Admiten tutela contra la EPS Comparta por no entregar suministros médicos a adolescente con colostomía por peritonitis

El Juzgado Segundo Penal con Funciones de Conocimiento de Depuración de Santa Marta, admitió este viernes la acción de tutela interpuesta por la señora Ivis Mosquera Manjarrés, en contra de Comparta EPS por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a “la salud, vida en condiciones dignas, vida y seguridad social”, de su hijo Juan Jiménez Mosquera, de 19 años, quien se encuentra en grave riesgo de muerte por una serie de condiciones de salud que derivaron en una peritonitis por la cual fue intervenido quirúrgicamente.

Actualmente, el joven se encuentra con una colostomía, que es procedimiento por medio del cual una parte del intestino queda exteriorizada por la pared abdominal para darle paso a las heces, este proceso requiere de una bolsa especializada que debe ser cambiada de manera permanente y que debe ser suministrada por la Entidad Promotora de Salud.

“Una colostomía no es apta para vivir en un cerro sin servicios públicos. Como la EPS está en liquidación tienen la excusa de que no reciben documento, que fue el motivo por el cual solicitamos la protección de un juez, solicitamos todo lo que el médico tratando dijo (…) y adicionalmente, un ser humano no puede vivir en condiciones indignas y para eso está el Estado, necesitamos que le den un tratamiento de dignidad”, explicó el abogado César Mercado, quien ha estado al frente de la situación.

El joven, quien además se encuentra en estado de desnutrición, también le fue ordenada atención psiquiátrica prioritaria. En un primer momento recibió atención en la Clínica el Prado, de ahí fue trasladado a la Clínica de la Costa, en Barranquilla, en donde le diagnosticaron Hepatitis virales agudas, ictericia, fallas hematológicas y hepáticas, leucopneia, anemia y trombocitopenia con bilirrubina en ascenso.

Desde el 27 de julio, se encuentran en la vivienda de un familiar localizada en la parte alta del barrio Nacho Vives, en donde aseguran no contar con condiciones esenciales de vida, pues no cuentan con servicios públicos domiciliarios, vías de acceso y están en medio de condiciones precarias de salubridad que aumentan el riesgo de infección por la colostomía a la que fue sometido.

Al ser su caso de suma urgencia, el Juzgado concedió también la medida provisional de que se le suministren, de forma inmediata, pañales desechables, pañitos húmedos, crema antipañalitis, silla de ruedas y enfermera 24 horas, durante el tiempo de resolución de la acción de tutela, así como alimentación, gastos de transporte y hospedaje que no sólo cobije al paciente sino también a su madre, mientras tengan que realizarse tratamientos en Santa Marta, pues ambos tienen su lugar de vivienda en zona rural de Bosconia, Cesar.

La medida, que fue emitida con orden de pronto cumplimiento, no ha sido acatada por Comparta EPS, a la cual se encuentran afiliados los accionantes por estar incluidos en el nivel 3 del Sisbén. La entidad, por su parte, niega el suministro de medicina, bolsas y clips, entre otras cosas, bajo el alegato de que se encuentran en liquidación.

“Por los dolores, el estado de desnutrición evidente y el golpe psicológico de mi hijo que se quieres quitar la vida al ver su estado de salud y postrado en una cama, sin oportunidad ni atención médica para mejorar, rodeado de moscas por el excremento que tiene en su vientre, lo traslade al hospital público de ciudad”, asegura la madre por medio la tutela, añadiendo que, posteriormente, tuvo que ingresarlo a la Clínica Mar Caribe, que le ordenó cita con psiquiatría prioritaria y unos medicamentos, que tampoco han sido suministrados.

Al procedimiento también fueron vinculados la Clínica Mar Caribe, Clínica del Prado, Clínica de La Costa, la Alcaldía de Santa Marta, Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta y el municipio de Bosconia, que tendrán dos días para pronunciarse sobre los hechos.

De igual manera, se ofició a la Superentendía de Salud, para que esté al tanto de la tutela, mientras se logra conseguir la atención que el joven requiere para salvar su vida y a la que, por Ley, debe tener acceso.