca para ello, sin que en ningún caso pueda superar los 15 días contabilizados a partir del vencimiento del primer término otorgado”, de acuerdo con lo que se lee en el documento.

Sentencia de Tutela Durlandis
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