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Tribunal Superior confirmó fallo sobre el reintegro de funcionarios a la Alcaldía de Tenerife

Opinión Caribe

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La Sala de decisión Penal en Tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, declaró recientemente “carencia actual del proceso por objeto superado” en el caso que involucra a nueve funcionarios de la Alcaldía de Tenerife, que fueron declarados insubsistentes por el entonces alcalde encargados Richard Barros, quien habría incurrido en una falta por encontrarse el municipio en Ley de Garantías, lo que representa una prohibición normativa.

Los accionantes, Paulina Torregrosa Muñoz, Darwin De León Jiménez, Emilio Turbay Urda, Sergio Gonzales Madero, Alberto Vanegas Wilches, Zoila María Castillo Barros, Anuar Miguel Rivera del Toro, Miguel Ángel Arévalo Rodríguez y Edgardo Farid Rivera Marín, interpusieron una acción de tutela en contra la Alcaldía por la vulneración de sus derechos al Debido Proceso Administrativo, al Trabajo y al Mínimo Vital.

Sobre el tema, un juez del circuito emitió un primer fallo a través del cual se ordenó el reintegro de estas personas en sus respectivos cargos, sin embargo, la Administración Municipal impugnó la decisión por lo tanto fue remitida a los despachos del Tribunal Superior.

En la impugnación, la Alcaldía sostuvo que era improcedente el fallo “pues la desvinculación de los accionantes se hizo a través de actos administrativos de contenido particular y concreto, en el ejercicio de sus facultades. Los accionantes fueron funcionarios de libre nombramiento y remoción, sin fuero de estabilidad o permanencia en el cargo”.

Este 11 de mayo, el Tribunal se pronunció sobre el hecho y confirmó la sentencia del juez, ordenando finalmente el reintegro de los trabajadores y dejar sin efecto los actos administrativos emanados por el alcalde, con los cuales declaró insubsistentes a los trabajadores mencionados.

Adicionalmente, declaró la situación como un hecho superado, sumado al hecho de que las elecciones en Tenerife ya tomaron su curso y el municipio ya no está en Ley de Garantías.

274-21 - IMPUGNACION
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