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La reforma tributaria: subsidios y temas polémicos

Opinión Caribe

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Aprobada sin mayor discusión en el Congreso de la República, muy aceitada con la mermelada populista que este gobierno ha adoptado para sobrevivir, la nueva Reforma Tributaria espera recaudar $15.2 billones de pesos para financiar programas sociales y dar atención a la crisis generada por la pandemia. Estos han sido los argumentos fundamentales del gobierno Duque para no perder más tiempo dada la difícil situación fiscal que afronta. Subsidios y más subsidios porque esa es la estrategia social que predomina desde hace mucho y con la que esperan afrontar la realidad de mas de 70% de la población colombiana en pobreza por ingresos o apenas recibiendo lo básico.

Estos son un ingreso solidario de $160 mil pesos que equivale a la línea de indigencia que se espera beneficie 4.1 millones de familias. Es realmente un atrevimiento del gobierno llamar esto una renta básica que por definición debe cubrir la línea de pobreza, por encima de los $400 mil pesos mensuales.  Realmente es una mera limosna que beneficiaría a cerca de 12 millones de personas, 24% de la población; poco muy poco frente al 72% entre pobres y vulnerables. ¿Evaluaron lo que significa que el 30% quede en cabeza de la mujer? O es simplemente populismo de género.

Más subsidios: a las nóminas de micro y pequeñas empresas solo este año; matrícula gratis para 695 mil estudiantes de estratos 1,2 y 3. Subsidio de «Colombia Mayor» hasta llegar a beneficiar a 1.7 millones de adultos mayores y subsidios a las empresas del 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador de 18 a 28 años contratado. Aporte estatal equivalente al 10% de un salario mínimo legal para empleadores que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y otro equivalente al 15% de un salario mínimo legal para empleadores que contraten fuerza laboral femenina. Y hay más.  También a los empleadores, personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos un aporte estatal; 20% del salario mínimo multiplicado por el número de empleados para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.

Este panorama que se ha tomado como alentador tiene varias aristas polémicas. La primera y la más importante es que está compuesta de ayudas temporales lo que necesariamente lleva al próximo gobierno a inaugurarse con una verdadera reforma tributaria que por fin avance en los temas críticos que se conocen de sobra: poco peso de impuestos sobre PIB y una incapacidad total de mejorar la concentración de los ingresos y de la riqueza en este país. Se trata en general de apoyos de corto plazo con miras a terminar el gobierno con algo de apoyo especialmente si estas medidas ayudan al problema más critico: una reactivación sostenida de la economía que además genere empleo formal y no como hasta ahora, cuando simplemente ha llevado a los informales a salir a la calle para ejercer ese rebusque con el cual viven.

A lo anterior se agrega que se ha impuesto IVA a las compras por internet en el extranjero que cuesten menos de 200 dólares, cuando debería afectar el consumo no de sectores de ingreso medio sino a los ricos cuyas compras son muy superiores a ese límite. Pero lo más criticables es que a partir del año gravable 2022, la tarifa general para las personas jurídicas será del 35% lo cual le hace un daño enorme a la gran mayoría que son muy pequeñas y además muy golpeada por la crisis de la pandemia. No es fácil entender el impacto negativo que tendrá sobre aquellas que son las que más empleo generan. La pregunta inevitable es por qué nadie defiende en este país a ese pequeño empresario ni en el gobierno y aparentemente mucho menos en el Congreso. No ha dicho nada el gremio que los asocia o será que definitivamente no tiene suficiente voz. Finalmente, se perdió la oportunidad de ponerle impuesto a las bebidas azucaradas. Lobbing y más lobbing, adivinen de quien.

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