¿Una trola la amenaza a Caicedo?

Este jueves, el ministro de Defensa, Daniel Palacios, concedió una entrevista a La W, en la que se refirió a la presunta existencia de un plan por parte del grupo armado, Clan del Golfo, para asesinar al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, siendo este un tema que ha ganado relevancia desde ayer, cuando este mismo medio confirmó que el mandatario salió del país buscando salvaguardar su integridad y la su familia.

En su pronunciamiento, el alto funcionario mencionó que, en un primer momento, Caicedo realizó el viaje al exterior haciendo uso de sus vacaciones, las cuales fueron autorizadas por medio del Decreto 254, expedido por la Gobernación, y que estarían en vigencia desde el jueves 19 hasta el 26 de agosto. Adicionalmente, manifestó haber recibido una solicitud por parte del mandatario para extender su estadía en París, y posteriormente en Bruselas, para “asistir a una serie de eventos”, sin mencionar todavía el supuesto plan que estarían armando en su contra, aun cuando la información, según asegura el mandatario, la conocía desde el pasado 19 de agosto.

“Las medidas de protección del señor gobernador del Magdalena, son tal vez, las más robustas que tiene un mandatario a nivel nacional, es un esquema que, precisamente, está diseñado para garantizarle la seguridad tanto al él como a su familia. Nosotros recibimos una información, primero de manera informal, hace más o menos una semana, a través de un senador de la República, que le transmite tanto al Ministro de Defensa, como a mí, que existen unas amenazas por parte del Clan del Golfo”, explicó el ministro Palacios.

Según explica, en ese momento, de manera inmediata, se contactó al director de la Policía por medio del ministro de Defensa, para que fuesen adelantadas las investigaciones pertinentes y se estableciera contacto con Caicedo para identificar el origen y la dimensión de dicha información.

“Hasta el día 23 de agosto se recibe un oficio por parte del gobernador, que lo firma él, la alcaldesa de Santa Marta, el secretario del Interior del Magdalena y la hermana del Gobernador, en el que narran la información recibida por un exfuncionario del CTI, que narra la existencia de unas amenazas (…) Lo que lleva a la revisión de las medidas de protección del mandatario”, explicó el alto funcionario.

La historia que contó Caicedo

El relato de Caicedo señala que recibió información de “una fuente humana altamente confiable” sobre el supuesto plan que se había formado en las entrañas del Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para acabar con su vida. Entonces, luego de conocer los datos, procedió a solicitar protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, antes de solicitarla al Estado, como lo indicaría el conducto regular, pues incluso la Unidad Nacional de Protección, UNP, aclaró que, hasta el momento, la entidad no ha recibido solicitud para aumentar las medidas de protección a pesar del presunto riesgo de muerte.

Eso, sin contar que actualmente a Caicedo lo custodian 33 uniformados de la Policía, que cuentan con igual número de pistolas y diez fusiles, además de tener seguridad de UNP que le fue otorgada por medio de un convenio interadministrativo.

Sobre la fuente que habría revelado la información al gobernador, Diana Calderón, de Caracol Radio, confirmó que fue Richard Maok Riaño Botina, quien resultó ser el llamado ‘Hacker – Fiscalía’, una persona vinculada al CTI durante el 2002, que hizo públicas una serie de denuncias sobre la infiltración de paramilitares en entidades como la Fiscalía, el Ejército y la Fiscalía. Así mismo, se encuentra exiliado en Canadá desde hace varios años y recibió una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia por filtrar datos reservados.

“Básicamente, lo que hace, es, sin mayores pruebas, hablar de todo tipo de teorías de conspiración sobre diversos asuntos. Cada cierto tiempo está publicando asuntos que son difíciles de comprobar”, explicó Calderón acerca de Riaño Botina.

Segunda amenaza en un año

Esta situación que se presenta hoy guarda ciertas similitudes con un suceso denunciado también por el gobernador en julio de 2020, cuando la ONG Colombia Human Rights Network solicitó al presidente, Iván Duque, garantizar protección para Caicedo, dado que había recibido amenazas de muerte por parte de ‘Los Pachenca’.

“Si algo le llegara a suceder se confirmaría la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la vida y seguridad de los sectores de oposición y para liderar un Estado social de derecho”, advirtió la organización en ese entonces.

Lo cuestionable de dicha situación es que tanto Los Pachencas como el Clan del Golfo, se encuentran en medio de una disputa territorial en Santa Marta por el control del narcotráfico, es decir, son grupos enemistados, ¿por qué estarían los dos bandos en contra del mandatario?

¿Una cortina de humo?

Todo este suceso ocurre en medio de un ajetreado panorama que no se muestra muy a favor del gobernador de los magdalenenses, pues hace sólo tres días el exparamilitar José Gregorio Rojas, alias ‘Yoyo Rojas’, señaló a Caicedo como el autor intelectual de los crímenes de Roque Morelli Zárate, decano y docente de la Universidad del Magdalena, en el 2002 y de Hugo Maduro, líder estudiantil de la institución, mientras el mandatario se desenvolvía como rector.

“Esas dos personas aparecían en un listado para darles muerte, nadie me contrató, todo esto salió de una reunión que yo tuve con Carlos Caicedo en el barrio Bavaria (…) Se planeó los homicidios del señor Morelli y del estudiante”, declaró Rojas, quien hace parte de un proceso judicial, por este mismo motivo, que casi cumple 20 años y cuya recta final se ve cercana.

Adicionalmente, desde el 17 de agosto Caicedo es objeto de una investigación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el que habría incurrido con la contratación número 225 de 2020, por $618 millones, para el alquiler de carrotanques.

De igual manera, ese mismo órgano lo investiga por la compra de las 39 ambulancias que repartió en los municipios y ante la Contraloría General de la Nación, fue interpuesta una solicitud de indagación por parte del Ministerio de Educación por la cuestionada decisión del mandatario de no poner en marcha la alternancia en los colegios públicos del departamento, incluso cuando habían sido asignados recursos para tal fin.

Es decir, en su contra se juntaron varios procesos que ahora se ven opacados, de alguna manera, por este presunto plan que existe para su asesinato, el cual no ha sido confirmado todavía.

¿Podría ser una cortina de humo? Dicha respuesta deberán darla los organismos judiciales del Estado, que, acorde con las declaraciones del ministro Palacio, se encuentran adelantando las pesquisas correspondientes en aras de darle garantías.