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Interponen denuncia por presunta intromisión de la Gobernación en los archivos del Hospital de Nueva Granada

Opinión Caribe

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En la noche del pasado 10 de mayo, se conoció el hecho de que un grupo de ocho trabajadores de la Gobernación del Magdalena había ingresado a la sede administrativa de la ESE Hospital Local de Nueva Granada, al parecer, con la autorización de la entonces gerente Diana Castro. En esas visitas, que se extendieron hasta el 11 y 12 del mismo mes, las cámaras capturaron la presencia de otros diez funcionarios que se movilizaban en dos camionetas.

Acorde con la información suministrada, estas personas dieron inicio a una requisa en todos los archivos del centro médico e, incluso, habrían hecho copias de toda la información que se encontraba en los computadores, entre la que se hallaban historias clínicas, información financiera, administrativa y datos que son de carácter reservado y sólo pueden ser retirados del hospital con autorización de un juez.

Con esto, se habría identificado una clara violación al artículo 35 numeral 21 del Código Único Disciplinario de la Ley 734 del 2022, que prohíbe “a todo servidor público dar lugar, acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas”, según establece el acta de verificación establecida.

Esta situación fue puesta en conocimiento de Eileen Sequeira Jaraba, gerente del centro asistencial que había sido retirada del cargo con una carta de renuncia, al parecer falsa, y que fue reintegrada tras el fallo de un juzgado.

Tras enterarse de lo sucedido, solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional y el personero de Nueva Granada, Jesús Anaya Vertel, para proceder con la toma de declaraciones de los trabajadores quienes presenciaron lo ocurrido y las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido estas personas que ingresaron al hospital identificadas como funcionarios de la Gobernación del Magdalena.

Algunos de los que dieron su versión de los hechos, aseguraron que estas personas pidieron las claves de los computadores y los obligaron a salir del lugar.

“El personal manifestó que vestían con camiseta anaranjada con logos de la Gobernación y otros sin identificarse acompañados del señor Luis Trejos, contratista de Sistemas, todo queda evidenciado en los videos presentados”, aclara el acta levantada luego de la inspección.

Adicionalmente, Sequeira manifestó haber encontrado, luego de retornar en el cargo, una serie de contratos que habrían sido entregados por la subdirección, entre esos, se el del abogado Omar Avendaño, con un salario mensual de $4.500.000 asignado por tres meses y 18 días, así como la contratación de una camioneta por el mismo monto, sin tener la institución necesidad de ninguno de estos servicios.

Por todo esto, fueron interpuestas unas denuncias por lo ocurrido y para verificar qué tipo de información habrían extraído o ingresado, con el fin de que sean aplicadas las sanciones que dicte la ley.

 

ACTA DE VERIFICACION
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